Pero, no habría que darle tantas vueltas al asunto: mientras la justicia no funcione en este país no habrá manera de solucionar el problema de la delincuencia. Si la experiencia de personarse en el Ministerio Público resulta terrorífica para el ciudadano de a pie que va a denunciar el robo de su coche, entonces imaginen ustedes la podredumbre que envuelve los casos de asesinatos, secuestros y extorsiones. Y ya no es siquiera la policía, tan denostada y con tan mala reputación, la que no hace sus cometidos: muchos agentes, luego de arriesgar el pellejo y de cumplir cabalmente con su deber, aprietan las mandíbulas cuando el juez deja libre al criminal. La cadena de trasmisión está absolutamente rota: el trabajo bien hecho no vale porque en algún momento alguien, por acción o por simple omisión, abandona la tarea.

Las escalofriantes cifras de la impunidad no son otra cosa que el reflejo del desastroso desempeño del aparato judicial en México. Si, como señalan, solamente dos o tres de cada cien infractores son condenados, entonces estamos hablando de una colosal ineficiencia: para hacernos una idea de los pobrísimos rendimientos, pensemos en una compañía de transportes cuyos autobuses estuvieran prácticamente todos descompuestos o un servicio municipal de limpieza que sólo recogiera la basura una vez cada dos meses o una tienda que no abriera más que 30 minutos al día o una escuela en la que únicamente aprobara un alumno, uno nada más, de toda su generación… ¿Existe, en cualquier otro renglón, algo tan brutalmente ineficaz? No.

Y, sin embargo, esa maquinaria es precisamente la que se encarga de garantizar, a los ciudadanos mexicanos, el ejercicio del derecho más preponderante de todos: la seguridad personal. Es más, para eso existe, fundamentalmente, el Estado. De otra manera, cada quien se encargaría —a su manera y con los recursos a su alcance— de desplegar diferentes grados de violencia para protegerse. El algún momento —hace ya varios años— cierto jefe de la policía de la capital dijo que debíamos de andar armados para ocuparnos de nuestra seguridad. Pero, nuevamente, las leyes de este país son tan confusas y embrolladas que si llegaras a matar a alguien en legítima defensa purgarías, a diferencia de los asesinos que andan sueltos, una inconmutable pena de prisión. Y, desde luego, nuestra aspiración no es ésa sino vivir en una sociedad civilizada. Por cierto ¿esas calles cerradas por los vecinos no son una prueba de que, a falta de la protección proporcionada por el Estado, los ciudadanos se organizan ya por su cuenta para vivir seguros?

El tema se ha debatido en círculos académicos e inclusive algunos congresistas los tienen bastante claro: para empezar, hay que promover la independencia total del Ministerio Público; hay que homologar los Códigos Penales de los diferentes estados de la Federación; y, sí, crear una gran Policía Nacional. El problema es que, estando ahí las propuestas, nadie hace nada o, mejor dicho, la clase política no se pone de acuerdo para emprender las reformas necesarias. Seguimos en la inmovilidad decretada por los partidos.

Ahora bien, ya están las recetas y las fórmulas pero la corrupción de jueces y agentes ¿cómo la arreglas? Dicho en otras palabras ¿cómo limpias la casa? ¿Por dónde empiezas? Estamos hablando de dilema monstruoso. Sí, y la luz al final de túnel no se ve.