Pero detrás de ese primer plano y al margen del debate medular que mantiene vivo el conflicto, hay un plano secundario que merece algunas consideraciones, porque allí se ubican las motivaciones y las estrategias que ilustran el comportamiento de autoridades argentinas en torno a la crisis.

Por un lado, puede sorprender a cualquier observador la paradoja de que en un pequeño punto de la geografía argentina llamado Gualeguaychú se desarrolle velozmente una conciencia ambientalista tan tenaz y generalizada como para provocar múltiples cortes de rutas internacionales, mantener esas medidas a lo largo de este verano, violar así las normas constitucionales sobre libre circulación, desafiar las directivas últimas del gobierno provincial de Entre Ríos o aun del gobierno central y hacer frente a las protestas de autoridades uruguayas (por el daño causado al tránsito turístico) y chilenas (por la detención de varios camiones que cruzan la Argentina hacia el Uruguay). Es una curiosa paradoja, porque en el ámbito social argentino no se conocen reacciones de similar energía o duración para protestar por la alarmante contaminación de napas subterráneas del agua destinada al consumo humano en zonas periféricas del gran Buenos Aires —Lomas de Zamora, Ezeiza, La Matanza— y tampoco hay noticia de que que se hayan convocado puebladas tan vehementes como la entrerriana ante el peligro de contaminación fluvial que puede asociarse a las plantas de celulosa que funcionan en Argentina, ninguna de las cuales dispone de la tecnología que beneficiará a las dos que se construyen en Río Negro.

NI hay piquetes para denunciar la pavorosa contaminación de varios ríos que envuelven a la capital argentina, que desembocan en el Río de la Plata y afectan así a un curso de agua compartido por ambos países, igual que el río Uruguay. La paradoja sin embargo no termina allí, porque no se conocen piquetes dispuestos a denunciar la degradación atmosférica que pende sobre Buenos Aires y que desde la costa de Colonia se divisa como una pesada y enorme nube gris. Tampoco hay reacción ante los riesgos (menos visibles, es cierto) de una planta nuclear como Atucha II, instalada a corta distancia del límite uruguayo. Más allá de esas contradicciones hay alguna otra en este subtema de un pleito rioplatense. La más llamativa no es el clamoroso comportamiento del gobernador de Entre Ríos, a pesar de que el hombre ha sabido pescar en río revuelto hasta que la superioridad le dio contraorden. Lo llamativo es en cambio la conducta del presidente argentino, que mantuvo silencio durante toda la etapa inicial del diferendo pero debió citar a ese gobernador a su despacho porteño cuando la crisis recrudeció. Empero, el martes 31 de enero en el kilómetro 103 de la Ruta 2 que une a Mar del Plata con la capital federal, el piquete de trabajadores de una empresa láctea de Chascomús a quienes se les debían sus haberes de los últimos cuatro meses, fue dispersado de manera fulminante con ayuda de veinte camiones de efectivos de infantería, una tropa de caballería, un helicóptero apoyando desde el aire y empleo de gases antimotines y balas de goma, todo lo cual produjo veinte heridos y dos funcionarios policiales separados de sus cargos por incumplimiento de las apremiantes órdenes recibidas para disolver la manifestación.

CUESTA creer que las autoridades que reprimieron con semejante rigor una movilización, y que permitieron a la Gendarmería desactivar el sábado 4 de febrero el "contracorte" de los camioneros en la Ruta 136, sean las mismas fuerzas que permanecieron inactivas durante semanas ante los cortes de carreteras internacionales, de las que otro país —el Uruguay, casualmente— dependía en momentos decisivos de su temporada turística. Cuesta creer que no hubiera un propósito deliberado detrás del silencio y la pasividad del gobierno argentino ante esa fuente de malestar binacional, actitud que sería feo interpretar como una forma de presión no confesada, aunque resulta todavía más feo sospechar que los jerarcas del país vecino estuvieran contrariados ante una gran inversión que recayó en la costa de enfrente. Faltó esa palabra, retenida por quien podría haberla pronunciado a tiempo. El incidente de la Ruta 2 bonaerense y el episodio de los camioneros en la 136, quedan en todo caso como ejemplos de la velocidad con que se resuelven ciertos conflictos cuando en ese país existe voluntad política para ello. Lo peculiar de la Argentina es que ciertas causas se adoptan con un énfasis grandioso y otras quedan relegadas indefinidamente, aunque los problemas de la realidad sean graves y múltiples. Pero, claro está, lo señalado es apenas un subtema en medio de problemas mayores, como sabrán entenderlo los rioplatenses más serenos. De paso comprobarán que no todos los enconos regionales ni todos los desplantes de violencia, empiezan o terminan en el fútbol.

¿Otro banco?

Los hechos se suceden con una rapidez que deja poco tiempo para analizar el asunto de la cooperativa financiera Cofac que ha sido cerrada e impedida de actuar por el Banco Central. Antes de esta dura decisión se hablaba que hoy, que mañana, llegarían varios millones de dólares de Venezuela. Resulta que ahora se sabe que la llegada de esos millones no era tal. Lo que llegó fue una delegación de un banco venezolano interesado en adquirir a Cofac, pero que tienen que seguir estudiando el caso.

Ahora se habla de contratar a un "broker" para buscar otros posibles compradores. Es de suponer que el Banco Central, así como ha llevado el asunto Cofac con mucha prudencia, también actúe con mucho tacto en la aceptación de una posible incorporación bancaria extranjera. Es entendible la inseguridad que prevalece en los 600 empleados de Cofac. Pero también tiene que ser muy entendible la inquietud de los ahorristas, que en el caso Cofac, ven en pocos meses una reprogramación y después un cambio que para el común es casi a ciegas.