El Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff ha sido tomado por sorpresa tras la constatación, a través de satélites, de que, en los últimos meses, la selva amazónica ha sufrido un aumento de la deforestación de un 27%, en relación con el mismo periodo del año pasado, sobretodo porque en los dos últimos años se había quebrado la línea ascendente de destrucción que se había venido observando durante muchos años.

La deforestación de la selva en los últimos nueve meses ha sido de 1.848 kilómetros cuadrados. Tanto los ambientalistas como miembros del Gobierno piensan que ese aumento sorprendente pueda deberse a la posible aprobación en los próximos días del nuevo Código Forestal, que lleva años dando tumbos por la polémica entre ecologistas y terratenientes. El nuevo código prevé, en efecto, una amplia amnistía para los que, años atrás, habían destruido parte de ese santuario mundial y reserva natural del planeta, para comercializar su madera preciosa, abrir caminos para la siembra de la soja o para pastos para el ganado.

Lo cierto es que el Gobierno ha reaccionado inmediatamente, preocupado no solo por el hecho del aumento considerable e inesperado de la destrucción de la selva, si no también por la mala imagen internacional que podría suponer para Rousseff. La presidenta fue acusada en el pasado de ser poco sensible a los temas ambientales en detrimento de las grandes obras de infraestructuras, había hecho promesas, incluso osadas, para defender las riquezas naturales del país, presentando a Brasil como modelo de defensa de la naturaleza.

Rousseff ha convocado un gabinete de crisis y ha dado una orden tajante: sofocar inmediatamente la destrucción ilegal de la selva, para lo que ha convocado incluso al Ejército. "La determinación de mi Gobierno es atajar con todos los medios a nuestra disposición la destrucción de la Amazonia. Pondremos a actuar hasta al Ejército. Todo el Gobierno federal va a estar concentrado en el combate contra el crimen ambiental" ha afirmado Izabella Teoxeira, ministra de Medio Ambiente.

Precisamente, el punto más polémico del nuevo Código Forestal es la amnistía prevista para los que en años pasados, tomándose la ley a la torera, arrasaron hasta un 20% de toda la Amazonia. Según los analistas, la sorpresa provocada por el aumento de la deforestación de la selva podría pesar a la hora de votar dicho código en el Congreso.

El Gobierno ha defendido que no es cierto que se haya desinteresado del medio ambiente durante los mandatos de Lula da Silva y de su sucesora Rousseff, ya que mientras en 2003 el índice de destrucción de la selva había sido de 24.000 kilómetros cuadrados, en 2006 había descendido a 6.000 kilómetros cuadrados.

Los ambientalistas siguen defendiendo que los gobiernos no deberían sentirse tranquilos ni satisfechos hasta que el índice de deforestación de una zona que ofrece, entre otras cosas, el 24% del agua potable del mundo, sea cero, y que no basta con que cada año "se destruya menos". Lo que el Gobierno tiene que conseguir es "que se deje por completo de destruir la Amazonia", ha afirmado Greenpeace.