El operativo llevó a las autoridades a detener más o menos a 75 de los asistentes a la ceremonia, recogerles sus aparatos de comunicación, llámense teléfonos celulares, y liberarlos sólo si lograban acreditar que eran nomás invitados. Algo que no lograron hacer diez personas, entre ellas La Troca, que continúan detenidas.

Todo esto como parte de esa estrategia del gobierno federal para golpear a todas las células que forman La Familia michoacana y que tenía en Beraza a una de sus piezas clave.

Lo interesante es que, siendo éste un operativo exitoso, porque al menos no se les pelaron, y cuya ejecución responde a la exigencia de todos, hasta a la de los líderes religiosos que incluyen la situación del país en sus homilías, les dan hoy una justificación para mostrar esa doble moral que parece no estar apuntada en sus mandamientos, aunque sí en su práctica.

Y es que, a raíz de la irrupción de los agentes que realizaron el operativo dentro de la iglesia del Perpetuo Socorro en la localidad michoacana, un grupo de esos asistentes, que tuvieron que tirarse al piso cuando empezó el show policiaco, empezando por el sacerdote que oficiaba la misa, presentarán una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque, dicen, les fueron violados sus derechos, además de alusiones obvias a las “faltas de respeto” por agredir un recinto religiosos.

Tal vez aquí valga la pena recordarles, a los miembros de la Iglesia, que ellos también forman parte de la sociedad que le pide mano dura al gobierno federal en la lucha contra el narco. Tampoco se nos olvida que, por mucho tiempo, miembros de su gremio han ofrecido sus servicios en diversas ceremonias que tienen a miembros del narco como protagonistas. Bodas, bautizos, quinceaños y hasta sepelios, mismas de las que hay constancias en archivos fotográficos.

Menos aún se nos olvidan las narcolimosnas: precio que muchos líderes de algunos cárteles pagan por la misericordia que esperan recibir de su Dios y que les da el sacerdote que recibe el cheque. Pensando, claro, y hablando con la mejor de las intenciones, que ese dinero se va íntegro a la canasta de limosnas de la iglesia que lo recibe.

Con esa doble, triple y cuádruple moral, el sacerdote que vio violentada la ceremonia que oficiaba, ¿levantará un acta para pedir que la próxima vez que se realice un operativo, no sea dentro de su iglesia? ¿Será entonces que también los restauranteros o cualquier empresario donde sean detenidos los delincuentes, podrán pedir que, por favor, no se aprehenda a nadie dentro de sus negocios? ¿Será, pues, que esperan que, para no agredir a nadie, las detenciones se realicen en lugares públicos?

¿Será entonces que sus recintos son sagrados sólo cuando no hay dinero de por medio porque, de otro modo, toda ayuda es bien recibida o forma parte de su misión evangelizadora?

Tal vez aquí valga la pena recordarles, a los miembros de la Iglesia, que ellos también forman parte de la sociedad.