Es que mientras el gobierno del santacruceño se niegue a tomar las medidas elementales que eviten la alteración del orden público por los ambientalistas que colocan al país en situación de flagrante incumplidor del derecho interno y de sus obligaciones internacionales, solo podría esperarse que sea un gobierno futuro, de hombres respetuosos de las normas, el que ponga fin a la situación.

Por ahora, de acuerdo a lo que puede esperarse razonablemente, sólo en manos de los gobernantes argentinos está lo que debiera ser la solución natural del conflicto. Argentina ha perdido en todos los terrenos en que quiso situar el diferendo: lo perdió al intentar una medida cautelar de cumplimiento virtualmente imposible por ausencia de daño inmediato en la Corte de La Haya. Lo perdió en el Mercosur, donde un tribunal ad hoc declaró que los cortes de ruta implicaban una violación a las normas del Tratado. Y volvió a perderlo al fracasar el intento espurio de impedir la concesión del crédito gestionado por Botnia ante el Banco Mundial. En los tres casos además, los pronunciamientos fueron tan contundentes que las argumentaciones de asesores, funcionarios y gestores del país quedaron maltrechas, a nivel de papelón. Y el mismo papelón lo hicieron torpezas de Kirchner, como la propuesta nada menos que al Rey de España para que facilitara un diálogo entre los dos países, y antes que esa gestión culminara, la arruinó con de unas declaraciones infelices adjetivando groseramente al Presidente uruguayo. O si se quiere también, la rumoreada tentativa de pedir la intervención de una organización internacional presidida por Gorbachov, para interceder ante el gobierno de Finlandia.

Como los informes técnicos que se acumulan uno tras otro -y ya aplastan por su peso- son categóricos en cuanto a que la tecnología de la construcción es la que da más garantías en el mundo en cuanto a que el funcionamiento de las fábricas no generará contaminación, otra alternativa al cambio de hombres en el gobierno argentino, es que la fábrica comience a funcionar y los que hoy se resisten terminen convenciéndose de su falta de razón.

También podría pensarse en la posibilidad que Brasil asumiera de una vez la necesidad de hacer jugar su peso para salvar del desprestigio al Mercosur y le apretara las clavijas a Argentina, pero esto es más difícil, porque si no ha hecho nada hasta ahora, permitiendo el atropello al Tratado del cual es parte invocando la inadmisible naturaleza bilateral del conflicto, no se ven razones para que cambie su pilatuna actitud y se disponga a hacer respetar el derecho aunque ello suponga darle la razón a un país chico frente a otro grande.

No es fácil encontrar el camino para que se llegue a una solución. Hablando de los gobiernos, el de Argentina ya no distingue lo sublime de lo ridículo y es capaz de tomar para cualquier lado. El de Uruguay, por su parte, tiene motivos más que valederos para considerarse asistido de razón, cuenta con el respaldo unánime del país y es consciente que dar un paso atrás, como el que amagara en marzo en Chile, le causaría un grave daño en lo político a sí mismo y en lo económico y social a los intereses del país que debe defender a todo trance. A medida que va pasando el tiempo, además, va ganando opinión y fuerza.

Lo lamentable sería que se produjera algún incidente que agrave el delito ya consumado por los piqueteros y que haya que lamentar algo más que un atentado a la libertad. Entonces sí lo que pudiera sobrevenir sería tan imprevisible como indeseable.

En definitiva la única respuesta que tiene la interrogante del título es que la solución, tal como están las cosas, la tiene la justicia internacional, la misma en cuyo ámbito Argentina radicó el problema. El pronunciamiento demorará y el transcurso del tiempo perjudica a nuestro país, el cual para mitigar los daños -ya que son irreparables- sólo tiene la opción de acudir a esa misma justicia.

Y además que le respeten su fallo.