Mauricio Funes (El Salvador, 1959), es presidente salvadoreño desde 2009. Bajo su gobierno, el país centroamericano, azotado por la violencia, fue el primero en declarar ilegal la sola pertenencia a una pandilla criminal, a una mara. Añadido a esto, Funes autorizó al Ejército a participar en tareas policiales para intentar contener la violencia. Pero las medidas solo empezaron a tener efecto cuando, hace ocho meses, las dos principales maras del país, la 18 y la Salvatrucha, pactaron una tregua. Funes niega que el Gobierno impulsara ese acuerdo pero sí reconoce que se tomaron medidas para facilitarlo, como la reubicación carcelaria de ciertos jefes del crimen para favorecer la negociación.

Pregunta. En la cumbre de Cádiz el presidente mexicano Felipe Calderón dejó claro que cree que hay que hacer una profunda reflexión sobre la despenalización del consumo de drogas tras las iniciativas propuestas por Guatemala y las recientes consultas llevadas a cabo en EE UU para despenalizar el uso recreativo de la marihuana. ¿Usted respalda estas iniciativas?

Respuesta. Es importante destacar que Felipe Calderón no está de acuerdo con las iniciativas de algunos Estados norteamericanos y algunos gobiernos centroamericanos para legalizar la producción y el consumo de droga. Yo creo que hasta que no agotemos los recursos que tenemos para combatir el narcotráfico no creo que tengamos que explorar iniciativas como la despenalización del consumo que solo llevaría a un mayor consumo. En la medida que hay más consumidores habrá una mayor ventaja para los productores y los traficantes. Nosotros no podemos decir que la batalla está perdida. No podemos decir que nuestras policías, a veces apoyadas por las fuerzas armadas como en el caso de El Salvador, han sido derrotadas por el narcotráfico. Por el contrario, tenemos que depurar al máximo y reforzar nuestras fuerzas de seguridad y nuestras instituciones para combatir el crimen; y desarrollar políticas sociales que alejen a nuestros jóvenes del delito. Una vez hecho esto si aun no hemos derrotado al narcotráfico entonces podemos pensar en otras estrategias aun no implementadas como la despenalización.

P. ¿Ha sido el Gobierno el que ha impulsado el acuerdo entre las maras para rebajar la violencia?

R. El Gobierno no ha pactado con ninguna pandilla. En El Salvador hay cinco maras y las dos más grandes, la 18 y la Salvatrucha, han pactado entre ellas. Han buscado la mediación del obispo castrense y han procurado que el Gobierno creara el entorno necesario para que ese pacto funcione y se mantenga. Con una mayor eficacia policial y con este pacto entre pandillas que ya dura ocho meses se han rebajado los homicidios en un 40%, es decir unos 1.600 asesinatos menos que entre marzo y octubre del año anterior. Además, el pacto ha propiciado un proceso de desarme bajo la supervisión de la OEA. ¿Esto resuelve el problema? No, para nada. Hay que implementar políticas sociales que creen empleo y aparten a los jóvenes de las pandillas.

P. La oposición dice que la tasa de homicidios no ha bajado tanto como dice usted…

R. La oposición no maneja los datos adecuadamente y no sé si porque no los conoce o porque de forma deliberada los ignora. Recientemente el candidato a la presidencia de la oposición comentó en dos entrevistas, una con EL PAÍS, que lo que ocurre en El Salvador es que en vez de haber más homicidios hay más desapariciones. Que lo que sucede es que las maras matan a sus rivales y los entierran o los hacen desaparecer. Eso no es cierto porque no solo han bajado los asesinatos , sino también las desapariciones, por lo que el argumento no se sustenta. Desde que el pacto está vigente las desapariciones han bajado un 10%.

P. ¿La implicación del Ejército en tareas policiales es coyuntural o cree que la lucha contra el crimen se consolidará como una misión de los militares de la región?

R. Los que nos llevó a permitir que el Ejército participara en tareas de apoyo a la policía fue el hecho de que necesitábamos más efectivos de los que las fuerzas de seguridad tenían para tomar el control de los territorios que estaban en manos de las pandillas. A medida que crezca el número de agentes y que la fuerza se depure y profesionalice, entonces iremos sustituyendo a las fuerzas militares por las policiales. Un ejemplo es el tema de las cárceles. Era tan alta la corrupción entre los funcionarios de prisiones que hubo que sustituirlos por militares. Pero una vez que formemos a los nuevos funcionarios, estos se volverán a hacer cargo de la gestión y la seguridad de las prisiones.

P. ¿Hay suficiente cooperación regional en la lucha contra el crimen?

R. Yo diría que no y es uno de los grandes desafíos. Hace más de un año celebramos una conferencia con países amigos para buscar cooperación internacional. EE UU se comprometió a aportar 200 millones de dólares para fortalecer las policías regionales y francamente la oferta fue insignificante. Otros países como Canadá y España también han comprometido su ayuda pero, en general, los recursos son pocos con las demandas que plantea esta lucha. Cuando se planificó la estrategia regional se calculó que necesitábamos unos 5.000 millones, una cifra que supera la capacidad financiera de nuestras naciones.