El mayor desafío en política exterior del presidente Evo Morales, si hoy logra renovar su mandato, será el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos. Detrás de la retórica antiimperialista, hasta los analistas y economistas que más simpatizan con el Movimiento al Socialismo (MAS) reconocen que la suspensión hace un año de las ventajas comerciales que concede Washington a los países andinos en función de la lucha contra el narcotráfico ha costado ya decenas de miles de puestos de trabajo en incipientes sectores productivos ajenos a la energía y unas pérdidas de más de 150 millones de dólares. La congelación del acuerdo fue ratificada recientemente por Obama y eso enfureció a Morales, que albergaba esperanzas de que el nuevo inquilino de la Casa Blanca tuviera un gesto hacia La Paz.

El informe que guió la decisión de Obama, de la Oficina de Washington para América Latina, concluía que Bolivia, como Venezuela y Myanmar (antigua Birmania), “había fracasado en los últimos 12 meses en demostrar su compromiso con los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y en tomar medidas contra este delito”.

La paralización del acuerdo comercial fue el último episodio de una escalada de tensión entre los dos países que comenzó con la expulsión del embajador estadounidense, Philip Goldberg, en septiembre de 2008.

El mandatario boliviano acusó a Goldberg de “conspirar contra la democracia y buscar la división de Bolivia” por sus contactos con la oposición de la región autonomista de Santa Cruz. Un mes después, La Paz ordena la salida de la agencia antidroga estadounidense (DEA) por “conspirar” contra su Gobierno. Para entonces, ya había sido expulsada la agencia de cooperación estadounidense (USAID) de la zona cocalera del Chapare. Washington, por su parte, también dispuso la salida del embajador boliviano. A pesar de que en octubre pasado hubo un acercamiento, un mes después las espadas estaban otra vez en alto. El Gobierno de EE UU sigue “interfiriendo en nuestra política”, dijo en una entrevista el vicepresidente Álvaro García. “Mientras no cambie de actitud, esta sana y soberana distancia es lo mínimo que podemos hacer como país que se respeta a sí mismo”, añadió.

En paralelo al alejamiento de La Paz y Washington, aumentaron los informes de organismos como la ONU o de servicios secretos como el brasileño que daban cuenta de un fuerte aumento de la producción de la cocaína en Bolivia. A pesar del plan Cocaína Cero, puesto en marcha por Morales poco después de llegar al poder, se ha registrado una mayor presencia de los carteles de la droga andinos en Bolivia. El jefe de la policía antinarcóticos, el coronel Óscar Nina, informó hace un mes de que se habían destruido una veintena de laboratorios de gran capacidad de producción de cocaína en lo que va de 2009. “Nunca habíamos visto fábricas de esta magnitud en nuestro país”, declaró entonces.

Esta misma semana, en la recta final de la campaña electoral, la revista brasileña Veja informó de que en los últimos cuatro años la producción de pasta base y de cocaína había aumentado un 41% en Bolivia. En ese periodo, la superficie cultivada se incrementó de 25.400 a 30.500 hectáreas y el 71% de la producción se destinó a la elaboración de droga hasta alcanzar las 113 toneladas anuales. La revista citaba a Luiz Castro Dórea, jefe de la división de estupefacientes de la Policía Federal Brasileña, quien apuntó la expulsión de la DEA como una de las principales razones del aumento del narcotráfico. Nina dijo desconocer el informe brasileño y recordó que la fuerza que dirige había logrado cifras históricas en la confiscación de droga en Bolivia.