La extradición del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández a EE. UU. por cargos de corrupción y nexos con el narcotráfico podría marcar un nuevo hito en la lucha contra el crimen organizado en América Latina.
Días después de que el nuevo Gobierno de izquierda de
Xiomara Castro tomara posesión en Honduras, el 27 de enero, Estados Unidos
anunció que su país incluyó al presidente hondureño saliente, Juan Orlando
Hernández, en la lista de "actores corruptos y antidemocráticos" del
Triángulo Norte centroamericano, desde el 1 de julio de 2021, prohibiéndole la
entrada al país.
Este 15 de febrero, la embajada de EE. UU. en Tegucigalpa
confirmó el pedido de extradición de Hernández a ese país, del que se informó
la víspera, afirmando que el expresidente "participó en una conspiración
violenta de narcotráfico, para recibir cargamentos de múltiples toneladas de
cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros
lugares". En total, se habrían transportado unos 500.000 kilogramos de
cocaína a través de Honduras a EE. UU., subrayó esa embajada.
Hernández está señalado por fiscales de Nueva York, por
"socavar la democracia en El Salvador, Guatemala y Honduras". Porque
"cometió o facilitó prácticas de corrupción y narcotráfico" y usó
ganancias ilícitas para solventar campañas políticas. La Agencia de Control de
Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de EE. UU. parecen apoyarse en una
gran cantidad de evidencia, según observadores.
Su hermano, el exdiputado Juan Antonio "Tony"
Hernández, cumple una condena de cadena perpetua en EE. UU., de acuerdo con su
sentencia, por traficar al menos 185.000 kilos de cocaína a ese país. Y por
entregarle, entre 2014 y 2019, "millones de dólares" en sobornos
producto del narcotráfico al expresidente, provenientes de narcos como Joaquín
"El Chapo" Guzmán, líder del cartel de Sinaloa.
Esos sobornos, afirman los fiscales, ayudaron a que
Honduras se convirtiera en uno de los pasos más importantes de droga hacia EE.
UU. y en un "narcoestado decrépito". Juan Orlando Hernández y su
hermano niegan todos los cargos. El expresidente hondureño argumenta que se
trata de una "venganza" de los narcotraficantes que su Gobierno
capturó o extraditó a EE. UU. hasta el momento.
"No habría motivos para denegar la extradición"
Hernández se encuentra, hasta el cierre de esta edición,
en Honduras, contrariamente a versiones que aseguraron que se había refugiado
en Nicaragua. Gobernó Honduras durante ocho años, entre 2014 y 2022, tras
polémicos cambios a la Constitución de su país, que no permitía la reelección
presidencial. El estrecho margen con que se impuso en los comicios de 2017
provocó protestas que dejaron varios muertos en Tegucigalpa.
Durante esta jornada, Hernández publicó un audio en sus
redes sociales, en el que asegura que "está presto y listo para
colaborar", no bien la Corte Suprema de Justicia designe a un juez para
analizar la solicitud.
"Este pedido de extradición parece indicar que el
involucramiento de actores estatales en la corrupción, con intereses criminales,
ha llegado al más alto nivel", dice a DW Tiziano Breda, analista para
América Central del International Crisis Group. De ser confirmados los cargos
contra Juan Orlando Hernández, "eso sería sumamente preocupante",
continúa Breda, "porque demostraría la colusión de los más altos poderes
del Estado con entidades de narcotráfico".
Al mismo tiempo, explica el experto, si hay sentencia,
"eso significaría que esos crímenes no quedarían impunes". Si la
solicitud está redactada sin vicios de forma, "no habría motivos para
denegar la extradición" de Hernández, sostiene el analista. Hay una fuerte
presión política internacional y de la sociedad civil para que la Suprema Corte
actúe conforme a la solicitud de EE. UU., un actor muy importante en Honduras.
De hecho, el Supremo hondureño designó hoy al juez natural de la causa, quien
emitió una orden de captura contra Hernández.
Poco después de dejar el Gobierno, cuando asumió Xiomara
Castro, el expresidente Hernández juró como diputado del Parlamento
Centroamericano (Parlacen), lo cual generó especulaciones de que podría contar
con inmunidad. Pero, según expertos, el Parlacen solo la otorga si los actos
fueron cometidos durante el ejercicio de la función en ese organismo. Es decir,
que si el expresidente cometió los delitos de los que se le acusa antes de ser
diputado, no estaría protegido por inmunidad parlamentaria.
En casos anteriores, la Justicia hondureña ha fallado a
favor de una extradición. Si ahora no entregara a Juan Orlando Hernández a EE.
UU., eso "tendría repercusiones muy graves en el país, y podría amplificar
el conflicto entre poderes del Estado, algo que ya vimos entre el Legislativo y
el Ejecutivo al inicio del Gobierno de Xiomara Castro", señala Breda,
especialista en resolución de conflictos. Y recuerda, además, que "esa
crisis en el Parlamento aún no se ha solucionado", pues la Junta presidida
por el diputado Luis Redondo aún no ha sido votada para ser formalizada
legalmente.
Por otra parte, la extradición de Hernández "podría
ser 'vendida' por el nuevo Gobierno como una victoria en la lucha contra el
narcotráfico, para galvanizar a las bases", sugiere Breda.
La MACCIH y el apoyo de EE. UU. contra la corrupción
Estados Unidos respaldó a Hernández durante años, pese a
acusaciones de corrupción y violaciones de derechos humanos. El Gobierno del
expresidente Donald Trump envió varios millones de dólares en ayuda a Honduras,
y Hernández se mostró como aliado de Washington en seguridad y migración. Pero,
en 2020, decidió no renovar el mandato de la Misión de Apoyo Contra la
Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), creada con respaldo de EE. UU.
y la OEA, que investigó a funcionarios del Gobierno hondureño por corrupción.
Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las
relaciones entre ambos Gobiernos se enfriaron, pues Biden impulsó un plan
contra la corrupción en Centroamérica. "Los esfuerzos investigativos de la
MACCIH han chocado con un sistema legislativo y de justicia que se han venido
cerrando cada vez más, se le quitaron facultades al Ministerio Público para
investigar ciertos casos, por lo que hubo muy pocos avances en lo que concierne
a las pruebas del vínculo de la política con el narcotráfico", aclara
Breda. La presidenta Castro puso como una de las prioridades de su Gobierno el
restablecimiento de esa organización internacional.
Según datos del Centro de Investigación del Crimen
Organizado InSight Crime, Honduras es uno de los países que no está en guerra
más violentos del planeta. Una violencia perpetrada por organizaciones
criminales transnacionales, grupos locales de tráfico de drogas, pandillas y
miembros corruptos de las fuerzas de seguridad. La violencia y la pobreza
conforman un círculo vicioso difícil de romper, que deriva a menudo en graves
crisis, en un creciente flujo migratorio, y propicia la represión de protestas
sociales.
En vista de que el tráfico de drogas extiende sus redes
por varios países de América Latina, ¿podría ser la extradición de Hernández un
caso modelo para otros Gobiernos presuntamente implicados en actividades
corruptas vinculadas con el narcotráfico? "Seguramente esa es la
esperanza, que este caso sea emblemático y desincentive a otros gobernantes a
emprender prácticas similares", dice Breda. Aunque Hernández no es el
primer presidente latinoamericano sospechado de corrupción, nexos con capos de
la droga y lavado de dinero.
En todo caso, la extradición de Juan Orlando Hernández
tendría la carga simbólica de que ningún político está por encima de la ley. Si
se abriera un juicio contra el exmandatario hondureño en Nueva York, si se
confirmaran las imputaciones y si se le condenara, concluye Tiziano Breda,
"eso podría tener un efecto dominó, porque, al final de cuentas, Hernández
es solo la punta del iceberg de una infiltración de intereses criminales que se
ha venido dando a lo largo de varios años".