«En los últimos 50 años, Ruanda no ha experimentado una separación entre hutus y tutsis como la de ahora. Es una relación de desesperación para algunos y acumulación de frustraciones para otros». A cada látigo de voz, Faustin Twagiramungu se remueve entre las arenas movedizas de la historia. Crónicas de un Estado del que es juez y parte. En julio de 1994, Twagiramungu asumiría el cargo de primer ministro de un país que había perdido a cerca de un 10% de su población en apenas cien días.

Ahora, en la soledad del recuerdo, cuando este 7 de abril se cumplen veinte años del inicio del genocidio de Ruanda, el exprimer ministro vuelve a asomarse al abismo. Cerca de 800.000 muertos después, para Twagiramungu nada parece haber cambiado.

«La actual situación política en Ruanda es deplorable. No hay respecto de los derechos humanos, no hay tolerancia, no hay principios democráticos respetados por el Gobierno. Esto es la dictadura de Paul Kagame», destaca el líder opositor, quien en 2003 se presentó a las elecciones presidenciales logrando el 3,6% de los votos. Kagame, en el poder desde 2000, obtendría el 95 por ciento.

«Estoy extremadamente preocupado por mi vida. El presidente prometió el 12 de enero acabar con la vida de aquellos que criticaran su país. Éste es su país, pero es el mío también», denuncia Twagiramungu en conversación con ABC.

Las amenazas parecen cobrar efecto. A comienzos de año, Patrick Karegeya, exlíder de la Inteligencia del país africano y antiguo aliado del presidente Kagame hasta su caída en desgracia, fue encontrado estrangulado en un hotel de Sudáfrica, donde vivía exiliado desde 2007. En este sentido, Theogene Rudasingwa, coordinador del partido opositor Congreso Nacional Ruandés describe el crimen como un asesinato que se ajusta al patrón de ataques contra prominentes disidentes del mandatario.

«La situación ahora mismo en Ruanda es explosiva. Muy peligrosa. Veinte años después del genocidio hemos vuelto a un proceso muy similar a la crisis de 1994», destaca a este diario el líder insurgente.

Crecientes amenazas

Y cadáveres en el armario no parecen faltar. En 1996, Seth Sendashonga, antiguo ministro del interior, era tiroteado en la capital de Kenia, Nairobi, junto al empresario Augustin Bugirimfura. También en la capital keniana sería asesinado en 1998 Theoneste Lizinde, de la inteligencia ruandesa pre-genocidio.

«La polarización entre hutus y tutsis nunca fue tan seria como ahora. A pesar de que el Gobierno asegura que se ha producido la reconciliación, el poder continúa en manos de una minoría», denuncia Rudasingwa. «Tenemos miedo», añade.

Quizá justificado. El pasado mes, uno de sus más conocidos compañeros de partido, Faustin Kayumba Nyamwasa, exjefe del Ejército de Ruanda, sobrevivía a un intento de asesinato. No era el primero.

Ya en junio de 2010, Nyamwasa había sido tiroteado, mientras conducía de regreso a su residencia de Johannesburgo.

Entonces, el otrora líder del Ejército acusó directamente al presidente ruandés (y antiguo aliado) de planificar su deceso. El exgeneral se encuentra acusado del derribo, en 1994, del avión que transportaba al ex mandatario ruandés Juvenal Habyarimana, hecho desencadenante del posterior genocidio que asoló la región, así como del asesinato de cerca de 2.500 refugiados hutus en República Democrática del Congo.

No en vano, la relación entre Nyamwasa y Kagame se había agriado en los últimos años tras las críticas explicitas del primero contra la prácticas dictatoriales del régimen.

«Lo que tenemos ahora mismo es una dictadura violenta en manos del presidente Kagame. Solo hay un partido. Los partidos políticos no asociados al presidente están prohibidos y los disidentes encarcelados o muertos. La violación de los derechos humanos es terrorífica», destaca Rudasingwa, quien recuerda cómo, desde 1994, el conflicto tribal entre hutus y tutsis se «ha exportado a la vecina República Democrática del Congo».

Los hilos rebeldes

No es el único. «Antes, durante y después del genocidio, se han cometido crímenes masivos contra la humanidad, especialmente en el Congo contra los refugiados hutus. Estas personas también necesitan que su tragedia sea reconocida», asevera Nkiko Nsengimana, del opositor FDU-Inkingi.

En octubre de 2012, un informe de Naciones Unidas acusaba al ministro de Defensa ruandés, James Kabarebe, de «comandar» a los miembros del grupo rebelde tutsi M23 que se encontraban en Congo. «De acuerdo a varios soldados del M23, el Ejército ruandés proporcionó a los rebeldes armas pesadas durante los combates, así como misiles antitanques y antiaéreos», destacaba el documento.

Las acusaciones apenas pillaron por sorpresa. Ese mismo año, otro reporte realizado por un panel de expertos de Naciones Unidas denunciaba que miembros del Ejército ruandés habían entrado en territorio congoleño para ayudar a reforzar las posiciones de los rebeldes, mientras que Kigali aportaba ayuda logística y facilitaba el paso por la frontera a los combatientes.

«La población hutu es sometida y sufre humillaciones mientras el régimen (Kagame) repite sin cesar que el genocidio tutsi fue cometido por extremistas en su nombre»-, destaca Nsengimana-. «Un pecado original que se cierne sobre sus cabezas para siempre».