Una de las preguntas recurrentes cuando hay un cambio de gobierno en cualquier país es qué ocurrirá con las políticas instrumentadas una vez que una administración deja el poder. En México en las últimas décadas, a pesar de que durante la mayor parte del siglo XX existió un solo partido en el gobierno, la verdad es que muchas políticas seguidas por un gobierno eran olvidadas e incluso atacadas en el siguiente. Realmente son raros los casos de políticas que trascendieron un sexenio. Y ello se debe a múltiples razones: porque eran inviables, por las disputas entre los grupos en el poder o porque un nuevo partido en el poder así lo había propuesto en campaña.
Toda esta discusión viene a cuento porque conforme se aproxima el fin del sexenio de Calderón crece la especulación sobre si el combate al narcotráfico tendrá la misma prioridad e intensidad que durante el gobierno actual, sobre todo si ocurre, como señalan algunas encuestas prematuras, que el PRI recupere la Presidencia. Si bien a estas alturas, cualquier ejercicio premonitorio sobre el resultado de la elección presidencial cae más en el campo de la adivinación que en el de la ciencia, lo cierto es que esta posibilidad ya le quita el sueño al gobierno de EU. Y no porque no puedan llevarse bien con el PRI —finalmente lo hicieron durante 71 años— sino porque perciben la posibilidad de que haya un cambio en la política antidrogas. Al menos eso sugieren las declaraciones de Anthony Placido, jefe de inteligencia de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense, quien señaló hace unos días que “nadie sabe quién va a ser el próximo presidente y si va a tener las mismas ganas de perseguir delincuentes”. Claro, estas declaraciones también pueden referirse a un presidente del PAN o de otro partido. Pero, es difícil ignorar el hecho de que si algo supo hacer el PRI durante sus siete décadas de estancia en la Presidencia y en casi todos los espacios de poder en México fue precisamente, no perseguir mucho a los delincuentes. Y desde luego que más de algún político priísta debe estar pensando en que si gana la Presidencia mejor regresamos a la “pax narcótica” que había en los tiempos del priato en la cual los narcos se mataban menos pero también se volvían más fuertes.
Pero, ¿qué tan real es esta posibilidad, más allá de la preferencia de los políticos? Lo cierto es que el futuro de la política antidrogas va a depender mucho de que haya algunos resultados visibles que hagan que la población mantenga cierto apoyo a la política de confrontación con el narco. Lo que sorprende es que a pesar de la creciente narcoviolencia, que abarca ya a víctimas “colaterales”, gente inocente que no tiene nada que ver con el negocio, parece haber un consenso entre la clase política de que lo que falta son más controles al uso de la fuerza estatal contra el narco y no dejar el país a merced de los delincuentes. Al menos eso dicen los discursos de los políticos. Y también es cierto que las encuestas siguen mostrando todavía cierto apoyo a la guerra contra el narco a pesar de que crece el pesimismo sobre una victoria final del gobierno. Y desde este punto de vista, la opinión pública va a ser fundamental para decidir el futuro del combate al narco, independientemente de quién sea el presidente. Ciertamente, no se va a ver una reducción de la violencia de la noche a la mañana, a pesar del optimismo del secretario Gómez Mont al respecto. Pero sí es factible que haya un uso más cuidadoso de la fuerza pública que al menos mande el mensaje de que el gobierno “sabe lo que hace” y que no está lanzando palos de ciego. Si eso se logra, si las víctimas “colaterales” son menos y en los casos en que se den se aclara sin lugar a dudas lo que pasó y se castiga a los responsables, es probable que la lucha contra el narco se mantenga durante la próxima administración. Si ello no ocurre, podríamos regresar a la política de simulación y tolerancia del narcotráfico, aun si el próximo presidente proviniera del PAN. Estados Unidos tiene razón en preocuparse por el futuro de la guerra contra las drogas en México. Un regreso a la política de tolerancia es posible, lo cual sólo va a agravar las cosas en el mediano plazo. Por eso urge que se fortalezcan ya las instituciones y los controles sobre la actuación de la fuerza pública. Claro, si los diputados se ponen de acuerdo en algún momento sobre qué quieren de la Ley de Seguridad Nacional…
jorge.chabat@cide.edu
*Analista político e investigador del CIDE
