En las últimas semanas, México ha sido testigo de un incremento alarmante en la violencia, especialmente en Michoacán y en Chiapas. Estos eventos trágicos han sacudido la nación y han dejado a la sociedad preguntándose cuándo y cómo se podrá poner fin a esta espiral de violencia.
En Michoacán, una tierra marcada por años de conflicto
entre grupos delictivos, el asesinato contra Hipólito Mora ha resonado
profundamente en todo el país. Mora, líder de las autodefensas y defensor de la
justicia en su comunidad, fue una figura valiente que luchó incansablemente por
la seguridad de su gente. Su muerte representa un golpe doloroso para aquellos
que creían en la posibilidad de un cambio y una vida mejor.
Su asesinato no es un caso aislado. Michoacán ha sido
testigo de una ola de violencia desenfrenada en las últimas semanas, con
enfrentamientos entre grupos criminales y ataques indiscriminados que han
cobrado la vida de numerosos inocentes. Las comunidades locales viven bajo el
constante temor de la violencia y la impunidad, lo que ha generado un clima de
desesperanza y desconfianza en las instituciones encargadas de garantizar la
seguridad. Y el gobernador Ramírez Bedolla negó un clima de violencia y se
atrevió a culpar a Mora de su muerte.
Por otro lado, en Chiapas también hemos sido testigos de
actos de violencia atroces. El secuestro de funcionarios estatales, la
desaparición de una chica cantante, los enfrentamientos entre grupos indígenas
y la violencia desatada en el contexto de protestas sociales han dejado un
rastro de dolor y sufrimiento en toda la región.
La pérdida de vidas humanas y el desplazamiento forzado
de comunidades enteras son consecuencias inaceptables que demandan una
respuesta urgente y efectiva por parte de las autoridades. Apenas anteayer
surgía un nuevo grupo armado de autodefensa en Pantelhó para luchar contra las
autoridades y el crimen organizado. El gobernador Rutilio Escandón minimiza la
violencia y opta por hablar del Tren Maya.
Ante esta triste realidad, es imperativo que las
autoridades mexicanas asuman su responsabilidad y redoblen los esfuerzos para
garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. Se requiere un enfoque
integral que vaya más allá de la simple respuesta militar, abordando las causas
profundas de la violencia y promoviendo el desarrollo social y económico de las
regiones afectadas.
Es fundamental fortalecer el sistema de justicia y
combatir la impunidad que alimenta la violencia. Los crímenes deben ser
investigados y los responsables llevados ante la justicia, sin excepciones ni
privilegios (como se nos promete que ocurrirá elección tras elección, local y
federal. Y nada. Todos los partidos han gobernado. Y nada). Pero lo cierto es
que sólo así se podrá restaurar la confianza en las instituciones y enviar un
mensaje claro de que la impunidad no tiene cabida en nuestro país.
La sociedad mexicana, junto con organizaciones civiles y
líderes comunitarios, debe unirse en un frente común contra la violencia y
trabajar juntos para construir un México más seguro y justo. La violencia no
define nuestra identidad como nación, pero sí pone a prueba nuestra
determinación para superar estos desafíos y construir un futuro mejor.
Viene temporada electoral: nos toca exigir a todos los
candidatos y candidatas compromisos muy claros y determinantes en lo que toca a
la oferta de políticas públicas serias y contundentes en lo referente a
seguridad pública e impartición de justicia.
https://www.excelsior.com.mx/opinion/yuriria-sierra/esa-violencia-en-el-no-narcoestado/1595973
