Por eso ese día, cuando el candidato presidencial del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, realizaba un mitin político, estuvieron presentes familiares de los 43 jóvenes víctimas de un operativo conjunto donde está documentado que participaron al menos dos pelotones del 27 Batallón de Infantería del ejército mexicano, la policía federal, miembros de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR), policías estatales, policías municipales y miembros de la delincuencia organizada.

"Aquí quiero dejar muy claro que tan luego triunfe nuestro movimiento ¡va a haber justicia para los jóvenes de Ayotzinapa!”,  prometió ante ellos López Obrador en su tercer intento por llegar al poder. Vestía camisa blanca, pantalón negro y una guirnalda de flores de cempasúchil en el pecho. Animado por la verborrea vacía que caracteriza a los políticos mexicanos- más en época electoral-, entonces AMLO vendía ilusiones y promesas a diestra y siniestra como mago de mil chisteras. Oportunista, usó a las familias de los normalistas que portaban los carteles con las fotografías de los 43 como decoración del templete. Usó su dolor y desesperación como moneda para comprar votos. Como prueba está el video del cual transcribo sus palabras exactas para la crónica de una traición.

"Se abandonó a los jóvenes y ahora están pagando las consecuencias. ¡Por eso no vamos nunca jamás a abandonar a los jóvenes!”,  grito desgañitando la garganta en el tono demagógico que lo caracteriza.

"¡Vamos a transformar a México! Estoy haciendo el compromiso de atender a todos, de escuchar a todos, de respetar a todos pero darle preferencia a la gente humilde", prometió arrancando de la multitud que estaba presente una ovación.

El gobierno del priísta Enrique Peña Nieto inventó una falsa ‘verdad histórica' para encubrir al ejército mexicano, a la Policía Federal y a la PGR. La protección no era para cuidarle las espaldas a un puñado de servidores públicos corruptos, sino a un sistema criminal y al grupo militar encabezado por el entonces Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos.

Animado con el aplauso de su público adolorido por la impunidad, AMLO siguió sacando ilusiones de la chistera. "Se va a crear la comisión de la verdad pero la conducción, la dirección de ese proceso de búsqueda y del conocimiento de los que sucedió, de saber toda la verdad va a estar a cargo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la ONU porque el que no la debe, no la teme. No tenemos nada que ocultar y queremos que vengan los organismos internacionales de defensa de derechos humanos”, aseguró.

"¡Nada de sospecha! ¡Justicia! ¡Iguala va a ser el ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático¡…¡Nos vamos a sentir muy orgullosos! Porque va a iniciar una etapa nueva de justicia con paz y dignidad para nuestro pueblo”.

"Duele mucho decirlo”, se lamentó, "son 230 mil homicidios en el tiempo de Calderón y Peña Nieto, oficialmente 36 mil desaparecidos… tenemos todavía 75 homicidios diarios en el país, es muy triste lo que está pasando...”.

"Sepan que les entiendo, y que sé cómo se sienten y todo lo que han sufrido, que merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención”, dijo ese día López Obrador a los padres de los 43, mostrándose empático y servicial.

Qué lejos quedaron esas promesas. Qué indignante el comportamiento del ahora presidente que da la espalda y ataca a quienes prometió justicia.

La traición

Cinco años después, aquella justicia prometida no ha llegado. Por el contrario, López Obrador se ha declarado públicamente a favor de los victimarios: exoneró al ex-presidente Peña Nieto y a los mandos del ejército omitiendo que existe la cadena de mando. Defiende abiertamente a los miembros de la delincuencia organizada quienes afirma "también son pueblo” poniéndolos en el mismo rango que a sus víctimas, renunciando así a su deber de proteger a la población y hacer cumplir la ley.

Ya como presidente, cuando ya no le sirve manipular a los familiares de los 43 normalistas López Obrador se muestra tal cual es: no los entiende, no los respeta, no los escucha, no los recibe. Todo lo contrario, los ataca y les cierra la puerta de Palacio Nacional en las narices como ocurrió el 6 de marzo pasado. Como ha hecho con las madres buscadoras de sus hijos e hijas desaparecidos, como ha hecho con las familias de las miles de víctimas de feminicidio bajo la política pública de impunidad.

Durante semanas, los familiares de los estudiantes y sus abogados pidieron ser recibidos por AMLO, pero éste los mandó con un subsecretrario de Gobernación. Indignados familiares y normalistas que estaban en plantón desde hacía tres días irrumpieron violentamente en Palacio Nacional y rompieron la puerta principal del recinto donde despacha el presidente para que éste los recibiera. López Obrador los acusó de estar manipulados.

En una escalada de violencia el 7 de marzo en Guerrero, el gobierno estatal encabezado por la morenista Evelin Salgado, relacionada familiarmente con el Cartel de los Beltrán Leyva, a través de su suegro Joaquín Alonso Piedra alias "El Abulón”, atacó de nuevo a estudiantes de la normal de Ayotzinapa. La policía estatal asesinó de un disparo en la cabeza al estudiante Yanqui Kothan Gómez Peralta. López Obrador criminalizo a los estudiantes y culpó a la víctima sin mostrar pruebas.

Quienes hemos estudiado el movimiento de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa sabemos que AMLO al usar políticamente el caso de los normalistas desaparecidos ha jugado con fuego. El poder de organización y cohesión de los estudiantes históricamente ha puesto en jaque a más de un gobierno.

En la escalada de protestas, los estudiantes secuestraron el 9 de marzo a 10 soldados de la Guardia Nacional en Guerrero, a quienes liberaron luego de quemar los vehículos militares en que viajaban. Nadie podría justificar la violencia, yo no pienso que sea una vía para resolver la situación, pero la impunidad, la protección a los victimarios, el engaño de López Obrador y su desdén, también es violencia.

Sabotaje y encubrimiento en vez de verdad y justicia

Durante 9 años, de octubre de 2014 hasta el 2023 he investigado el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. Los documentos oficiales y testimonios directos recabados en mi indagatoria mostraron desde un inicio algo irrefutable. Esa noche quienes controlaban el C4 donde se coordinaban todas las fuerzas del orden que estaban presentes en Iguala: policía municipal, policía estatal, policía federal y los cuarteles militares era el ejército mexicano. Era la milicia la que tenía hegemonía sobre las demás instituciones civiles, eran ellos quienes monitoreaban y seguían a los estudiantes rutinariamente, particularmente desde tres días antes del 26 de septiembre cuando los jóvenes secuestraron dos autobuses de pasajeros en los cuales, me indicaron informantes en 2015, estaba escondido un cargamento de droga, sin que los estudiantes lo supieran.

El 26 de septiembre, los normalistas fueron seguidos por militares desde que salieron de la escuela. Así lo prueban los documentos que revelé desde diciembre de 2014 en mi reportaje "La verdadera noche de Iguala”, publicado en la revista Proceso. Revelé que pelotones militares estuvieron en las calles mientras ocurrían los ataques, y di a conocer el primer nombre de un militar directamente involucrado en los hechos: el capitán José Martínez Crespo. Di a conocer un video en el que se prueba que la Policía Federal también estuvo en los ataques armados contra los estudiantes. Presenté el informe de los peritajes que probaban que fueron brutalmente torturados muchos de los detenidos que confesaron un crimen que no cometieron, o que no ocurrió como dice su confesión, con el fin de proteger al ejército y a la Policía Federal.

No hay duda que la cadena de encubrimiento a lo verdaderamente ocurrido esa noche no se fraguó en Iguala, no lo hizo un grupo de militares de bajo rango, ni de policías o autoridades locales. El gran complot para ocultar la verdad ocurrió en las altas esferas del poder, en la oficina de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, quienes comparten la misma responsabilidad que el Procurador Jesús Murillo Karam, quien hoy es el único alto funcionario relacionado con el caso que está detenido.

"No se puede decir que participó el Ejército en la desaparición de los jóvenes, hasta ahora no hay pruebas….”, dijo López Obrador el 8 de marzo pasado encubriendo al ejército pese a que hay documentos y testimonios que prueban su participación.

AMLO no ha querido verdaderamente aclarar el caso porque aclararlo significaría romper pactos políticos y de otra índole que lo llevaron al poder. Pero en este caso principalmente significaría la debacle de un grupo de poder dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional del cual forma parte el general Cienfuegos y a su amigo y muy cercano colaborador, Luis Cresencio Sandoval, actual titular de la Sedena. Inexplicablemente, López Obrador le ha dado a ese grupo un poder operativo, económico y político inconmensurable, como nunca antes se ha visto en la historia moderna de México.

Las promesas hechas aquel 25 de mayo de 2018 fueron olvidadas. Cuando AMLO llegó al poder sí creó la Comisión de la Verdad, pero nunca fue presidida ni por la ONU ni por la CIDH como prometió. Apenas se dio oportunidad al Grupo de Expertos Independientes de la CIDH fueran consultores externos y terminó atacándolos y obligándolos a irse.

"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no actúa con profesionalismo (...) actúan de manera tendenciosa, no son confiables”, ha dicho durante su gobierno, luego de que los enviados de la Comisión denunciaron que la Sedena se niega a entregar todos los documentos que tiene sobre los hechos ocurridos en 2014. Los ha acusado de "administrar el dolor de la gente”.

Quedó como titular de la Comisión de la Verdad  Alejandro Encinas. A principios del 2022 él y su equipo fueron víctimas de espionaje conforme avanzaban los hallazgos que confirmaban la participación del ejército en la desaparición de los estudiantes. Los testigos que podían ayudar a esclarecer el caso fueron intimidados. 

El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez, apoyado por familiares y abogados de los estudiantes así como la CIDH, no corrió con mejor suerte. Fue acosado y  boicoteado por el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. El común denominador es que hizo hallazgos relevantes sobre el involucramiento del ejército. Tuvo que renunciar en 2022 y prácticamente huir de México ante el temor de represalias por parte del ejército o miembros de la delincuencia organizada, como él mismo reveló al periodista John Gibler. Dio detalles de cómo no le permitieron hacer su trabajo y se impidió que se giraran ordenes de aprehensión contra 20 militares. López Obrador lo atacó directamente y ha encabezado una campaña de desprestigio en su contra.

En octubre de 2023, en circunstancias similares renunció el subsecretario Encinas.

El sexenio del horror

Ahora no es la ONU ni la CIDH ni ningún experto independiente quien dirige los trabajos de la Comisión de la Verdad. Ahora es directamente el jefe de las fuerzas armadas: Andrés Manuel López Obrador, cuyo papel cómplice para impedir que se conozca la verdad sobre lo ocurrido será uno de los negros sucesos por los que sea recordado su gobierno.

Aquel 25 de mayo de 2018 en Iguala AMLO se decía escandalizado por las personas asesinadas y desaparecidas en los sexenios de Felice Calderón y Peña Nieto. Tenía razón.

De acuerdo a las cifras oficiales del gobierno de López Obrador que datan del 16 de enero pasado, en el gobierno de Calderón fueron asesinadas dolosamente 121.613 personas, en el sexenio de Peña Nieto 157.158. Pero de enero de 2019 a enero de 2024 , durante el mandato de López Obrador, la pavorosa cifra llego a los 174.587 homicidios, y aún le quedan 8 meses de gobierno. En 2023 el promedio diario fue de 81 ejecuciones al día, en comparación a los 75 que lamentó él lamento siendo candidato en 2018.

Respecto al número de personas desaparecidas, este gobierno también tiene la mayor cifra: con Calderón se registraron 26 mil. Para el final de la administración de Peña Nieto la cifra llegó a los 40 mil 180, entre ellos los 43 normalistas. Para este 10 de marzo la cifra oficial llegó a los 114.681 seres humanos desaparecidos.

La deuda de AMLO con las victimas es injustificable, inolvidable y será una cuenta pendiente con la historia.

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