No hay una conspiración por parte de las ONG internacionales, las cuales a través de testimonios, entrevistas con autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil han dado fe de la terrible crisis humanitaria que asola a nuestro país, para debilitar al gobierno de México.
Tampoco los medios de comunicación como el Wall Street Journal y el New York Times están buscando que el presidente Enrique Peña Nieto quede mal ante otros gobiernos o debilitarlo al haber publicado –como muchos otros medios internacionales ya lo hicieron– cuestionamientos de su probidad y de la de aquellos que lo rodean.
Las críticas del exterior de que México tiene un problema grave de corrupción y de violaciones masivas de derechos humanos tienen fundamento.
Y estos dos cuestionamientos al gobierno, el de corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, han debilitado enormemente la capacidad de este mismo gobierno de resolver exactamente estos dos problemas porque agravan la falta de credibilidad que tiene no sólo este presidente, sino también sus antecesores.
Mucho se ha hablado y analizado sobre los problemas de corrupción en el país.
Hablemos de derechos humanos, y cómo el gobierno federal está públicamente atacando a los mensajeros. Cuestionar, maltratar y degradar a los mensajeros internacionales, es un error, un terrible error porque pone a la opinión pública en una situación de tener que creer a los expertos internacionales o a los representantes del gobierno. ¿Quién tiene más credibilidad en este momento: ¿La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el relator de las Naciones Unidas sobre la Tortura o el Alto Comisionado de la ONU versus los ataques y cuestionamientos del subsecretario de Gobernación o el consultor jurídico de Relaciones Exteriores?
Algunas de las críticas burdas, en el caso de la visita de la delegación de la CIDH, son por ejemplo, que dos de los comisionados no hablan español, o porque sólo estuvieron en México cinco días, o porque no conocen el país, son irresponsables y superficiales en sus acusaciones. Lo que no pueden es cuestionar la realidad de la tragedia de derechos humanos que describen estos expertos. Pero no me crean a mí…
Vayamos a los datos oficiales:
Tan sólo en la administración de Peña Nieto, la cifra oficial de desaparecidos ha sufrido repuntes importantes en un periodo de tiempo relativamente corto, pasando de 22 mil 611 desaparecidos en agosto de 2014 a 25 mil 821 en marzo de 2015, lo cual nos hace concluir que para este trimestre del año la cifra debe ya de rebasar los 26 mil mexicanos, víctimas todos ellos, de desaparición forzada.
El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas ha calificado este hecho como una verdadera tragedia nacional. Con estas cifras –haciendo la matemática básica– se concluye que más de 40 por ciento de las denuncias se hicieron durante la actual presidencia y el resto en el sexenio de Felipe Calderón.
Eso no es todo, los datos oficiales del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que 72 por ciento de los desaparecidos son hombres, de los cuales 59 por ciento estaban en edad laboral y 25 por ciento de ellos eran menores de edad.
El vicepresidente de la CIDH, James Cavallaro, consideró que México vive una crisis generalizada de derechos humanos. Este comentario propició que los funcionarios de la Segob contraatacaran, argumentando que la delegación del organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OAS, por sus siglas en inglés) sólo visitó seis de las 32 entidades del país.
Otras declaraciones –caso de libro de texto de cómo defender lo indefendible– vinieron del subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Juan Manuel Gómez Robledo, quien consideró que los comentarios en el informe del relator especial de la ONU en Derechos Humanos, Juan Méndez, fueron “irresponsables y poco éticos”, cuando Méndez destacó que “la tortura es generalizada en México y que ocurre en un ambiente de impunidad”. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, defendió las declaraciones hechas por Gómez Robledo.
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se encuentra en México y dará declaraciones que seguramente no van a contradecir la posición de sus colegas o sobre todo lo que nos dicen los datos oficiales.
Un poco de humildad, reconocimiento de la realidad y voluntad política de empezar a resolver esta crisis humanitaria. Esto le dará credibilidad al gobierno, no atacando los mensajeros.
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