Los escándalos por nexos de políticos oficialistas con paramilitares de ultraderecha y la falsificación de atentados por parte de oficiales del Ejército, para atribuirlos a la guerrilla de las FARC, pusieron en entredicho a dos miembros del gabinete del Presidente Álvaro Uribe.

Ambos ministros enfrentan ahora la posibilidad de sendos debates en el Congreso y pedidos para que renuncien.

Sin embargo, según France Presse, Uribe dijo que no contempla la posibilidad de que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, salga del gabinete, después que la Fiscalía vinculó a dos oficiales con el montaje de falsos atentados de los que se acusó a las FARC. "Eso ni siquiera se discute" expresó Uribe, quien pidió a los militares implicados que "expliquen con claridad a la justicia y a la opinión pública todas sus actuaciones".

El viernes, el Presidente había salido en defensa de otro ministro, la canciller María Consuelo Araújo, después de que su hermano, líder de la bancada en el Senado de un partido oficialista, admitiera que sostuvo reuniones con el jefe paramilitar, ahora desmovilizado, Rodrigo Tovar ("Jorge 40").

La confesión de Araújo ocurrió después de que la Suprema de Justicia comenzó a indagar nexos entre parlamentarios oficialistas y los crímenes que cometieron grupos paramilitares en el departamento de Sucre (costa norte). En el marco de esa pesquisa, tres parlamentarios y una ex congresista -todos oficialistas- fueron detenidos, mientras está fugitivo el ex diplomático Salvador Arana. Anoche, Jairo Merlano, un senador involucrado renunció a su banca para permitir que su caso pase a la justicia ordinaria y apelar la sentencia que le sea impuesta.

El opositor partido Liberal arremetió contra los miembros del gabinete al citar a la ministra Araújo para que explique en el Congreso por qué acudió con su hermano ante el Fiscal General, horas antes de que éste tuviera que admitir sus encuentros con "Jorge 40".

En tanto, Santos declaró que esperará el resultado de las pesquisas y que "sería terrible" si se comprueba que oficiales del Ejército realizaban montajes para presentar resultados positivos y cobrar recompensas como señaló el Fiscal, Mario Iguarán.

En su momento, la explosión de un autobomba -que mató a un civil e hirió a 19 militares- así como el hallazgo de explosivos colocados en automóviles en áreas concurridas de Bogotá fueron presentadas como parte de un plan de las FARC para sabotear la ceremonia con la que Uribe inició su segundo mandato.

Para echar más leña al fuego, ayer, el ex jefe de informática del servicio secreto colombiano DAS Rafael García acusó a otros nueve congresistas de tener vínculos con los paramilitares y de un supuesto fraude electoral para que esos mismo legisladores llegaran a sus bancas en el Parlamento.

García declaró bajo juramento en la Corte Suprema y aseguró, según DPA, que 9 congresistas recibieron apoyo de paramilitares a cambio del pago de dinero.

Según dijo a "El Mercurio" el abogado constitucionalista Juan Manuel Charry, ahora se va a abrir una verdadera "caja de Pandora", con testimonios, folios de investigación de asesinatos, crímenes, extorsiones, secuestros y narcotráfico y muchos congresistas indagados.

Para algunos analistas, el asunto de los paramilitares tiene que ver con la dinámica de la política interna colombiana, dominada por el "clientelismo, la corrupción y el narcotráfico".

Alfredo Rangel, experto en temas de violencia política de la Fundación Seguridad y Democracia, sostiene que, aunque la relación entre sectores políticos y grupos paramilitares es de larga data, recién ahora sale a la luz.

"Esas asociaciones les permitieron a muchos políticos acceder o mantener el poder mediante la coacción armada, la exclusión o eliminación de otros adversarios políticos y el usufructo o apropiación indebida de parte de los recursos públicos", sostiene Rangel.

Sectores opositores indican que las indagaciones podrían "salpicar" al propio Uribe.

"La realidad es que quien nombró a Arana en Chile fue Uribe y quien puso a Consuelo Araújo como canciller fue también el Presidente. Y haber nombrado a estas personas le puede resultar contraproducente en estos momentos en que se reactivan las investigaciones sobre el paramilitarismo", señala el politólogo y académico bogotano Germán Ortiz. "Hay personas del gobierno actual y del anterior que seguramente estuvieron relacionadas con el paramilitarismo", dice.

Rangel indica, no obstante, que Uribe envió una potente señal a la ciudadanía al respaldar la investigación de la Corte Suprema, llamando a los congresistas a que "cuenten la verdad de lo que no se sepa".

Por su parte, Charry cree que la manera en que se sigan desarrollando las investigaciones en la Corte, la Procuraduría y la Fiscalía será determinante para el futuro panorama político.

APOYO

La gestión de Uribe recibió una alta aprobación, de un 71% de apoyo, por parte de sus compatriotas en los primeros cien días de su segundo mandato de cuatro años, según una encuesta divulgada esta semana en Bogotá por el diario "El Espectador".

LOS "PARAS"

Perseguidos de la guerrilla crearon las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en los 80. En 2002 declararon cese de hostilidades, y más de 31 mil combatientes dejaron las armas. Ex jefes "paras" podrían recibir penas de entre 5 y 8 años de cárcel.