Las probabilidades de que éste aspire a la reelección en las presidenciales de octubre del año próximo se han reducido al mínimo. Nadie culpa directamente al mandatario por las corruptelas de su formación, pero sí por su incapacidad para frenarlas o incluso por justificarlas indirectamente. En cualquier caso, lo que sí parece cierto es que se ha desvanecido la ilusión que muchos brasileños sintieron con su llegada al poder en enero de 2003 y que creyeron que con Lula se iniciaba una regeneración de la política en la nación más populosa de América Latina.

Toda la cúpula dirigente del PT se ha visto manchada en el soborno de diputados y uso indebido de fondos de empresas estatales. El secretario general y el tesorero ya han dimitido y es casi seguro que a ellos les siga el presidente del partido. La gravedad del cáncer se había apreciado a mediados de junio con la salida forzosa del ministro de la Casa Civil, José Dirceu -un puesto equivalente en la práctica a primer ministro-, considerado como el hombre de máxima confianza de Lula. Las denuncias de corrupción eran bien conocidas, pero fueron sustanciadas en el Parlamento por el diputado Roberto Jefferson, líder de uno de los partidos aliados del Gobierno. Un famoso publicista puede estar también envuelto en la trama de pagos irregulares a congresistas y haberse beneficiado de favores de varias empresas públicas, entre ellas las compañías de correos y seguros.

Una pasmosa zafiedad ha imperado en las operaciones de pagos mensuales destinadas a diputados de los partidos aliados del PT, así como a alentar la fuga de otros de formaciones de la oposición. El partido de Lula acaparó al máximo todas las carteras ministeriales. El jefe del Estado anunció hace dos semanas una serie de medidas contra la corrupción y ha prometido un reajuste de gobierno para dar entrada a figuras independientes.

La prensa local dice que es poca cura para extirpar tan enorme tumor. La izquierda de su partido le acusa de haberse olvidado de los compromisos con los más desfavorecidos. La oposición parece dispuesta a abrir un proceso de enjuiciamiento contra el presidente a menos que éste renuncie a presentarse a la reelección. Irónicamente, los únicos que cruzan los dedos para que la alternativa no sea algo peor son los empresarios, satisfechos con el resultado positivo que el programa de Lula ha tenido para la economía y aterrados con lo que puede ser un futuro sin él.