La Ley de Participación Ciudadana puede someter a un sinnúmero de actividades del sector privado y de la sociedad civil al control de una entidad estatal de dudosa independencia. Por ejemplo, la Presidenta del Consejo de Control y Participación Ciudadana (CCPC), Juana Miranda, fue auspiciada por una cooperativa creada en 2003 por el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño. Fernando Cedeño, el vicepresidente del CCPC, fue tesorero de campaña del partido del gobierno en 2008 y luego fue secretario del Ministerio de Economía cuando Patiño presidió esa cartera.1

A este organismo se le quiere dar el poder de participar “en la toma de decisiones, planificación . . . en el control social de todos los niveles de gobierno, las funciones e instituciones del Estado, y de las personas naturales o jurídicas del sector privado que manejan fondos públicos, prestan servicios o desarrollan actividades de interés público, tanto en el territorio nacional como en el exterior”2. Aquí estamos hablando de abrirle la puerta al Estado para que intervenga en una lista ilimitada de sectores: cines, supermercados, farmacias, restaurantes, panaderías, etc.

Luego en el Artículo 88 se especifica que cualquier persona o grupo podrá pedir rendición de cuentas una vez al año “a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos…o desarrollen actividades de interés público”, incluidos los medios de comunicación3. Este es el registro anual que se propuso en la Ley de Comunicación y no logró ser aprobado en la Asamblea Nacional. ¿Qué hizo el ejecutivo frente a la derrota legislativa? Introdujo el registro anual en otra ley a través de un veto parcial.

No importa que con este control se socave la libertad de cada ciudadano de recompensar y castigar a la prensa con su decisión de qué ver, qué leer y qué escuchar.

Tampoco importa que al considerar a los bancos prestadores de servicio público4 se olviden algunos funcionarios de quiénes son los depósitos y hablen de la reserva internacional de “libre disponibilidad” incluyendo a los depósitos de los ciudadanos y otras entidades en la banca privada, el Banco Central y el IESS5. Hay que recordarle a las autoridades que ese dinero no está a la libre disposición del gobierno.

El economista francés, Frédéric Bastiat dijo: “Introducir coerción en el intercambio [de servicios, ya sean de comunicación o financieros], destruir la libre voluntad bajo el pretexto de que los hombres podrían cometer errores, no mejoraría las cosas, a menos que pueda demostrarse que el agente apoderado para aplicar la coerción está exento de tal imperfección en nuestra naturaleza, no está sujeto a pasiones ni errores, no pertenece a la humanidad”.6 ¿Pueden los promotores de estas políticas públicas garantizar que ellos no cometerán errores, no se dejarán llevar por intereses personales, no abusarán de ese poder? La historia reciente en nuestro país demuestra lo contrario.

Este artículo fue publicado originalmente en El Universo (Ecuador) el 7 de abril de 2010.

Referencias:

1. “Correa, Patiño y el Quinto Poder en cita reservada”. Diario Hoy. 1 de abril de 2010. Disponible en: http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/correa-patino-y-el-quinto-poder-en-cita-reservada-400419.html

2. Veto parcial a la Ley de Participación Ciudadana. Disponible en: http://documentacion.asambleanacional.gov.ec/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/1a5c682e-5b12-4e10-bac3-28a9d81c1c10/Ley%20Participación%20Ciudadana

3. Veto parcial a la Ley de Participación Ciudadana.

4. “Ministro Diego Borja acusa a Acosta y Pachano de poner en peligro la dolarización”. Ecuador Inmediato. 17 de marzo de 2010. Disponible en: http://www.ecuadorinmediato.com/Noticias/news_user_view/ministro_diego_borja_acusa_a_banqueros_acosta_y_pachano_de_poner_en_riesgo_la_dolarizacion--123208

5. Paredes, Pablo Lucio. “Palacio + la reserva misteriosa”. El Universo. 3 de abril de 2010. Disponible en: http://www.eluniverso.com/2010/04/03/1/1363/palacio-misteriosa-reserva.html?p=1354&m=756

6. Bastiat, Frédéric. “Private and Public Services” en Economic Harmonies. 1996. 4ta edición. Foundation for Economic Education: Hudson, NY.