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21/08/2012 | Argentina denuncia a España por priorizar la compra de biodiésel europeo

Alejandro Rebossio

El Gobierno de Fernández de Kirchner se ha quejado ante la Organización Mundial del Comercio. El Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene 60 días de plazo para responder a Buenos Aires.

 

Con el argumento de que Repsol no había invertido lo suficiente para evitar el déficit energético de Argentina, Fernández decidió el 16 de abril la expropiación de YPF y de inmediato el Gobierno de Rajoy prometió represalias. Cuatro días después, el Consejo de Ministros español decretó el reemplazo del biodiésel argentino por el de otros países europeos. En 2011, Argentina había destinado un tercio de las exportaciones de este combustible derivado de la soja a España, lo que equivalió a 798 millones de euros. La mitad de las importaciones españolas de biodiesel provenían de Argentina. Este país ha redirigido en estos meses hacia Alemania y otros países europeos también productores del combustible buena parte de los envíos que antes iban a España.

Argentina había escuchado en marzo reclamaciones de unos 40 países, incluidos los 27 de la UE, por sus restricciones generalizadas a las importaciones. Buenos Aires ha respondido denunciando ahora a la UE por el biodiésel y el mes pasado a EE UU y Japón por la imposibilidad de venderles limones y carnes. "En los últimos meses Argentina ha venido denunciando en diversos foros, como la OMC, los efectos negativos de numerosas trabas a nuestras exportaciones", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino en la presentación por la veda española al biodiésel. "La base del proteccionismo mundial son las medidas distorsivas tradicionales, como altos subsidios y aranceles, junto con la proliferación de barreras medioambientales, sanitarias, fitosanitarias y técnicas sin justificación científica. Estas acciones han sido desarrolladas en forma paralela al rechazo a los injustificados cuestionamientos contra nuestro país por parte de algunos países", añadió el ministerio.

Después de la nacionalización de YPF, España ha buscado apoyos diplomáticos en Latinoamérica, aunque solo ha conseguido la condena explícita a la expropiación por parte de México, cuya petrolera estatal, Pemex, es accionista de Repsol. En el G20, grupo al que pertenece Argentina, pero no España (está representada por la UE), el Gobierno de Rajoy no ha logrado que un reproche conjunto contra Argentina, aunque los jefes de Estado y de Gobierno, incluida Fernández, se manifestaron en favor de "la protección de las inversiones".

España ha comenzado a obstaculizar la aprobación de créditos por 142 millones de euros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Argentina con el argumento de que debían analizarse mejor. Son préstamos para la política de ciencia, tecnología, fortalecimiento institucional y gestión financiera de las provincias.

Buenos Aires ha adoptado medidas contrarias a los intereses de España, pero que de ninguna manera iban dirigidas solo a este país. Por ejemplo, para proteger a los criadores de cerdos argentinos, el Gobierno de Fernández limitó en mayo la importación de jamón de todos los orígenes. El principal proveedor de jamón importado en Argentina era España, seguido por Brasil e Italia.

En julio, Argentina anunció que a partir de 2013 dejará de regir el acuerdo para evitar la doble imposición tributaria con España, aunque manifestó su intención de negociar uno nuevo. Al mismo tiempo Buenos Aires canceló convenios similares con Chile, Suiza y Austria con el argumento de que favorecían el fraude tributario. Por ejemplo, sus autoridades impositivas alegan que empresas de su país y de otros orígenes se hacían pasar por españolas para pagarles menos gravámenes.

En otro intento por reforzar las reservas que se usan para pagar la deuda externa y evitar una devaluación del peso, el Banco Central de Argentina dispuso que los 80.000 extranjeros que cobren pensiones de sus países recibirán la paga en pesos, y no en la moneda de origen. La medida perjudica en especial a los italianos y, en segundo término, a 24.000 españoles.

El Banco Central también ha obligado en julio a todos los bancos, incluidos Santander y BBVA, a destinar el 5% de los depósitos del sector privado a préstamos con un tipo de interés del 15% (la inflación es del 22%) para que las empresas inviertan. El pasado jueves el gerente general del Banco Central, Matías Kulfas, esgrimió que para los bancos era negocio porque se fondeaban con depósitos que rinden el 5,6%.

El Pais (Es) (España)

 


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