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26/10/2012 | La experiencia de la flexibilización laboral en Latinoamérica a propósito del actual debate en México

Alejandro Rebossio

En junio pasado España aprobó una reforma laboral y los ERE (expedientes de regulación de empleo, es decir, los ajustes de plantilla) han aumentado, pese a que se suponía que la flexibilización buscaba facilitar la creación de empleo.

 

En México también quieren relajar las normas laborales. El Senado mexicano aprobó la reforma el pasado miércoles, la primera en 42 años, pero con modificaciones que además pretenden acabar con la eternización de los jefes sindicales, por lo que la Cámara de Diputados deberá revisar el proyecto otra vez. Si no lo hace ante del martes próximo, la iniciativa perderá el carácter de urgente que le había imprimido el presidente del país, Felipe Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN). Sucede que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), del futuro jefe de Estado, Enrique Peña Nieto, está ligado a los sindicatos y puede llegar a demorar el debate del proyecto en la cámara baja. 

Las discusiones en España y México vuelven a poner la lupa sobre las consecuencias de las reformas laborales, un tema que ya hemos tratado en este blog hace unos meses a partir de la experiencia latinoamericana. Aquella vez citamos un estudio de investigadores de la Universidad de La Plata (Argentina) que había publicado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y que se refería al fracaso de las flexibilizaciones en su objetivo de crear trabajo. En esta oportunidad analizaremos otro trabajo de un analista de la CEPAL, el alemán Jürgen Weller, y que se publicó el año pasado en la revista Nueva Sociedad, de la Fundación Friedrich Ebert.

Weller señala que en los 90, en medio de otras reformas para liberalizar los mercados, en el mundo del trabajo, “si bien con importantes diferencias entre los países (latinoamericanos), se observó una flexibilización de las relaciones contractuales, que en ocasiones implicaba su ‘deslaboralización’, una menor intervención por medio de instrumentos como el salario mínimo, y una caída de los niveles de sindicalización y de la cobertura de la negociación colectiva”. Algunas de estas desregulaciones se produjeron de facto, es decir, porque creció el mercado de trabajo informal. Ante la apertura a la competencia mundial, ciertas pymes optaron por competir con mano de obra precarizada. “En consecuencia”, decía Weller, “durante los años 90 ganaron importancia dos formas de exclusión laboral: el desempleo surgió como un fenómeno cada vez más amenazante y con los cambios de facto y de jure se expandió una gran cantidad de relaciones laborales ‘atípicas’, incluso en sectores de mediana y alta productividad”, describe el economista y politólogo de la Universidad Libre de Berlín.

“A partir de la seguidilla de crisis que comenzaron a afectar a la región a partir de 1998 se reforzó el cuestionamiento a muchas de las políticas aplicadas, y en el ámbito laboral las propuestas de amplias desregulaciones, aunque no desaparecieron de las discusiones, sin duda perdieron peso político”, reseña Weller. “En consecuencia, las reformas se centraron más en el fortalecimiento de las políticas activas del mercado de trabajo que en la modificación de las relaciones laborales individuales o colectivas. El alto crecimiento económico que benefició a la región a partir de 2003-2004 abrió paso a un contexto favorable para la generación de empleo y la mejora de su calidad. Y en varios países, sobre todo bajo gobiernos de una orientación más hacia la izquierda que la que prevaleció durante los años 90, se intentó rerregular el mercado laboral, fortaleciendo la organización sindical, el diálogo social, la capacitación y la formalización del empleo”, añade el experto de la CEPAL, organismo de Naciones Unidas.

Para reducir el paro, “se buscó fortalecer las áreas de capacitación (mayor orientación a la demanda, mayor diferenciación de la oferta según las necesidades heterogéneas, recalificación, etc.), los subsidios para la contratación, sobre todo de jóvenes (por ejemplo, en México), la intermediación (incorporación de nuevas tecnologías, descentralización) y el fomento para la creación de autoempleo o microempresas", describe Weller. Para combatir la precarización laboral, “después de la marcada reducción del grado de sindicalización en la región (en los 90), en la década pasada se verifica un incremento de la organización sindical en varios países”. Además, “cambios legales facilitaron la negociación colectiva para trabajadores subcontratados y empleadas domésticas; varios países han regulado la subcontratación, que en el pasado se había transformado en un mecanismo para eludir las normas laborales; un cierto número de gobiernos ha reforzado los servicios de inspección del trabajo; se han emprendido reformas de la justicia laboral para acelerar los procedimientos, lo que en muchos casos implica transformar los derechos formales en derechos reales; y se han hecho esfuerzos, con base en un diálogo tripartito, para mejorar la regulación en el nivel sectorial”. En los 2000 se contrajo el desempleo y el trabajo informa en la región.

Weller considera que Latinoamérica aún enfrenta desafíos en cuanto a reducir la elevada inestabilidad laboral, que aumentó por las flexibilizaciones de los 90; perfeccionar la institucionalidad laboral existente, hacer frente a la desigualdad en las condiciones de trabajo, pero también estimular la productividad en un mundo con mayor competencia global. El analista de la CEPAL advierte de que la flexibilidad ha estado vinculada con bajos salarios y precariedad. Admite que “la estabilidad del empleo difícilmente puede ser el instrumento clave de protección de los trabajadores frente a la volatilidad de los mercados”, pero alerta que “tampoco se trata de implementar una total libertad en la contratación y el despido, sobre todo tomando en cuenta la correlación positiva entre la permanencia en el puesto de trabajo y la productividad laboral”.

En la crisis argentina de 2002, en medio de la depresión económica, en lugar de relajar las normas que permitían despedir personal, el Gobierno del peronista Eduardo Duhalde duplicó el coste de la indemnización para los cesanteados. El paro había subido del 18,3% en octubre de 2001 al 21,5% en mayo de 2002, pero en octubre de este mismo año volvió a descender al 17,8%. La ruptura de Argentina con su atadura al dólar, que había durado diez años, y la devaluación del peso en enero de 2002 abarató la mano de obra y estimuló la recuperación de la actividad económica y del empleo. En la Gran Recesión mundial de 2008/2009, más de un empresario argentino comentaba que no iba a reducir la plantilla porque en la crisis local de 2001/2002 lo había hecho y después le había costado encontrar empleados bien calificados para aprovechar la recuperación que había sobrevenido más tarde.

En una reciente presentación en Buenos Aires, un economista de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, según sus siglas en inglés), Alfredo Calcagno, criticó las reformas laborales que alientan las reducciones de las nóminas: “No es achicando los salarios que se reduce el desempleo porque si todas las empresas hacen lo mismo, no van a tener a quién venderle. Si una empresa sobrevive con reducción de salarios, no va a innovar. Y las empresas tienen que ser competitivas. No es bajando salarios que en el largo plazo el capitalismo tiende a progresar”. En cambio, recomendó una política laboral que refuerce la negociación colectiva de empresarios y trabajadores, con la guía de los gobiernos, para que juntos busquen metas de productividad e inflación.

El País (Es) (España)

 



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