AMLO no solo ha incumplido su promesa de regresar a los cuarteles al Ejército, sino que ahora lo utiliza como aval y columna vertebral de su gobierno a cambio de prerrogativas y un presupuesto inconmensurable.
El 1 de diciembre de 2021, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, llegará a la mitad de su sexenio. En los últimos
días, ha terminado por definir su peligroso proyecto político para los próximos
tres años y más allá. Más vale que en México la sociedad abra bien los ojos y
los oídos a la peligrosa transformación que está gestando AMLO y que dista
mucho de la propuesta política democrática que lo llevó a ganar las elecciones
en 2018.
Durante los doce años que AMLO buscó la presidencia de
México, entre el 2006 y el 2018, se promovió como un hombre de izquierda,
progresista y democrático. Prometió luchar contra la corrupción, la impunidad,
y contra las elites que han empobrecido al país. Propuso en 2012 que, cuando
llegara a la presidencia, iba a regresar al Ejército Mexicano a sus cuarteles
en seis meses, tras el fracaso de la política del presidente Felipe Calderón,
emanado del partido de derecha Acción Nacional, quien involucró a la milicia en
tareas de seguridad pública. López Obrador se pintaba así mismo como una
especie de neo Ernesto Che Guevara que encabezaba la revolución de los más
necesitados.
Ha actuado de manera opuesta a sus promesas
Hace tres años, en 2018, finalmente logró llegar a la
presidencia. Y recién se sentó en la llamada silla del Águila, comenzó de
actuar de manera opuesta a sus promesas. El hombre que se dijo demócrata se
muestra autoritario, desprecia la crítica y cualquier muestra de disenso. Opta
por la opacidad y la secrecía, y no por la transparencia y rendición de
cuentas. Se autoproclama como el único y posible salvador de la patria, y
cualquiera que cuestione eso es un traidor.
Para coronar ese perfil, en vez de regresar al Ejército a
sus cuarteles en seis meses como lo había prometido, en tres años les ha dado
más poder, más dinero y privilegios metaconstitucionales. AMLO ha terminado
abrazado al poder militar para, con el respaldo de ellos, avalar y alargar su
proyecto de nación más allá de los últimos tres años de gobierno que le permite
la Constitución.
Hacia un autoritarismo ur-fascista
En la víspera de su tercer aniversario en el poder, estos
son los cuatro hechos que muestran claramente que AMLO avanza hacia un
autoritarismo de corte ur-fascista que debería ser motivo de alarma dentro y
fuera de México.
1. Ejército
exige respaldo al "proyecto de nación”
El 20 de noviembre, durante el festejo del 111
aniversario de la Revolución Mexicana, Luis Cresencio Sandoval, Secretario de
la Defensa Nacional violó las leyes que prohíben a cualquier miembro o mando
del Ejército en activo interferir en asuntos de índole político, directa o
indirectamente. En un hecho sin precedentes en la historia moderna de México,
el general, públicamente, en medio de un desfile militar, demandó a la sociedad
mexicana a respaldar el proyecto político de AMLO.
"Como mexicanos, es necesario estar unidos en el
proyecto de nación que está en marcha…”, exigió el titular de la SEDENA con el
fusil en mano, metafóricamente hablando, porque es justo el poder del uso
legítimo de la fuerza la característica de todo ejército nacional. Y es justo por eso que es obligatorio que las
fuerzas armadas se abstengan de hacer pronunciamientos políticos a favor o en
contra de nadie, porque quien lo hace ostentando la fuerza bruta, más que un
gentil llamado es más bien un amago.
El Ejército, aunque operativamente esté bajo el mando del
Poder Ejecutivo, debe su lealtad máxima a la nación y no al presidente en
turno, sea quien sea. Esa conducta es fundamental en la democracia de México,
no solo por la experiencia de dictaduras militares que hubo el siglo pasado en
América Latina, como Chile, Uruguay y Argentina, sino porque en México, en la
década de los años sesenta y setenta, el régimen del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) usó al Ejército como instrumento de represión, imposición y
persecución de disidentes y adversarios políticos.
Como prueba está la masacre de Tlaltelolco en 1968, el
llamado Halconazo, en 1971, y la época de la guerra sucia, cuando las fuerzas
armadas persiguieron, torturaron y desaparecieron a guerrilleros y opositores.
En el pasado menos remoto, en 1994, el Ejército mexicano
combatió con sus armas contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
asesinando a muchos de ellos en un enfrentamiento desigual llevado a cabo en
Ocosingo, Chiapas. Y en 2014 fueron mandos y elementos del 27 Batallón de
Infantería en Iguala quienes espiaron, persiguieron a los estudiantes de la
escuela normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y estuvieron presentes durante
el ataque en el que tres de ellos fueron asesinados y 43 fueron desaparecidos.
Los militares que encabezan hoy el Ejército al que se
abraza AMLO no nacieron ayer. Han solapado no solo violaciones graves a
derechos humanos, desapariciones forzadas, sino que además se han coludido con
el crimen organizado. Hay centenas de documentos en los tribunales de México y
Estados Unidos que lo prueban.
2. AMLO
paga lealtad de la SEDENA
El 19 de noviembre
de 2021, un día antes del ilegal pronunciamiento del general Sandoval, AMLO propuso al Congreso
modificar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para "fortalecer
al titular de la SEDENA”. Y pide crear,
bajo el mando de Sandoval, una Comandancia del Ejército, a través de la cual
este delegue poder y mando. Es decir, AMLO quiere multiplicar los brazos del
titular de la SEDENA para que este pueda hacer más, abarcar más y tener más
poder.
El presidente quiere crear una nueva figura militar
llamada Comandante del Ejército, y una nueva elite de mandos militares en donde
se concentre el poder de las decisiones castrenses, cuyo papel protagónico en
las áreas civiles va en aumento.
El apoyo del Ejército a AMLO no es gratuito, es un apoyo
obtenido gracias a las mayores
prerrogativas y al mayor presupuesto que les ha concedido. El presidente no
regresó a sus cuarteles al Ejército en seis meses como lo prometió, sino, por
el contrario, cogobierna con ellos, los expandió por todo el país como nunca
antes a través de la creación de la Guardia Nacional. Más de 80 mil miembros
del Ejército realizan tareas de seguridad pública que por ley deben llevar a
cabo fuerzas del orden civil.
Además de eso, AMLO ha convertido a la SEDENA en el
principal ejecutor de las obras públicas de su gobierno, y les ha delegado,
también de manera irregular, su administración futura una vez que sean
concluidas, con todo lo que esto conlleva: el Nuevo Aeropuerto Internacional
Felipe Ángeles, el llamado Tren Maya, y la construcción y remodelación de
cuarteles para la guardia nacional, entre otros.
Esto aumenta más peligrosamente el poder del Ejército: un
enojo, una molestia, un capricho que no les conceda este o el presidente en
turno, podría provocar la paralización física del país. Por eso la
militarización es directamente contraria a la democracia.
Aunado a la seguridad pública y a la construcción y
manejo de infraestructura del país, AMLO ha llenado de dinero público las manos
de unos cuantos en el Ejército.
Los números de los análisis programáticos de la cuenta
pública oficiales son claros. En ningún otro régimen anterior al de AMLO la
SEDENA había recibido tantos recursos del erario público, y nunca los había
gastado de manera más discrecional. Ni siquiera en la época de Felipe Calderón
cuando este sacó al Ejército a las calles.
En 2012, el último año del sexenio de Calderón y el de
mayor presupuesto dado a la SEDENA, esta gasto 61 mil 363 millones. En 2015, el
tercer año de gobierno de Enrique Peña Nieto, gastó 59 mil 616 millones. En
2018, el último año del gobierno de Peña Nieto, la SEDENA ejerció la
escandalosa cifra de 80 mil 936 millones de pesos.
En 2019, el primer año de gobierno de AMLO, la Defensa
Nacional gastó 111 mil 618 millones de pesos, casi el doble que el último año
de Calderón, más del 30 por ciento que el 2018. En 2020, la cifra de gasto de
la SEDENA llegó a la estratosférica cifra de 124 mil 51 millones de pesos
ejercidos. Más del doble que en 2012.
3. Opacidad
y autoritarismo por decreto
El 22 de noviembre, después de la exigencia del titular
de la SEDENA de que el pueblo debe apoyar el proyecto de la llamada Cuarta
Transformación, AMLO, fiel a su lema de que "amor con amor se paga”,em itió
un acuerdo presidencial a través del cual blinda de cualquier posibilidad de
oposición o rendición de cuentas todas las obras públicas realizadas en su
mandato. Y si, como ya se explicó en párrafos anteriores, muchas de estas obras públicas son y serán ejecutadas
por el Ejército, el decreto también protege a las fuerzas armadas.
A través del decreto, AMLO ordenó que todos los proyectos
de su gobierno sean considerados de Seguridad Nacional. Con eso los hace
intocables, inamovibles e inescrutables. Violentando la ley que regula aquello
que puede ser considerado de Seguridad Nacional, el Presidente pretende:
imponer sus obras con el pretexto de que son esenciales, no importando si estas
no cuentan con el consenso ciudadano, no importando si son innecesarias,
inviables o de costos excesivos, y sin que deban cumplir con las normas
ambientales o de uso de suelo.
En 2019, cuando AMLO propuso construir el Tren Maya en el
sureste del país, convocó a una consulta popular para que los pobladores de la
región dijeran si estaban de acuerdo o no con el proyecto. Aseguró que iba a
obedecer la decisión de las comunidades: si decían sí, el proyecto continuaría,
si decían no, no lo harían. "Ahí llegamos, el pueblo manda”, afirmó
entonces. A través de su decreto ahora la frase bien podría ser ‘la 4T y la SEDENA mandan'.
4. Ministra
de AMLO avala militarización.
Como colofón de todo este cuadro de perfil autoritario,
el 24 de noviembre, en la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, el
máximo nivel del poder judicial en México,
la ministra Margarita Ríos Farja, exfuncionaria del gobierno de AMLO y
colocada en el cargo en 2019 por AMLO y legisladores de la 4T y aliados, emitió
una resolución para resolver la controversia constitucional interpuesta por la
Presidencia del Congreso en 2020, en la cual se pide declarar inconstitucional
las tareas extralegales decretadas por AMLO, que permiten al Ejército estar
haciendo tareas de seguridad pública.
Ríos Farja, atenta al espíritu de AMLO contra los
‘traidores' y obediente al llamado del titular de la SEDENA, firmó un
resolutivo en el que considera constitucional la militarización de México,
cerrando así el candado que une el perverso matrimonio AMLO-SEDENA
Tras su nominación, lo que era solo una especulación de
que, a través de ella, el gobierno comenzaba una operación de control de la
SCJN, se convirtió en una realidad. Dado lo sensible del caso, la resolución
final deberá ser tomada por el pleno y no por la Primera Sala.
Es necesario un contrapeso
En México se viven horas oscuras. En un país donde existe
profundas raíces dogmáticas impuestas por el colonialismo y la religión,
botones a los que apela la Cuarta Transformación y su patriarca, un país donde
es frecuente que se confundan las simpatías con la sumisión, y donde la opinión
pública es manipulada por la propaganda gubernamental de manera abierta o
encubierta, es urgente que los poderes Judicial y Legislativo, a quienes constitucionalmente les corresponde
hacer un contrapeso al Ejecutivo, lo hagan de inmediato, antes de que el
proyecto militar y autoritario termine de imponerse.
Es momento, incluso para las huestes más fieles de AMLO,
que reabran los libros de historia moderna. Recuerden que los gobiernos que
cogobiernan con el Ejército son la antítesis de la democracia. Que los
ejércitos en el mundo son la elite de la elite, y si no están bajo control,
devoran todo a su paso. Que la militarización es el símbolo máximo del
conservadurismo. El ultranacionalismo es un paso al "ur-facismo” o
"totalitarismo fuzzy”, como lo definió el filósofo y escritor italiano Umberto
Eco, aplicando el concepto al populismo moderno.
Pobre México: AMLO, tan lejos del Che y tan cerca de
Pinochet.
***Anabel Hernández es una periodista de investigación y
escritora mexicana. Es considerada una de las mejores periodistas de
investigación en materia de narcotráfico en México.