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03/07/2014 | El año que Egipto descendió a los infiernos

Francisco Carrión

El país más poblado del mundo árabe ha vivido los 12 meses más sangrientos de su historia reciente, con más de 3.000 muertos y un reguero de torturas.

 

La noche del 3 de julio de 2013 el entonces jefe del ejército Abdelfatah al Sisi consumó un golpe de Estado en nombre de la democracia. Un año después, sin embargo, el país más poblado del mundo árabe vive roto por los desgarros: las violaciones de derechos humanos, con prisiones inmundas en las que se hacinan miles de almas, son sistemáticas y las libertades que germinaron en Tahrir se han esfumado. El urdidor de la asonada que ha convertido Egipto en una gran cárcel disfruta de sus primeras semanas en palacio. Las semillas del descontento que estalló en 2011 no han desaparecido.

En el primer aniversario de la expulsión "manu militari" del islamista Mohamed Mursi, el país no tiene nada que celebrar. A una profunda crisis económica y unas instituciones infectas de corrupción, se suma el regreso del Estado policial y un clima de polarización y odio desconocido en décadas. El puño de hierro de militares y policías arroja en los últimos doce meses cifras escalofriantes: 41.163 personas han sido arrestadas desde julio hasta el pasado mayo; más de 3000 han muerto en los baños de sangre que han jalonado el calendario y las denuncias de torturas, violaciones y fallecimientos entre rejas se cuentan por cientos.

La Hermandad, tocada pero no hundida

La campaña de demonización, orquestada por los medios de comunicación durante los meses previos a la asonada, allanó el camino a la caza de los Hermanos Musulmanes, la organización que venció en todas las citas con las urnas desde el ocaso de Hosni Mubarak en 2011. Desde julio, la cofradía -con más de ocho décadas de historia- ha sido el blanco de las autoridades. Miles de seguidores y líderes han dado con sus huesos en prisión y otros cientos han muerto en manifestaciones y sentadas como el atroz desalojo en agosto de la acampada de Rabea al Adauiya que segó al menos 600 vidas.

El pasado diciembre el Gobierno interino declaró a la Hermandad "grupo terrorista" sin aportar pruebas de su vinculación con los ataques que sufren desde julio las fuerzas de seguridad. Aún hoy la catalogación carece de apoyos en la comunidad internacional, más allá de los países del golfo Pérsico que financian la vuelta a la autocracia. Un informe publicado en mayo por el departamento de Estado de Estados Unidos insiste en que el régimen "no ha proporcionado ninguna prueba sólida de que los Hermanos Musulmanes estén involucrados directamente en los atentados terroristas".

La organización, que ha perdido sus propiedades y su amplia red de asociaciones de caridad, mantiene sin embargo cierto poder de convocatoria. "Lo único que ha cambiado es que una persona se encarga ahora del trabajo que desarrollaban dos o tres miembros", declaró a EL MUNDO Wafaa Hefni, nieta del fundador de la cofradía y uno de los últimos rostros libres del grupo, en una entrevista reciente. Al Sisi ha prometido que durante su presidencia "no habrá nada llamado Hermanos Musulmanes" pero es un deseo difícil de cumplir. La Hermandad está curtida en la clandestinidad y sobrevivió al régimen de Gamal Abdel Naser.

La disidencia secular tampoco se salva

En el último año el aparato policial ha clausurado cualquier resquicio de libertad. Los iconos seculares de la revolución que habitó la cairota plaza Tahrir están hoy entre rejas. El pasado 11 de junio el activista Alaa Abdelfatah, uno de los símbolos juveniles que soñaron el cambio, fue condenado a 15 años de cárcel por organizar una protesta sin el permiso que exige una draconiana ley antiprotestas promulgada en noviembre.

"Cuando alguien habla sobre la dirección errónea que ha tomado el país y las violaciones de derechos humanos o la represión que crecen diariamente, las consecuencias son la muerte o la cárcel", denuncia desde prisión Ahmed Maher, ex coordinador del movimiento juvenil 6 de abril. Los últimos reductos para la oposición son las universidades, escenario de manifestaciones diarias durante el último año, y las organizaciones de derechos humanos, que han documentado las embestidas del régimen. La ley que regirá las elecciones legislativas, previstas para los próximos meses, garantiza la debilidad de los partidos políticos y abona el terreno para un parlamento dócil de leales al poder.

"El ambiente actual de represión no es sostenible a largo plazo", reconoce a EL MUNDO el politólogo y activista liberal Amr Hamzawi, quien afirma que no se logrará la estabilidad si el régimen apuesta solo por soluciones de seguridad. "Cerrar el espacio político para todos salvo para quienes siguen la línea oficial impulsará a los excluidos a hallar medios alternativos y espacios donde expresar su descontento", advierte la analista Maha Yahia, del instituto Carnegie.

Represión a sangre y fuego

Egipto ha pulverizado todos los registros de derechos humanos. A los 40.000 detenidos, se añade una justicia que opera como un brazo más de la brutal represión. Desde enero los tribunales han dictado 1.247 condenas de muerte, pendientes de revisión, y ha confirmado 247 penas capitales contra presuntos militantes de la Hermandad, incluido su guía espiritual Mohamed Badía. Un envío al cadalso a escala industrial, en procesos de una sola sesión y sin garantías procesales, que ha provocado la repulsa internacional.

La máquina del terror está perfectamente engrasada. "Las fuerzas de seguridad están de vuelta y funcionando a pleno rendimiento, empleando los mismos métodos de tortura que se usaron en las horas más oscuras de la era Mubarak", afirma Hassiba Hadj Sahraui, directora de Oriente Próximo y Norte de África de Amnistía Internacional (AI). De la persecución judicial y los arrestos arbitrarios tampoco se ha librado la prensa. Los medios de comunicación críticos con el poder han sido clausurados y al menos 16 periodistas se encuentran actualmente detenidos en un golpe contra la prensa que incluye además una campaña de difamación contra los corresponsales extranjeros y ataques de turbas.

El golpe que reactivó el discurso yihadista

Desde la asonada, Egipto sufre la peor oleada de ataques terroristas en décadas. Los atentados, reivindicados por grupos yihadistas, se han cobrado más de 500 vidas, entre ellas, las de al menos 252 policías y 187 soldados. El balance de víctimas ha vencido los registros de los años más duros de la década de 1990, cuando el entonces presidente Hosni Mubarak se enfrentó al rebrote de grupos extremistas como Al Gamaa al Islamiya.

En 1995, según el centro Ibn Jaldún, el terrorismo arrancó 415 vidas (108 policías, 217 militantes y 90 civiles). La mayoría de los atentados han sido reivindicados por Ansar Beit al Maqdis, una organización yihadista radicada en la península del Sinaí que ha logrado llevar su lucha hasta El Cairo.

La ruina económica

La incapacidad de Mursi para curar una economía devastada fue una de las claves que precipitó su caída tras las multitudinarias manifestaciones del 30 de junio de 2013. Pero, lejos de lo prometido, los nuevos inquilinos no han traído la prosperidad: el déficit presupuestario alcanzó el año pasado el 14 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), la inflación llegó al 10,3 por ciento en el primer trimestre de este año y la tasa oficial de desempleo sobrepasa el 13 por ciento.

El crecimiento anual, que no llega al 3 por ciento, es insuficiente para crear empleo en un país de 90 millones de habitantes con una demografía desbocada y una escasez de recursos que ha vuelto frecuentes los cortes de electricidad. De momento, Egipto ha sorteado la bancarrota gracias a la inyección de alrededor de 20.000 millones de dólares -en concepto de préstamos, subvenciones y productos energéticos- de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. El pueblo, entretanto, sufre décadas de corrupción y abismos sociales.

El Mundo (España)

 



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