La semana pasada fue noticia que desde Argentina se había clausurado la investigación llevada adelante por un tristemente célebre magistrado de aquel país contra una supuesta red de lavado de activos. Esa red habría usado transferencias de jugadores de fútbol para lavar dinero ilegal, empleando lo que se denomina "pases puente" en Uruguay. Esta es una maniobra por la cual se simula una transferencia a un equipo uruguayo previo al pase real a Europa, con el fin de eludir los expropiatorios tributos que exige el fisco argentino.

¿Por qué es importante esta noticia para nuestro país? Porque en el transcurso de la misma ese polémico magistrado se apersonó en una sede judicial en Montevideo y reclamó una requisa de documentos y equipos electrónicos en una sede bancaria ubicada en una zona franca. La justicia uruguaya, por inspiración propia o por presiones del algún funcionario, no solo autorizó esa operación, sino que la realizó con un celo exacerbado, a punta de revólver y con un despliegue propio de una redada contra un mullah de Al Qaeda. A tal punto llegó la agresividad de la operación, que se secuestraron las computadoras de toda la entidad bancaria, no solo la información requerida por Argentina, dejando a todos los clientes en la incertidumbre de qué iba a ocurrir con sus datos.

La consecuencia de esta "gestión" fue que el banco decidió dejar el país, y al menos otros dos han anunciado que podrían seguir ese camino. O sea, un golpe letal a la industria financiera local, la cual es legítima y genera una cantidad de puestos de trabajo de alta calificación y generosa tributación en el país.

Casi tan inquietante como este hecho, ha sido la reacción de nuestras autoridades. La primera dama Lucía Topolansky festejó la cooperación judicial con Argentina y dijo que "no tengo ningún problema con que se vaya un banco". El subsecretario de Economía, Alejandro Antonelli sostuvo que "estas situaciones valorizan al país", algo similar a lo que afirmó el secretario de Presidencia Homero Guerrero. Aunque nadie llegó a las cotas del "embajador itinerante" Milton Romani que desde su enigmático cargo señaló: "Qué se vayan. Es una muy buena señal. En Uruguay no queremos inversión chatarra". La única voz que se alzó contra este atropello fue la del vicepresidente Astori, pero como pasa siempre, nadie le llevó el apunte.

En resumidas cuentas, nos pasamos de comedidos ante el pedido de un juez vedette y servil al gobierno más agresivo que haya tenido Argentina en medio siglo con Uruguay, y a causa de ello pusimos en juego una industria que es vital para nuestro país y centenares de puestos de trabajo. Pero a nuestros gobernantes, eso les pareció fenómeno. Y, para peor, todo quedó en la nada, porque la propia Justicia argentina archivó el caso y condenó la actuación del juez.

Esto se puede leer a dos puntas. Por un lado en el marco del hostigamiento insaciable del gobierno argentino con Uruguay, que lejos de ceder ante este papelón, ha venido creciendo al punto que el jefe de rentas de ese país, ha denunciado que el nuestro no está cumpliendo con el tratado de intercambio de información tributaria. Esto pese a las pruebas evidentes de que estamos haciendo mucho más de lo que deberíamos.

Pero casi tan grave es el nivel de servilismo y miopía ideológica que campea en la primera línea dirigente del oficialismo. Gente que todavía cree que las actividades financieras son un cuco culposo, negativo para el país. Eso pese a que en todo el mundo los países se matan por proteger a su industria de servicios financieros, por ser altamente intensiva en mano de obra calificada. De hecho basta ver lo que sucede en Europa, donde Gran Bretaña acaba de dar un portazo en la UE ante las presiones de Francia y Alemania de mayor regulación de ese sector. ¿Usted quién cree que tiene más visión de hacia donde va el mundo y de lo que es mejor para sus países, David Cameron y Ed Miliband, o Topolansky, Antonelli y Romani?

Nos pasamos de comedidos ante un juez servil al gobierno más agresivo que haya tenido Argentina en medio siglo con Uruguay, y pusimos en riesgo una industria vital para nuestro país.