Cada jueves y domingo, una multitud de familias indígenas se adueña de la Avenida 16 de Julio de la ciudad de El Alto, cerca de La Paz, para poner en marcha uno de los mayores mercados populares de ropa usada de Suramérica. Se calcula que casi un cuarto de millón de personas se emplea en este negocio hormiga donde el límite entre lo legal, lo robado y el contrabando es difícil de precisar. Paradójicamente, la urbe boliviana que apoya sin fisuras al presidente Evo Morales y que albergó el pasado jueves el cierre de la campaña del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones de hoy, es también un bastión del capitalismo más salvaje. Aquí trabajan todos, el padre, la madre, los niños, parientes... Y a todas horas. No hay derechos laborales ni ningún otro amparo.

"Con Evo salimos de pobre, che camba [blanco]", gritan dos hombres que manipulan un fardo de ropa. Dicen apellidarse Colque y Amaru, que para un indígena urbano es como llamarse Pérez o Fernández. La ropa usada viene de Estados Unidos y entra por el puerto chileno de Arica hacia Bolivia. Miles de toneladas de un comercio semiesclavo e informal que el Gobierno no ha podido frenar y que ha barrido con la industria textil local. Doscientos años después de la independencia, indígenas como los de El Alto prácticamente no han pasado de la economía de subsistencia a la moderna de acumulación.

Morales ha prometido a sus pares indígenas -el 62% de los 10 millones de bolivianos- más derechos, subsidios, una educación propia, territorios con gestión autónoma y la preservación de sus costumbres. La Constitución del Estado Plurinacional, en vigor desde febrero, respalda los ancestrales modelos de gobierno, la justicia comunitaria y los tratamientos curativos propios. El Gobierno también se propone que los empleados públicos hablen obligatoriamente al menos una de las 36 lenguas reconocidas, además del español y un "idioma extranjero". En la realidad, las lenguas mayoritarias son tres (aymara, quechua y guaraní) y sólo nueve de las 36 perviven sin dificultad. Algunas, como el pacahuara, sólo la hablan los últimos 11 habitantes de esa tribu que ahora tiene rango constitucional de nación.

La revolución indígena que propone Morales se asienta básicamente en la autonomía territorial y la educación. Hoy mismo, al menos una docena de las 327 comunidades existentes celebra referéndum para decidir si se convierte en una autonomía indígena. Aunque se aprueben, la puesta en marcha de estos proyectos depende de una ley que aún no existe y para la cual Morales necesita tener el control de la Asamblea Plurinacional. "La nueva ley va a delimitar las competencias de esas autonomías para que no haya problemas", explica el diputado del MAS Gustavo Torrico.

"En esos territorios los indígenas podrán elegir sus autoridades, aplicar sus leyes, aunque no la penal, y gestionar sus recursos. No entrarán en conflicto con los municipios tradicionales porque éstos seguirán teniendo sus competencias actuales. En cuanto a la financiación del Gobierno central, el Ayuntamiento tendrá su parte y la autonomía originaria, la suya", añade.

A pesar de que muchas comunidades indígenas ya han ocupado por la fuerza campos y minas y zonas de reservas petroleras que consideran ancestralmente suyos, Torrico asegura que las expropiaciones sólo son competencia del Gobierno nacional. La mayoría del territorio boliviano no tiene demarcaciones fijas y los críticos de Morales esperan serios enfrentamientos entre comunidades una vez aprobadas las autonomías, aún entre los propios indígenas. Aparte de esto, nadie sabe con certeza cuánto costará al Estado esta reordenación territorial. Ya ha habido roces entre el Gobierno e indígenas del norte de La Paz por una concesión petrolera que la comunidad se negaba a conceder, pero que el Gobierno finalmente otorgó.

"El interés de un núcleo de dirigentes indígenas no está ni estará por encima del de todos los bolivianos", dijo tajante el vicepresidente Álvaro García Linera en una entrevista al diario La Razón. Y es que pese al encendido discurso indigenista, el Gobierno de Morales parece estar actuando con cautela en lo referente a las autonomías. Torrico tiene claro que sería muy difícil, por ejemplo, que los guaraníes, que hoy se reparten en tres provincias ricas en gas y petróleo, puedan formar un nuevo y único territorio con todos esos recursos naturales dentro.

La otra pata clave del "cambio" que propone Morales es la enseñanza. "La educación es la política pública reaccionaria del MAS", afirma el historiador Guillermo Mariaca, de la reconocida Universidad Mayor de San Andrés. "La nueva Constitución ha corporativizado la educación y la ha puesto en manos de un sindicato. Los maestros sólo se forman en un tipo de escuela oficial donde ellos mismos deciden qué aprender, no pueden ser expulsados y no son evaluados. Los maestros son el nexo entre el campo y la ciudad y son fundamentales para preservar la lealtad del mundo indígena al MAS", explica.

Durante la campaña, Morales prometió un ordenador portátil para cada uno de los 135.000 docentes y un aumento de los sueldos. La enseñanza es, junto a la policía y el ejército, una de las tres profesiones asalariadas más valoradas en la Bolivia rural.

Los indígenas tuvieron acceso a la educación a partir de la revolución de 1952. Hasta entonces prácticamente sólo las elites originarias eran educadas en los colegios criollos como parte de un pacto colonial por el que esas elites hacían de puente entre el mundo camba (blanco) y el colla (indio).

El ideal de educación para todos cuajó para el indio urbano pero fracasó en el ámbito rural, pero no fue hasta 1994 cuando se hizo otra reforma para corregir este fallo. Fue entonces cuando nacieron los Consejos Educativos de los Pueblos Originarios (Cepos) que diseñan los programas de enseñanza de sus pueblos y la formación política. Hoy, todos sus responsables responden a Morales y son los encargados de mantener vivo el discurso de liberación y de mitificación del caudillo.