Por tal razón, entre otras, consideramos pertinente volver a lo esencial del diferendo y precisar, una vez más, las razones y sinrazones de cada parte. Que a la vista están.

ANTE todo, nuestro país y su gobierno tienen derecho a recibir a los inversores extranjeros —sean del país que sean— y a autorizar los emprendimientos industriales que los mismos deseen llevar adelante en su territorio, así como la instalación de la infraestructura necesaria a tal fin. Tal prerrogativa no es un privilegio exorbitante que se autoatribuye nuestro gobierno, sino que idéntico derecho tienen todos los países y sus autoridades, en ejercicio irrenunciable de su soberanía. Eso está en la tapa del libro. Y, dicho en lenguaje bien llano, se traduce por aquello tan antiguo de que "en mi casa mando yo".

Siendo así, como lo es, la pretensión argentina de que Botnia no se instale en nuestro país, así como su planteo algo menos chocante de que se suspendan las obras por noventa días a fin de obtener, luego, idéntico resultado, representa una intromisión absolutamente indebida en nuestros asuntos internos. El Uruguay, en defensa de su soberanía, debe rechazarla de plano. Ya lo hizo, pero, la postura se tornó confusa al más alto nivel oficial, en los últimos días. Por lo tanto, debe volver a hacerlo. No pueden ni deben quedar dudas al respecto.

ELLO no deja de ser así por la alegación de que Uruguay no comunicó a la Comisión Administradora del Río limítrofe (CARU), su resolución de instalar una industria que verterá sus efluentes en dicho río. Trataríase de una transgresión puramente formal y, además, la misma fue saneada por un acuerdo suscripto en febrero de 2004 por los cancilleres Bielsa y Opertti. Pero, aunque no fuere así, tal violación de un precepto del Estatuto del río Uruguay, generaría sí, responsabilidad de nuestro Estado ante la otra nación parte de ese instrumento binacional, pero sin enervar ni paralizar el ejercicio de las competencias del Poder Ejecutivo dentro de su territorio, que es inherente a su condición de Estado soberano.

Si la controversia terminara allí, es decir en esos términos, tendríamos al Uruguay ejerciendo un derecho inherente a su soberanía y cuya titularidad —de su parte— es indiscutible y, enfrentándolo a la Argentina, planteando una pretensión desconocedora de dicha atribución estatal (uruguaya) irrenunciable y, por ende, manifiestamente desarreglada a Derecho. Pero el contrapunto no concluye allí ni así. El gobierno argentino agrega un elemento de presión absolutamente ilícito, cual es su autorización tácita y ostentosa del bloqueo de dos de los puentes sobre el río Uruguay, ejecutado so capa de defensa del medio ambiente por piquetes de supuestos cruzados de esa causa. Se impide, así, la libre circulación de bienes, vehículos y personas, causando graves perjuicios económicos a nuestro país. Y a otros.

ELLO es frontalmente violatorio del art. 1º del Tratado de Asunción, de normas de la Organización Mundial de Comercio, del art. 14 de la Constitución argentina, así como de disposiciones concluyentes de las declaraciones de derechos humanos —la universal y las americanas—, que tienen rango constitucional en el vecino país (art. 75 num. 22).

Todo esto, en sede exclusivamente jurídica. Pero hay mucho más. En el plano fáctico, así como en el ético, la posición argentina hace agua por todos lados. Y agua pestilente, harto contaminada, ya que solo en los últimos trescientos quilómetros del bajo Paraná —casi la misma distancia que media entre Fray Bentos y la desembocadura del río Uruguay en el estuario—, se vierten toneladas de materias contaminantes por cincuenta industrias que se ríen de los medioambientalistas, entre ellas varias papeleras de tecnología arcaica.

La tesitura argentina, entonces, resulta indefendible. Tanto en el mundo del Derecho como en el de los hechos. Es prepotente y contradictoria con su propia inconducta en la materia que dice preocuparle tan intensamente. Conducta cínica que, en razón de la teoría de los actos propios —en cuyo mérito no es lícito "venire contra factum propium"— le aseguraría la derrota ante cualquier tribunal internacional, aún con independencia del pétreo respaldo normativo que tiene la posición uruguaya.

EN consecuencia, nuestro gobierno debe aferrarse al Derecho, que siempre ha sido el mejor escudo del país, fuera de fronteras. E ir cuanto antes al Tribunal de Asunción, como lo sostuvimos y explicamos el pasado domingo, porque es la vía jurisdiccional más rápida, sin descartar la comparecencia ante la Corte de La Haya o la Interamericana de Derechos Humanos. En ese plano, nuestra causa está ganada de antemano, pues nuestras razones tienen la solidez de la roca pirenaica, en tanto las argentinas, por su delgadez impactante, parecen salidas de un campo de concentración.

Como ya lo expresamos, no son razones sino sinrazones. Que mal esconden intereses económicos que operan y manipulan el conflicto desde sombras fáciles de escudriñar. Ello es prioritario tenerlo muy presente, porque si ahora cedemos a esas presiones subterráneas y espurias, so pretexto erróneo de que el país no tiene otra salida que negociar y aceptar la suspensión de las obras de Botnia por el plazo unilateralmente fijado por "el señor K", tal remiendo será pan para hoy y hambre para muchos mañanas.

NEGOCIAR sí. Buscar salidas honorables dialogando, también. Pero con plena conciencia de que hay principios que son irrenunciables y exigencias que, por pretender avasallarlos, son inaceptables. Y ¡por favor!, que si alguna declaración hay que hacer, que las formulen voceros versados en Derecho y con quilometraje diplomático.

Todos los demás, que callen.