La arrolladora reelección en primera vuelta de Rafael Correa como presidente de Ecuador, con mas de 30 puntos de ventaja sobre su inmediato rival, muestra que el poder no ha desgastado a este economista de izquierdas, formado en Estados Unidos y elegido por primera vez hace seis años. Al laminar a una oposición fragmentada, el líder ecuatoriano se asegura una década en el poder, el mandato más largo en la historia de un país caracterizado por la inestabilidad y la progresiva irrelevancia de los partidos tradicionales.

Correa, que dedica su triunfo al regresado Hugo Chávez, practica con inteligencia un populismo nacionalista de amplio eco. Durante sus seis años al timón —además de reescribir la Constitución para permitir su reelección— y al hilo, sobre todo, de la bonanza petrolera, ha mejorado sustancialmente aspectos básicos de la vida de sus compatriotas, desde la sanidad y la educación hasta las caducas infraestructuras del país andino. Esos programas sociales de gran cobertura han reducido la pobreza y creado numerosos puestos de trabajo, además de granjearle una sólida base de apoyo popular todavía no trasladada a la mayoría parlamentaria. Esa mayoría es la que Correa busca ahora para su movimiento Alianza País (el domingo se han celebrado también elecciones legislativas) y acelerar así una agenda socialista que, por otra parte, no le impide negociar internacionalmente la explotación de yacimientos mineros o licitar el desarrollo de una cuenca petrolera en tierras vírgenes.

Correa ha acompañado ese progreso social de un lado oscuro no solo económico (hipertrofia del sector público), sino también político. Algunas de sus manifestaciones fundamentales son el copo de las instituciones, sobre todo el poder judicial, con paniaguados presidenciales, el uso pródigo del veto legislativo y, sobre todo, el contencioso con los medios no adictos.

El presidente, impulsor de un poderoso grupo mediático a su servicio, nunca ha admitido de buen grado la crítica a su actuación, hasta el punto de perseguir de forma obsesiva a algún periódico opositor. Crecientemente autoritario, de su agenda inmediata forma parte alarmante una nueva ley que pretende regular la televisión y los periódicos en Ecuador al gusto de alguien que considera la libertad de expresión “una función del Estado”. Correa debería resistir la tentación de empañar su victoria acentuando el déficit democrático de su país.