El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, anunció ayer que la economía europea estará en recesión durante 2012. Eso es una contracción media del 0,1%, con rangos entre el -0,5% y el 0,3%. El marco se completa con un aumento estimado de la inflación entre el 2,1% y el 2,7%. La pregunta sigue siendo, después de varios trimestres de estancamiento o recesión, si es posible mantener la ortodoxia presupuestaria en su mayor grado de rigor (exigiendo el 4,4% de PIB como límite de déficit en España este año o el 3% el año próximo) en un entorno de grave deterioro económico. Hay indicios de que la respuesta empieza a ser negativa.

Efectivamente, la decisión del presidente del Gobierno de situar el déficit español para este año en el 5,8%, después de un supuesto acuerdo con la canciller alemana, indica que el camino a una reconsideración de los plazos de estabilidad se está abriendo camino en Europa. Formalmente se mantienen los objetivos iniciales y el discurso de severidad presupuestaria; pero lo cierto es que la recesión general europea y la comprobación de que la política seguida hasta ahora ha llevado a Grecia a un callejón sin salida, suavizan mucho en la práctica la exigencia de ajustes drásticos e instantáneos en el gasto.

Draghi, tras la sesión del Consejo, anunció que mantiene intocados los tipos de interés, como estaba previsto. Si bien se mira, el BCE está alentando una estrategia económica en la eurozona que permite ganar tiempo a los países con mayores dificultades. Las abundantes inyecciones de liquidez permiten a los bancos comprar bonos públicos, con lo cual se enfrían considerablemente las tensiones de la deuda. No es de extrañar que el diferencial de la deuda española se haya templado y que, una vez desaparecidas las graves convulsiones monetarias, la urgencia de los ajustes presupuestarios se hayan calmado también en parte. Pero el tiempo ganado por las decisiones monetarias debe emplearse en reducir el déficit, so pena de que al vencimiento de los préstamos España o el país que siga sin ajustar sus cuentas sufra consecuencias más graves que la mera subida de la prima de riesgo.

Esa es, por supuesto, una de las razones por las cuales el Gobierno no relaja la presión sobre las autonomías y parece dispuesto a imponer el límite del 1,5%. Se ha ganado tiempo, pero no margen de maniobra para el ajuste presupuestario.