En la desafortunada estela del Gobierno argentino y su decisión de expropiar el 51% de YPF, el presidente de Bolivia, Evo Morales, ha firmado el decreto de nacionalización de la compañía Transportadora de Electricidad S. A. (TDE), propiedad de Red Eléctrica Española (REE). Como en el caso de YPF, estamos ante un caso de expolio de una propiedad con dueños y accionistas, basado en retóricas insostenibles en términos de mera racionalidad económica o seguridad jurídica contractual. Morales y su Gobierno han actuado al margen de las reglas que ordenan el respeto a la propiedad y el ordenamiento jurídico internacional.

El anuncio y la exposición de motivos de la expropiación rivalizan en extravagancia. Morales ha convertido en un ritual la nacionalización de una eléctrica durante el Día del Trabajo; el 1 de mayo de 2010 nacionalizó tres. No se ha dignado el presidente boliviano a ofrecer una sola razón económica o industrial para su decisión; solo alude al “justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos nacionales y los servicios básicos”, y recurre a la coletilla de que ha habido una inversión insuficiente. Retórica que encubre una respuesta o gesto chauvinista a la creciente desapego de sus apoyos políticos y al descontento en la población. Por desgracia, se extiende por América Latina la idea de afianzar regímenes carismáticos a costa expoliar propiedades privadas o de otros países.

Morales ha interpretado la expropiación de YPF como signo de debilidad del Gobierno español. Aunque causó algunas protestas internacionales, no se ha tomado una sola medida que castigue de verdad al expropiador. El daño económico de la decisión de Bolivia es inferior al de YPF. Sin embargo, hay una diferencia significativa: Red Eléctrica está participada por el Estado. El Gobierno está directamente concernido. Esperemos que ahora responda de forma disuasoria. Peligran inversiones decisivas en varios países latinoamericanos.