López Obrador, del PRD, perdió las elecciones por un margen muy pequeño de los votos (el 0,58%) frente al candidato del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), a pesar de lo cual inició un peligroso camino de deslegitimación de la democracia cuando mandó al diablo las instituciones y decidió rechazar el resultado electoral en nombre de un supuesto fraude. Ahora acaba de dar un paso que empeora la situación, al proclamarse presidente de México ante cientos de miles de partidarios en la plaza del Zócalo. Los temores, bastante fundados si se atiende a la escasa finura democrática del personaje, apuntan a que el siguiente disparate sea el nombramiento de una especie de Gobierno paralelo que consagre la división del país.

Aunque excéntrico hasta ahora en México, el comportamiento de López Obrador está en línea con las tentaciones bien recientes de cambios constitucionales y reformas legales en algunos países latinoamericanos, como Venezuela o Bolivia, orientados a perpetuar o ampliar las presidencias actuales sin pasar por las urnas. Son la excrecencia de actitudes caudillistas o de simple desprecio a las reglas más elementales que deben respetar todos los partidos democráticos: el ganador, por el margen que sea, gobierna si se lo permiten sus leyes parlamentarias y el perdedor saluda, da la enhorabuena y se dedica a vigilar estrechamente al Gobierno elegido. Sería inútil, probablemente, recordar a López Obrador la conducta en casos similares de otros políticos de más fuste y tradición democrática, como la de Al Gore en Estados Unidos, que renunció a prolongar una controversia sobre un supuesto fraude electoral para no dividir al país y mantener la estabilidad.

Si los comportamientos elegantes no le conmueven, puede reflexionar sobre el deterioro de la imagen de México en el exterior, política y también económica. Lo que importa es que las instituciones mexicanas dispongan de resortes para acabar con este intento ridículo de subvertir la democracia, y que los países del entorno que ahora jalean sus pretensiones -y que coinciden con quienes sugieren reformas constitucionales retrógradas- reconozcan públicamente y sin reservas al verdadero ganador, Calderón.