La partida de las grandes empresas que en los últimos años habían desarrollado importantes negocios en Bolivia se vincula con la inquietud que generan los próximos pasos de la gestión de Morales y los insistentes pronósticos que sostienen que la falta de seguridad jurídica terminará afectando peligrosamente sus actividades. De hecho, las compañías que ya han anunciado la finalización de sus operaciones en el territorio boliviano no sólo abarcan a aquellas firmas relacionadas con la explotación petrolera, sino también a otros importantes sectores de la economía local en un proceso que provocará una fuerte desinversión en múltiples áreas.

Las multinacionales Shell y Enron han sido las primeras en optar por deshacerse de sus activos en Bolivia, los que de ahora en más serán transferidos al gobierno de Morales. Las dos empresas eran propietarias de la mayoría accionarial de la Transportadora de Hidrocarburos (Transredes), pero a partir de los decretos que dispusieron la nacionalización del sector comenzaron a ser presionadas por la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPFB) para que cedan al estado una parte de sus negocios.

Después de varias semanas de duras negociaciones, las condiciones impuestas por La Paz a los ejecutivos de Shell y Enron para seguir operando en el país fueron rechazadas por ambas empresas, que entendieron que en base a los requerimientos formulados por los colaboradores de Morales se hacía inviable la continuidad de sus actividades en el país.

Por ese motivo decidieron traspasar sus acciones a la petrolera estatal, que de ahora en más ejercerá el control total de Transredes debido a que ya cuenta con el paquete accionarial que estaba en manos de fondos de pensiones controlados por los grupos BBVA y Zurich Financial Services.

La misma actitud que Enron y Shell tomaron los directivos del gigante siderúrgico brasileño EBX, que, cansados de los impedimentos establecidos por la administración de Morales para poner en marcha diversos planes de expansión en el país, decidieron abortar la totalidad de sus negocios en el país. "En un mes comenzaremos con las operaciones de desmonte de nuestras plantas en Bolivia", anunció Eike Batista, el dueño de la empresa, en declaraciones al diario económico Valor.

Batista explicó que los equipos instalados en Bolivia serán trasladados directamente al territorio brasileño, donde construirán una siderúrgica nueva con un financiamiento del Banco Mundial del orden de los 400 millones de dólares.

Diversos analistas han considerado que otras importantes compañías de capital internacional que operan en Bolivia analizan seriamente la posibilidad de continuar con sus actividades en el país, entre ellas la brasileña Petrobrás, la principal firma inversora en el mercado interno, y el consorcio español Repsol.

El malestar de las autoridades de Petrobrás quedó en evidencia a partir de los anuncios sobre la suspensión de sus inversiones en el territorio boliviano y la decisión de iniciar demandas judiciales contra el gobierno de Morales en los tribunales internacionales. Además, el propio gobierno de Luiz Inacio Lula Da Silva ha lanzado profundos cuestionamientos contra La Paz en defensa de los intereses de la petrolera brasileña.

Sin embargo, parece que aún no ceden las presiones de las autoridades bolivianas contra la compañía. De hecho, en las últimas horas funcionarios y empresarios locales ligados a Morales han denunciado que Petrobrás "está saboteando la nacionalización" de los recursos naturales del país con una maniobra con la que supuestamente retrasa las importaciones de combustible diesel al territorio local. "Este es un hecho delictivo que está afectando a surtidores, fábricas, transportistas y otros rubros. Petrobras no está entregando diesel como debe entregar", denunció el representante de la asociación de gasolineras de La Paz, Pierre Chaín

En cambio, desde la poderosa Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) han salido en defensa de los intereses de las multinacionales radicadas en Bolivia al advertir que el decreto de nacionalización de los hidrocarburos aprobado por el gobierno supone una "grave violación" del principio de seguridad jurídica que exige cualquier proceso de inversión.