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08/08/2010 | México - Legalizar las drogas

Francisco Valdés Ugalde

El debate en torno a la seguridad ha arreciado. Varios factores han cambiado de lugar desde que el Presidente decidió hacer frente a esta lacra. Entre ellas, la agresividad estadounidense contra los migrantes, de la que Arizona es la punta del iceberg, y la decisión de varias entidades de Estados Unidos de legalizar la mariguana.

 

Al ocurrir esto último, y a medida que se profundice esta tendencia, la realidad será muy distinta en las filas del crimen organizado y de la manera como los gobiernos lo enfrenten. La legalización de una droga significa su ingreso a las regulaciones del derecho y del mercado, así sea éste un mercado controlado. La conversión de un objeto prohibido en algo permitido tiene el efecto de la ruptura de un encantamiento. La rutinización de la droga puede traer como resultado su uso extendido pero, a la vez, su control por parte de la autoridad y su salida de las formas clandestinas de producción, distribución y consumo, que hoy la hacen un motivo criminal y los vincula con otros mercados inadmisibles bajo cualquier punto de vista: el de armas y el de personas. La legalización también traería el desencanto y la desmistificación de sustancias que la humanidad ha usado desde tiempos inmemoriales.

¿Es legítima la legalización de las drogas? Indudablemente la respuesta es positiva. Desde el punto de vista individual, no puede prohibirse el uso de objetos de deseo legítimo. Las drogas son uno de ellos, como lo es beber una copa de licor. La existencia de prohibiciones a los deseos legítimos es una violación de los derechos de las personas a usar y experimentar con su cuerpo sin más trabas que la protección de los derechos de terceros.

Los efectos negativos que el uso o el abuso de las drogas pueden acarrear a la sociedad, no son cualitativamente diferentes a los que produce el alcohol sobre la salud de quienes lo consumen. Afectan la productividad y la salud, cierto. De ambas, la sociedad se hace cargo en el impacto que tienen sobre sus miembros. La salud cuesta; la buena salud cuesta más y la salud pública de calidad cuesta muchísimo más. Actualmente, el Estado destina tal cantidad de recursos al combate a la delincuencia organizada, principalmente al narcotráfico, que vive del hecho de que la mariguana y la cocaína están prohibidas, que a la postre resultan insostenibles.

Si en Estados Unidos hay aproximadamente 40 millones de consumidores y nuestro territorio es pródigo en el cultivo de la primera y el trasiego de la segunda, es posible pensar que el combate al narcotráfico pueda triunfar, en el mejor de los casos, haciendo imposible su capacidad de operación dentro del territorio nacional. No es un mal objetivo, pero al hacerlo estamos financiando con vidas y haciendas propias el consumo de los estadounidenses, principalmente, al ajustarnos el cinturón con bajo crecimiento económico por la baja inversión pública y bajo presupuesto para los bienes públicos que requiere nuestra población: educación salud, artes y ciencias.

Entre estos últimos hay algunos bienes comunes que deben ser tutelados, como la salud pública, los menores de edad y otras poblaciones vulnerables. La admisión de las drogas como bienes a los cuales se puede tener acceso legítimo puede acompañarse de su regulación mediante impuestos a su consumo destinados a paliar los problemas de salud que eventualmente generan. También la información completa, la educación sobre el uso del propio cuerpo y sobre los daños que le causan las drogas: nicotina, alcohol, mariguana o cocaína (y, desde luego, las demás). En esto los medios de comunicación tienen y tendrán siempre una función que cumplir que no puede ser regulada por intereses privados como pasa ahora.

México debe promover la legalización de las drogas en el mundo. Debe ser parte de su política exterior. Debe dialogar con Estados Unidos con energía: si los estadounidenses no están dispuestos a controlar su mercado de consumidores, deben aceptar las consecuencias de que nosotros protejamos nuestros intereses. En este caso nuestro interés es recuperar la paz interna y el control del Estado sobre la violencia; implantar un estado de derecho y proceder a convenir nacionalmente el camino económico, político y social que debe seguir el país después del enorme sacrificio que ha representado destinar sus recursos a combatir al crimen organizado y no poder aplicarlos a la educación y el progreso social.

Para los que sostienen pruritos éticos sobre la legalización de las drogas basta decir que el fundamento de la legalización reside en el derecho de todo individuo adulto a disponer del propio cuerpo, y el límite solamente debe ser que pague el costo social que incurre en hacerlo.

ugalde@unam.mx

Director de la FLACSO-México

El Universal (Mexico)

 


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