Calificadas por el propio Ministerio de Justicia como «casas de la muerte», la actual situación de las prisiones en la República Democrática del Congo camina en la última década entre el olvido y la infamia.

Esta semana, Naciones Unidas denunciaba que al menos 100 detenidos murieron en las cárceles del país africano el pasado año, buena parte de ellos, torturados.

«No puede permitirse que aquellos ciudadanos que sufren privación de la libertad mueran de hambre o malos tratos. Es la responsabilidad del Estado mantener a los prisioneros con vida y en buen estado de salud», reconocía Navi Pillay, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Sin embargo, en un conflicto de más de cinco millones de muertos en apenas 15 años, quizá ya nadie espere lo contrario. Porque hablar de ley o moral en la región de los Kivus, al este del país, resulta del todo complicado.

Ya en 2009, la organización denunciaba que la población carcelaria en el Estado excedía hasta en un 600 por ciento su capacidad operativa, mientras expresaba su preocupación por las graves deficiencias en infraestructuras y capacitación de los propios funcionarios de prisiones.

Ese mismo año, Dimitry Titov, el secretario adjunto de la ONU para el imperio de la ley y las instituciones de seguridad en el Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, visitaba la cárcel de Munzenze, en la ciudad de Goma.

El panorama ante sus ojos no podía ser más desolador: Pese a haber sido construido para servir de cobijo a 150 prisioneros, este centro de la provincia de Kivu Norte albergaba a más de 850 reos. Y de ellos, al menos 650 todavía estaban a la espera de juicio (el propio Titov llegó a calificar a esta cárcel como «la peor de África»).

De esta historia, hace ya más de tres años. Sin embargo, la situación no parece haber mejorado demasiado.

El pasado mes de noviembre, cerca de 1.170 presos escapaban de esta misma prisión durante la ofensiva rebelde capitaneada por el grupo M23 sobre la ciudad de Goma. La mayoría, testigos directos de esta superpoblación, todavía continúan gozando de su libertad en las calles.

«El sistema penitenciario tiene que ser reformado de forma urgente, ya que se encuentra colapsado», aseguraba recientemente a ABC Bertrand Bisimwa, representante del ala política de los rebeldes congoleños del M23, quien denuncia que en los centros de reclusión la malnutrición es generalizada y no se reúnen las mínimas condiciones sanitarias.

Ante tales palabras no resulta extraño, por tanto, que entre las principales demandas de la milicia - que el pasado mes de abril se levantaba en armas contra el Gobierno de Kinshasa- se encuentren la liberación de todos los presos políticos ante lo que consideran una infamia militar (en 2009, la Oficina Conjunta de Naciones Unidas para los Derechos Humanos estimaba en 200 el número de estos detenidos, aunque la cifra se ha incrementado en los últimos años).

«Estos centros son simplemente utilizados para purgar a los enemigos del Estado. En la mayor parte de prisiones del país ni siquiera hay separación de hombres, mujeres y niños; o entre civiles y militares», añadía Bisimwa.

Trato deficitario

Culpables o no, el trato recibido por los reos también ofrece graves deficiencias.

Para muestra, un simple botón histórico. El 21 de agosto de 2010, las fuerzas armadas congoleñas arrestaban a cinco personas, entre ellas dos menores de edad, sospechosos de haber participado en un ataque contra una base de los «cascos azules» en Kirumba, así como provocar la muerte de tres soldados.

Durante su detención, según denuncian diversas organizaciones humanitarias locales a este diario, los carceleros (presuntamente) infringieron entre 40 y 120 latigazos a cada uno de los reos, así como mutilaron sus miembros para obtener confesiones.

Solo un día después, los cinco presos eran trasladados ante el tribunal militar de Goma. Desde entonces, no se ha realizado ninguna investigación pública ni sancionado a militar alguno.

Es el silencio de las «casas de la muerte».