Este es el único camino que le queda al Uruguay, vista la actitud del Presidente argentino, quien no sólo se ha plantado en una postura que no demuestra ningún ánimo de diálogo, sino que ha llegado hasta la afrenta, al ni siquiera contestar la carta enviada por la presidencia uruguaya, no ya en su calidad de Primer Mandatario argentino, sino en la de Presidente pro témpore del Mercosur. Un silencio inadmisible, ante un reclamo absolutamente justificado, de acuerdo al derecho internacional y las normas del Mercosur, organismo que él mismo preside en este período.

EL bloqueo tolerado por las autoridades argentinas e impulsado en los principios, que desde hace 20 días se ejerce sobre Uruguay, sumado a los cortes durante todo el verano, afectando el libre tránsito de las personas —un derecho básico en los países democráticos— así como el trasiego de las mercaderías, es un acto de agresión. Algo que seguramente no se haría con los vecinos más grandes y poderosos, en una acción lamentable y típica del matón que se aprovecha del más pequeño.

Frente a esta situación, que comenzó hace ya varios meses y a la que no se le dio la debida atención, a resultas de un convencimiento no exento de voluntarismo, que llevaba a pensar que todo pasaría luego de las elecciones legislativas argentinas de octubre, ni nuestro gobierno ni la cancillería dieron señales de estar lo suficientemente alertas, ni de actuar en consecuencia.

TAL vez, todavía embelesados con la proclamada hermandad robustecida por las afinidades ideológicas y la notoria colaboración y aliento recibidos gustosamente por el Frente Amplio cuando la contienda electoral. Y también, por el insólito descabezamiento al que fue sometido el Ministerio de Relaciones Exteriores, al privilegiar el colocar gente "de confianza", desperdiciando el saber de los más capacitados.

El daño económico infligido al Uruguay, tanto por la disminución del turismo —todavía no suficientemente calibrada— como el que producen los cortes para el paso de las mercancías, maquinarias, alimentos y hasta trabas inesperadas por medio de excusas de orden sanitario, como las que han frenado el traslado del ganado lechero que se exportaba a Chile, es asunto grave.

A todo esto hay que agregar los potenciales perjuicios que derivan de nuestras relaciones comerciales y políticas, de los acuerdos bilaterales, de las diversas cuestiones de cooperación, de nuestro frente marítimo a fin de no quedar perjudicados en nuestros intereses pesqueros. Hay que ver qué pasa con el dragado de los canales de Martín García, cuya obligación es llevarlo a 36 pies, no sea cosa que los vuelquen hacia Rosario, en detrimento de Nueva Palmira. Cuidar que no se detenga el balizamiento de la Hidrovía. Aspectos diplomáticos todos ellos que fueron muy bien manejados bajo el gobierno de Lacalle y que sin embargo, se desactivaron inexplicablemente cuando los gobiernos colorados, a pesar de la importancia que tienen para el desarrollo económico y fluvial. Y ni que hablar de la energía, el gas, la electricidad y las cuestiones de sanidad animal, (lucha contra la aftosa).

AHORA el Presidente argentino ha conseguido que en el Congreso le respalden la presentación en el Tribunal de la Haya, parte de la oposición con manifiestos reparos, pero levantando la mano al fin, para no quebrar la unidad nacional. Máxime cuando todos los sectores en Uruguay, incluidos los políticos y la central sindical, han expresado monolíticamente su respaldo a su gobierno en estas desgraciadas circunstancias.

Uruguay tiene que apuntar a más, hay que involucrar a los países del Mercosur, tiene que movilizarlos, crear estímulos, (por ejemplo, apoyos a candidaturas en organismos internacionales). Argentina justamente, debe ahora dejar su asiento no permanente en el Consejo de Seguridad, el cual hoy está en disputa entre Venezuela y Colombia. Podríamos proponer la elaboración de un código de protección ambiental para todos los países del Mercosur con una visión que vaya mucho más allá de lo que puede suceder en Gualeguaychú, doblar la apuesta en temas ambientales, de acuerdo a nuestras bastante buenas credenciales en este campo, según las apreciaciones internacionales.

NO era éste un verano para que buena parte del gobierno se tomara vacaciones o para que medio gabinete emprendiera largos viajes por el mundo o simplemente se fueran a pescar. Tampoco hay que dar pasos en falso, como enviar misivas sin tener alguna certeza de que no serán tiradas a la papelera. Y el Tribunal de Solución de Controversias del Mercosur, regulado por el Protocolo de Olivos, que le preocupa a Insulza, el Secretario General de la OEA, si existe. Cualquier país miembro lo puede convocar, aun cuando no parezca que éste haya sido creado para dirimir problemas de este calibre, sino diferendos de orden puramente comercial, como el que ya se dirimió. El año pasado el Uruguay fue beneficiado por la resolución que lo amparó en la disputa con Argentina, respecto de la exportación de neumáticos y ahora se está a la espera de que ésta cumpla con los plazos que se le otorgaron.

Y no hay que descartar y sería lo mejor, la vía de un mediador de primer nivel que pueda acercar las posiciones, antes que llegar a tribunales y litigios, como podría ser un Raúl Lagos, un Javier Solanas, o Patricio Aylwin, o Baena Soares, ex Secretario Gral. de la OEA o hasta un Durao Barroso, presidente del Consejo de Europa. Es imperioso actuar, trabajar las 24 horas, cuantificar precisamente las pérdidas y las lesiones reales que Argentina nos ha provocado ya, en aras de un mal supuesto y maliciosamente fundamentado.