El Gobierno de Nayib Bukele dio a conocer la que llamó "la cárcel más grande de toda América". Fue concebida, según dijo, para mareros. Amnistía Internacional (AI) cuestiona su apego a estándares internacionales.
El Ejecutivo de El Salvador presume como triunfo su nueva
megacárcel, a través de sus medios de comunicación. Aunque todavía no hay fecha
oficial para el inicio de los traslados de reos al denominado Centro de
Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la difusión de sus detalles causó revuelo
en el pequeño país centroamericano, conocido como el "Pulgarcito de
América" y azotado hasta hace poco por la violencia de las llamadas maras.
En un mensaje difundido en cadena de radio, televisión y
redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un recorrido
por el CECOT con funcionarios de su Gobierno. Llegó a una zona rural de
Tecoluca —en el departamento de San Vicente, a 72,8 km de la capital—, para
inspeccionar esta cárcel con capacidad para 40.000 reos.
El lugar fue edificado, según dijeron en el video, en
siete meses. Cuenta con un espacio de 236 manzanas de terreno y 33 de
construcción. Tiene ocho módulos de un área de 5.400 metros cuadrados, en los
que hay celdas de acero reforzado y 19 torres de vigilancia. Hay, además,
celdas de concreto completamente cerradas, que han sido destinadas para
castigos.
Todo está rodeado por dos cercos perimetrales de malla
ciclónica, electrificados con 15.000 voltios, y dos más de concreto, de 11
metros de altura y 2,1 km de largo. Adicionalmente, se ha desplegado a 600
soldados y 250 policías para custodiar la megaprisión. El Ejército permanecerá
en patrullajes en la periferia, mientras que la Policía mantendrá agentes al
interior, según declararon las autoridades.
"El respeto irrestricto de los derechos
humanos"
La coordinadora residente de Naciones Unidas en El
Salvador, Birgit Gerstenberg, no quiso hacer una valoración sobre el CECOT,
pero recordó a DW que su organización hace énfasis en "la importancia de
que las decisiones soberanas se enmarquen siempre en el respeto irrestricto de
los derechos humanos".
Gerstenberg recuerda que "los principios y estándares
de derechos humanos en los sistemas penitenciarios están expresados en el pacto
internacional de derechos civiles y políticos, en los artículos 9 y 10, y en la
convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, que el Estado se ha comprometido a cumplir y rendir cuentas ante
la comunidad internacional. También, en las reglas mínimas de Naciones Unidas
para el tratamiento de reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela".
Estándares internacionales, derechos y garantías
Sin embargo, "durante el anuncio de la inauguración
de la nueva cárcel, las autoridades penitenciarias mostraron y describieron
ciertas condiciones en las que planean mantener a las personas recluidas en dicha
instalación, algunas de las cuales son contrarias a los estándares
internacionales", explica a DW Irene Cuellar, investigadora de Amnistía
Internacional (AI) para Centroamérica.
"Los mensajes —tanto visuales como verbales— que se
transmitieron durante el anuncio de la inauguración de la nueva cárcel nos dan
la pauta para creer que el Gobierno no tiene la intención de revisar su actual
política de seguridad. Y que, por el contrario, planea seguir implementando las
prácticas que diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos
han denunciado, por atentar contra los derechos y garantías de la
población", agrega Cuellar.
Graves violaciones de derechos humanos
La investigadora asegura que, desde el inicio del régimen
de excepción, AI "ha logrado documentar casos y ha recibido reportes y
denuncias que dan cuenta de graves violaciones a los derechos humanos, entre
las que hemos identificado casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes de
las personas detenidas y muertes bajo custodia del Estado en diversos centros
penales".
Sin embargo, el CECOT vendría a dar respuesta a la
sobrepoblación carcelaria que ha dejado la "guerra contra las
pandillas", con la que se ha encarcelado a más de 60.000 personas y que ha
sido muy criticada por varias ONG de derechos humanos.
Sobrepoblación carcelaria, más allá del espacio físico
Cuellar aclara que "la sobrepoblación carcelaria no
es un problema que se reduzca únicamente al espacio físico que el Estado dedica
al resguardo de las personas privadas de libertad, sino al enfoque con el que
se pretende administrar justicia en el país".
"La necesidad de crear una cárcel con capacidad para
albergar más de 20 mil personas evidencia los problemas que ha generado la
reestructuración del sistema penal, a partir de las recientes reformas legales,
que priorizan la punición y los excesos, como las detenciones arbitrarias
masivas y las inobservancias al debido proceso", detalla Cuellar.
Asimismo, la investigadora explica que "la
desestimación de las autoridades a las denuncias sobre los abusos que se están
cometiendo, en el contexto del régimen de excepción, únicamente confirman que
estos, ahora, forman parte del conjunto de prácticas regulares que el nuevo
enfoque de administración de justicia y la política de seguridad promueven y
toleran de manera abierta y expresa".
Militarización y uso excesivo de la fuerza
"Lamentablemente, a lo largo de casi tres años,
Amnistía Internacional ha podido comprobar que el enfoque en materia de
seguridad que promueve el actual Gobierno privilegia la militarización, tolera
—e incluso fomenta— el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de
seguridad, e ignora las garantías del debido proceso", afirma Cuellar.
"En ese sentido, cualquier acción, práctica o
proyecto que se genere bajo este enfoque excesivamente represivo, que violenta
el debido proceso y que carece de un enfoque integral para abordar las causas
raíz de la violencia y combatir el crimen, podría representar la continuidad y
escalamientos de graves violaciones a los derechos humanos", agrega la
investigadora de AI para Centroamérica.
Llamado a permitir visitas internacionales
En consecuencia, argumenta la experta, "podría
suponerse que la función de la mega cárcel estará orientada únicamente a la
reclusión de las miles de personas detenidas, violentando los principios y
buenas prácticas consignados en tratados internacionales de los cuales El
Salvador es signatario, y que establecen que las penas privativas de libertad
tendrían como finalidad también la reforma, readaptación social, rehabilitación
y resocialización de las personas condenadas".
Por su parte, Gerstenberg reitera lo expresado por
mecanismos y entidades de Naciones Unidas como el Examen Periódico Universal de
expedientes de derechos humanos y el Comité contra la Tortura, en el sentido de
"recomendar al Estado salvadoreño que apruebe el protocolo facultativo de
la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes, que permitiría visitas para constatar la situación del sistema
penitenciario".
*DW pidió la postura del Gobierno de El Salvador, pero al
cierre de esta nota no hubo respuesta.
https://www.dw.com/es/el-salvador-de-pulgarcito-a-gran-carcelero-de-am%C3%A9rica/a-64627889