La sentencia del Tribunal Constitucional —dominado por jueces del régimen del depuesto Hosni Mubarak— que ordena disolver el parlamento egipcio por considerar inconstitucionales las elecciones de seis meses atrás es un golpe de Estado, suave pero golpe, a menos de 48 horas de la segunda vuelta de las presidenciales. La Junta Militar, que ejercía el gobierno real, ha asumido también el legislativo, tras reinstaurar la ley marcial en víspera del fallo que esperaba.

El golpe judicial, con una interpretación de la ley electoral que ha anulado un tercio de los escaños, está claramente dirigido contra los Hermanos Musulmanes que ganaron las primeras elecciones libres en décadas en Egipto y que llevaban meses librando un pulso con los militares. Lo ocurrido ayer ha unido a todos los grupos islamistas detrás del candidato presidencial de la Hermandad, el moderado Mohamed Morsi. Se enfrenta a Ahmed Shafiq, el último primer ministro de Mubarak, candidatura que el Tribunal ha validado en otro fallo al declarar inconstitucional la “ley de aislamiento”. Aprobada por el Parlamento disuelto, impedía presentarse a elecciones a los altos cargos del régimen de Mubarak. Para Shafiq, en un mensaje claro, “la era de la inestabilidad política ha terminado”.

El antiguo régimen, del que realmente solo cayó el ráis, y los militares se han quitado la careta. El llamado Estado profundo ha salido a la superficie para cortarle el paso a los islamistas. De momento, la primavera árabe parece liquidada en Egipto. Los manifestantes de la plaza de Tahrir no estaban satisfechos con ninguno de los dos candidatos en liza, pero luchaban por el proceso democrático. Si nada interrumpe el proceso electoral y gana Shafik, significará un retorno al régimen de Mubarak. Si lo hace el candidato islamista, el pulso puede entrar en una peligrosa segunda fase. Las democracias deben condenar el atropello.