Aunque no es seguro que garantice a Bolivia ni una mejor explotación de sus recursos ni mayores ingresos, es fruto de la libre elección de los bolivianos. Pero dicho esto, la forma en la que se ha tomado la decisión resulta, además de confusa, bastante inamistosa: por decreto (en vez de por ley aprobada en el Parlamento, como ocurrió en Ecuador); con la confiscación directa de las acciones necesarias para el control de las empresas de matriz nacional; sin una negociación previa, y enviando a las tropas, incluidos batallones de ingenieros, a ocupar más de una cincuentena de instalaciones, como si fuera necesaria la fuerza y ésta pasara por delante de cualquier razón.

Nacionalizar no puede equivaler a confiscar, ni a llevarse por delante la seguridad jurídica. Está por ver cómo se comporta el Gobierno boliviano en las negociaciones con las empresas durante los próximos seis meses, pero el decreto deja poco margen al advertir que tendrán que irse las que para entonces no hayan llegado a acuerdos con el Estado. De momento, las principales concesionarias ven reducido su margen de explotación a un 18%.

Bolivia posee reservas de más de 775.000 millones de metros cúbicos de gas, las segundas del continente tras Venezuela. Los mercados han reaccionado con preocupación. El Gobierno más afectado ha sido el de Lula en Brasil, que recibe de Bolivia la mitad del gas que consume. Pero la alarma ha saltado en otros Gobiernos de la región. El Ejecutivo de Zapatero convocará en breve a las empresas españolas para consultas, pero la decisión de Morales es directamente un revés para La Moncloa. De poco han servido, siquiera para disponer de información previa, las conversaciones del jefe del Gobierno con Morales, o las del presidente de Repsol-YPF en La Paz. La cautela prima comprensiblemente en las primeras reacciones, puesto que debe negociarse no sólo el futuro de las explotaciones, sino la recuperación de las inversiones realizadas, que superan los 1.000 millones de euros en el caso de Repsol-YPF y unos 3.000 en el caso de Petrobras.

Morales no se detendrá ahí. "Si estamos empezando a nacionalizar hidrocarburos, mañana será la minería, los recursos forestales y todos los recursos naturales", ha prometido horas después del decretazo. Luego llegará el reparto de tierra. La popularidad de Evo Morales está más alta que nunca, pero sus ciudadanos le juzgarán por los resultados, no por decisiones ideológicas que no han tenido resultados mágicos en ningún país del mundo.