La Corte del Distrito Este de NY contempló recomenzar la investigación del financiamiento ilegal a la campaña de AMLO en 2006, al mismo tiempo que se fincaban cargos por narcotráfico al General Salvador Cienfuegos.
De 2010 a 2011, la Fiscalía Federal de Distrito Sur de
Nueva York y la agencia antidrogas DEA acumularon información suficientemente
relevante para avanzar en la investigación sobre el financiamiento del Cartel
de Sinaloa a la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006.
Como informé en este espacio, el Cartel de Sinaloa a
través de Arturo Beltrán Leyva asociado de Joaquín Guzmán Loera "El Chapo”
e Ismael Zambada García alias "El Mayo”, hizo llegar a la campaña de AMLO
entre 2 y 4 millones de dólares para obtener a cambio protección, en caso de
ser electo presidente, y de tener influencia en el nombramiento de quien sería
el Procurador General de la República (PGR).
El reto para el Departamento de Justicia no era solo
superar todos los obstáculos políticos que significaba hacer una investigación
de esa naturaleza sino encontrar testigos que corroboraran la información que
les había proporcionado un miembro del clan de los Beltrán Leyva, Roberto López
Nájera, quien se acercó al gobierno de Estados Unidos para obtener protección a
cambio de proporcionar información sobre diversos miembros y cómplices del
Cartel de Sinaloa. Una de las muchas informaciones que proporcionó fue lo
relativo a la campaña presidencial de AMLO.
Un momento crucial en esa investigación fue el arresto
por parte de la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de uno de los
principales partícipes de la triangulación de dinero de la organización
criminal a la campaña: Mauricio Soto Caballero, quien fue miembro del equipo de
campaña de AMLO en 2006, 2012 y 2018, y actualmente es integrante del Congreso
Nacional del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional.
Jugada maestra
Desde la época en que se efectuó el financiamiento del
Cartel de Sinaloa al 2010, Roberto López Nájera mantuvo comunicación con Soto
Caballero, éste no sospechaba que López Nájera estaba colaborando con Estados
Unidos y con la PGR.
Por instrucción del Departamento de Justicia, López
Nájera hizo una reunión con Soto Caballero en San Diego, California en 2010. El
informante dijo que seguía trabajando en el mundo del narcotráfico y Soto
Caballero dijo estar interesado en entrar en ese circuito criminal.
De esa reunión se realizaron reportes oficiales que
forman parte del expediente abierto, sellado.
Meses después se tuvo conocimiento de que Soto Caballero,
quien seguía en contacto estrecho con Nicolás Mollinedo -otro de los partícipes
en la triangulación del dinero ilícito a la campaña- viajaría a Miami, Florida.
López Nájera acordó una cita con él y fue
acompañado de un agente encubierto.
En el encuentro el colaborador de campañas de AMLO volvió
a manifestar su interés en involucrarse en el tráfico de drogas. Todo estaba
siendo registrado en audio y video sin que Soto Caballero lo supiera. El plan
del gobierno de Estados Unidos era que cometiera un ilícito para entonces
arrestarlo y convencerlo de colaborar en la investigación del financiamiento de
la campaña.
No fue difícil lograrlo. En una tercera reunión ocurrida
en McAllen, Texas, ya sin la presencia de López Nájera, el agente encubierto
que estuvo en Miami y uno nuevo tuvieron
reunión con Soto Caballero.
Ahí, simulando ser narcotraficantes, le dijeron que había
llegado su oportunidad, tenían 10 kilos de cocaína para que él la vendiera,
como era su deseo. Soto Caballero dijo que aún no estaba listo, y le pidieron
que entonces los ayudara a guardar la droga lo cual aceptó: fue a un
estacionamiento y tomó las llaves del vehículo donde estaba la cocaína. Había
mordido el anzuelo.
Confesó todo
Horas después agentes de las fuerzas del orden tocaron a
la puerta de su habitación en el hotel donde se hospedaba y le dijeron que
estaba arrestado. La acusación era por conspirar en el tráfico de droga. Un
delito muy grave en Estados Unidos.
Le hicieron una oferta que no podía rechazar: o lo
presentaban ante un juez en Texas y quedaría detenido en una prisión, o aceptar
se llevado a la Corte de Distrito Sur de Nueva York, contar con la asistencia
de su abogado y firmar un acuerdo de culpabilidad y colaboración.
Así, en otoño de 2010 quien fuera pieza fundamental en la
canalización de dinero del Cartel de Sinaloa a la campaña de AMLO se declaró
culpable y aceptó colaborar con la Fiscalía en la investigación sobre lo
ocurrido en el 2006.
Ahí confesó todo. Reconoció que sí había ocurrido la
primera reunión en Nayarit -narrada en la primera parte de esta historia- que
había estado Edgar Valdez Villarreal alias "La Barbie” como enviado de
Arturo Beltrán Leyva, su suegro Carlos Montemayor, López Nájera, el empresario
Francisco León y el empresario Emilio Dipp entre otros. Y dijo que ahí se
acordó la millonaria aportación a la campaña de AMLO.
También admitió -y de eso hay reportes escritos que están
bajo sello en la Fiscalía- que él mismo
recibió el dinero enviado por el Cartel de Sinaloa y que le entregó el dinero a
Mollinedo, el hombre de mayor confianza de AMLO. Dijo que muchas de las
entregas se hicieron en las oficinas de Aristóteles 131 en Polanco donde él
despachaba. La confesión de Soto Caballero fue voluntaria y aceptó ayudar para
tenderle una trampa a Mollinedo.
Infiltrado
En Las Vegas, Nevada, agentes del orden llegaron de
improviso al hotel donde se hospedaba Emilio Dipp, otro de los testigos
presenciales de los hechos. Asustado, aceptó contar lo que sabía y corroboró
que hubo el acuerdo entre el Cartel de Sinaloa para financiar a AMLO en su
aspiración presidencial.
Soto Caballero fue puesto en libertad temporal para que
pudiera fungir como infiltrado. En 2011 lo mandaron a reunirse con Mollinedo en
las oficinas que AMLO tenía en la colonia Roma, en la Ciudad de México.
Mollinedo no sospechaba que su amigo estuviera trabajando como informante del
gobierno de Estados Unidos.
Con una grabadora oculta, Soto Caballero registró la
conversación con Mollinedo. Estaba preocupado de que algunas personas detenidas
por la PGR en el marco de la Operación Limpieza pudieran hablar de la relación
entre ellos y el Cartel de Sinaloa. El chofer y operador de AMLO dijo que ya
había hablado con la esposa de uno de ellos y que no había de qué preocuparse.
Aunque era una admisión de los vínculos, para
judicializar se requería obtener una confesión de Mollinedo más explícita.
El dilema
De acuerdo a la información que he recabado, la Fiscalía
y la DEA estaban ante un dilema. Aún faltaba tiempo para llevar a buen término
la indagatoria y estaba por prescribir el delito que podría llegar a atribuirse
en caso de concluir exitosamente la indagatoria. Por otro lado AMLO era el
líder de oposición más importante en México. Se acercaba la elección
presidencial de 2012.
El Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC por
sus siglas en inglés) que había sido quien autorizó el inicio de la
investigación, evaluó la pertinencia de continuar o no las pesquisas. AMLO anunció en noviembre de 2011 que sería de
nuevo candidato a la presidencia para las elecciones del 2012. Ese fue un elemento sustancial para cerrar la
investigación para evitar así que se acusara al gobierno de Estados Unidos de intervenir
en los comicios. No es que no hubiera un caso o que las pruebas no fueran
sólidas o creíbles para continuarlo, más bien pesaron más los criterios
políticos.
Tras su colaboración con el Departamento de Justicia,
Soto Caballero fue sentenciado en la Corte de Distrito Sur en Nueva York a un
periodo probatorio (probation en inglés), un tipo de sanción para quien ha
cometido un crimen. En vez de ingresarlo a prisión queda libre, pero si vuelve
a cometer un delito en Estados Unidos irá a prisión.
AMLO perdió la elección presidencial en 2012 ante Enrique
Peña Nieto, emanado del Partido Revolucionario Institucional. En esa campaña
también colaboró Soto Caballero. Fue hasta 2018 que López Obrador logró ganar
la presidencia. De nuevo, el responsable confeso del financiamiento ilícito,
participó como operador en esa campaña.
Revivir el caso
AMLO negó este miércoles el financiamiento del Cartel de
Sinaloa a su campaña y dijo que todo era falso, una calumnia. Acusó que era una
operación del gobierno de Estados Unidos para incidir en las elecciones.
Después de la publicación de esta columna la noche del
martes publicaron versiones coincidentes los prestigiados medios de
comunicación ProPublica
e Insightcrime.
Lo que yo puedo afirmar es que no hay ninguna
intencionalidad electoral en los repostajes de investigación incómodos al poder
que he escrito en el sexenio de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña
Nieto y el actual. Llevó más de dos años señalando en esta columna los
múltiples casos de gobernantes o funcionarios públicos relacionados con el
partido Morena que tienen vínculos con el Cartel de Sinaloa y otras
organizaciones criminales. No es una temática que aborde ahora porque son
tiempos electorales. No hay duda de que la sociedad tiene derecho a conocer
estos casos, incluyendo el del financiamiento a la campaña de AMLO en 2006.
Soto Caballero, actual miembro del congreso nacional del
partido Movimiento de Regeneración Nacional, un órgano clave donde se toman
decisiones trascendentales en el partido de López Obrador, confesó que el
financiamiento existió y que él fue parte de dicha operación.
Propongo desde este espacio que AMLO lleve a Soto
Caballero a la conferencia matutina e informe a la sociedad mexicana que hubo
ese financiamiento del Cartel de Sinaloa como él mismo lo admitió ante la Fiscalía de Nueva York.
Por cierto, en el año 2020 cuando el ex Secretario de la
Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue detenido en Estados Unidos acusado
de narcotráfico y de complicidad con una célula de los Beltrán Leyva, en la
Corte del Distrito Este de NY donde se llevaba ese caso y el del ex Secretario
de Seguridad Pública, Genaro García Luna, se llegó a plantear si podría abrirse
una investigación sobre el financiamiento a la campaña de AMLO en 2006. Para
ello tendrían que contar con nuevos elementos o criterios.
Cuando de nueva cuenta pesaron más las repercusiones
políticas que la justicia, y por presión de López Obrador, se liberó a
Cienfuegos, volviéndose a cerrar la posibilidad de llegar al fondo en el caso
Cartel de Sinaloa- campaña AMLO.
Personalmente yo como periodista pude hablar con dos
testigos directos de los acuerdos del financiamiento y de la entrega efectiva
del dinero del cartel de Sinaloa a la campaña. Hablé con un miembro del equipo
de AMLO y uno del Cartel de Sinaloa.
https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-pas%C3%B3-con-la-investigaci%C3%B3n-abierta-sobre-el-financiamiento-ilegal-a-campa%C3%B1a-de-amlo-en-2006-ii/a-68143674