Al fin y al cabo, no parecía muy ejemplar que en el Gobierno de Italia hubiera una persona que en 2003 había sido investigada por la Fiscalía de Palermo por concurso en asociación mafiosa y corrupción (aunque el caso se acabara archivando) y a la que en ese momento estaba indagando la Fiscalía después de que en 2009 el hijo de Vito Ciancimino -el mafioso que durante años fuera alcalde de Palermo- asegurara que le habían pagado sobornos de 100.000 euros.

Las dudas y perplejidades que suscitó el nombramiento de Romano han encontrado confirmación esta mañana. La Fiscalía de Palermo ha solicitado hoy sentar en el banquillo de los acusados de un tribunal al ministro de Agricultura, al que acusa formalmente de concurso en asociación mafiosa.

"Como destacado exponente político, Romano habría conscientemente y activamente contribuido al apoyo y reforzamiento de la asociación mafiosa, manteniendo, también a cambio de apoyo electoral, relaciones directas e interpuestas con numerosos exponentes de relevancia de la organización mafiosa, entre otros Angelo Siino, Giuseppe Guttadauro, Domenico Miceli, Antonino Mandalà y Francesco Campanell", se lee en el auto en el que los fiscales piden el procesamiento del ministro de Agricultura.

Según la información obtenida por el equipo de acusadores públicos, Romano habría "puesto a disposición de Cosa Nostra su propio cargo, contribuyendo a realizar el programa criminal de la organización dirigido a adquirir poder de influencia sobre los organismo políticos y administrativos".

En ese sentido, los fiscales acusan entre otras cosas al ministro de Agricultura de haber intercedido, a petición de un capo mafioso, para que en las elecciones regionales de 2001 fuera candidato un tal Mimmo Miceli, posteriormente condenado por mafia.

"No pienso comentar un auto al que Fiscalía de Palermo estaba obligada a presentar después de ocho años de investigación y dos solicitudes de archivación. Pero sigo sin comprender cómo podemos no escandalizarnos ante un cortocircuito institucional y judicial que implica por un lado a quien ha realizado la investigación y a quien la ha sancionado", asegura por su parte Romano.