A la presidencia de Brasil le cogió por sorpresa la explosión de la protesta popular sin que la Agencia Brasileña de Inteligencia (Abin) hubiesen alertado al Gobierno ni al Congreso.
Preocupado por el desarrollo de la protesta que este jueves alcanzará a 80 ciudades, entre ellas de nuevo a São Paulo y Río, el Gobierno ha designado a agentes de los servicios secretos para seguir por medio de Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp las movilizaciones.

La decisión fue tomada, según han informado varios medios de comunicación, tras una crisis entre asesores civiles de la presidenta Dilma Rousseff y el Gabinete de Seguridad Institucional (GSI), que no habría alertado a la presidencia de las manifestaciones que sorprendieron a todo el mundo político. Los agentes de la Abin y otros órganos de inteligencia se habían concentrado los meses pasados en la seguridad de la Copa de las Confederaciones, dejando desprotegidas otras áreas, entre ellas la de la protesta callejera.

Tras la explosión de la crisis no anunciada ni esperada, tanto la presidenta como el Congreso y el Partido de los Trabajadores (PT) tuvieron que improvisar una estrategia para saber cómo actuar. La mandataria tomó el avión y fue a consultar a su antecesor y pupilo el expresidente Lula da Silva, el cual, a su vez, se reunió con representantes de cuatro sindicatos.

El Partido de los Trabajadores, sorprendido con el resucitar de un movimiento popular por primera vez no controlado por él ni por los movimientos sociales de izquierdas, en un primer momento, al igual que Rousseff, apoyó las protestas como legítimas, pero hoy pensaban organizar una manifestación paralela en São Paulo en apoyo a la presidenta, a pocos metros del lugar de la concentración de la protesta.

En la última manifestación de Brasilia, el Gobierno y el Congreso se vieron sorprendidos y no llegaron a prever la posibilidad de que los manifestantes pudieran llegar a ocupar el Congreso, como ocurrió en parte. Este jueves, ante la anunciada manifestación en Brasilia, que ha añadido a sus reivindicaciones la retirada del proyecto de ley que intenta despojar a la Fiscalía el poder de investigación para dejarlo en manos de la policía, todos los edificios oficiales en la capital federal, como el Palacio del Planalto y el Congreso, han sido reforzados.

En torno al palacio presidencial han sido colocadas rejas dobles para reforzar su seguridad. En Río, después de las críticas al gobernador Sérgio Cabral, considerado ausente durante las protestas, se ha dispuesto un especial aparato de seguridad en el Palacio de Guanabara, para evitar que, como en la vez anterior, la sede del gobierno municipal acabe medio destruida.

Una de las quejas de la gente es que mientras las calles se llenan de cientos de miles de ciudadanos pidiendo mejoras en los servicios públicos, los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, dan la impresión de haberse escondido. “Aparecen sólo para pedir votos. Ahora son invisibles”, decía una pancarta en Río.

El año próximo habrá elecciones presidenciales y para elegir gobernadores, senadores y diputados. El temor ahora es que si las manifestaciones se alargan hasta entonces, les va a ser muy difícil a los candidatos, desde a la presidenta hasta los demás, aparecer pidiendo votos.

Mientras tanto, los ciudadanos de a pie se sienten honrados de que en el exterior, por primera vez se hable de los brasileños "no por el fútbol sino porque quieren mejores transportes, hospitales y escuelas".