La medida, resuelta en el marco de la reforma agraria dispuesta por el mandatario, será cumplimentada por las fuerzas militares bolivianas, situación que podría generar violentos enfrentamientos con los hacendados que se niegan a dejar sus tierras y que ya han reclamado el auxilio del gobierno de Luis Inacio Lula Da Silva.

La drástica decisión de Morales, que abarca a productores rurales de origen brasileño que poseen tierras en la franja de 50 kilómetros dentro de la frontera de Bolivia, se produjo pese a que sus colaboradores habían integrado una comisión especial con funcionarios de Brasil con el propósito de negociar una solución consensuada para la situación de esas familias.

Sin embargo, el mandatario boliviano optó por asumir una posición de mayor dureza en el conflicto y ordenó directamente a sus funcionarios que intimen a los hacendados brasileños a dejar sus tierras, bajo la advertencia de que si no cumplimentan la medida serán expulsados por la fuerza del país mediante la acción del ejército y los efectivos policiales.

A este respecto, el ministro de agricultura boliviano, Hugo Salvatierra, afirmó que el gobierno de su país está dispuesto a dialogar con los afectados por el desalojo, pero sostuvo que ese diálogo de ninguna forma incluye dar marcha atrás con la medida, porque la intención es ser "inflexible" con el cumplimiento de las leyes que impiden a los extranjeros mantener propiedades en las cercanías de las zonas fronterizas del país. "Pedimos a los extranjeros que dejen esas tierras de manera pacífica, porque en caso de desacato, nosotros haremos uso de la fuerza para hacer cumplir la ley", advirtió el funcionario.

"Vamos a sentar soberanía sobre nuestra tierra porque el movimiento indígena y los campesinos nos están pidiendo a gritos que vaya el ejército. Y vamos a mandar el ejército a reservar las tierras del oriente boliviano frente a los brasileños", dijo Morales con un tono que se pareció al de una declaración de guerra. El mandatario dijo que a partir de su administración los terrenos que "antes eran tierra de nadie" ahora "tienen como dueño al pueblo boliviano", por lo que reclamó a las autoridades departamentales y municipales del país hacer respetar el territorio para que "no ocurra como antes que entraba cualquier brasileño o peruano y se apoderaba de lo que es nuestro".

La determinación de Morales de avanzar con la expulsión de las 200 familias brasileñas que poseen tierras en las cercanías de la frontera tomó por sorpresa al gobierno de Brasil, que esperaba que el tema se resolviera a partir de las negociaciones que llevaban adelante desde mayo pasado con las autoridades bolivianas. Ahora, la avanzada del gobierno de La Paz amenaza con abrir nuevos frentes de conflicto con la administración de Lula, una relación que no pasa por el mejor momento debido al malestar que ya ha generado en Brasil la nacionalización de los recursos naturales bolivianos, que afectó sensiblemente los intereses de la petrolera Petrobras.

De hecho en los últimos días, ambos gobiernos protagonizaron un nuevo cortocircuito en el marco de las negociaciones por el futuro precio del gas que Bolivia exporta al territorio brasileño. El conflicto surgió después de que la administración de Lula y ejecutivos de la firma Petrobras anunciaron que acordarían desde esta semana los términos de la futuras ventas de gas con La Paz, lo que fue considerado como una imposición por parte del gobierno de Morales, que rechazó los pedidos de reunión provenientes de Brasilia.

A este respecto, el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Jorge Alvarado, dijo públicamente que su país tiene muchas tareas pendientes más importantes, por lo que pedirán a la delegación negociadora de Brasil reunirse en Bolivia dentro de los plazos establecidos en el acuerdo existente entre ambos países.

La intención de las autoridades de La Paz es que la negociación con Brasil se produzca una vez que se haya alcanzado el acuerdo que desde hace días discuten con funcionarios del gobierno argentino, también con el propósito de consensuar el precio de las futuras ventas de gas hacia ese país. En el entorno de Morales consideran que si logran acordar con Argentina un precio conveniente a sus intereses, esa situación establecerá un piso que condicionará a Brasil a negociar en los mismos términos sus convenios.