La creciente tendencia a criticar la política estadounidense sobre el narcotráfico no tiene nada que ver con ideología o una afinidad por las drogas. Se trata, más bien, de un reconocimiento de que la "guerra contra las drogas" no sólo no ha hecho nada para reducir el apetito de EE.UU. por las sustancias alucinógenas sino que además, sin quererlo, ha fortalecido las redes del crimen organizado. Estas bandas, que de manera agresiva apuntan a los niños como clientes y a empleados de bajos recursos en ambos lados de la frontera, están minando la economía y la calidad de vida en la región metropolitana binacional de El Paso-Juárez.

Como resultado, en los dos últimos años el consejo municipal de El Paso ha abogado más abiertamente por la necesidad de una alternativa a la política actual. Sin embargo, hasta el momento, ha sido rechazado por políticos en Washington, muchos de los cuales están aliados a intereses especiales —como la Administración de Drogas y Narcóticos (DEA, por su sigla en inglés)— que la guerra contra el narcotráfico ha engendrado.

En los 40 años trascurridos desde que el presidente Richard Nixon declarara la guerra contra los proveedores de drogas fuera de EE.UU. —porque los consumidores estadounidenses habían demostrado una y otra vez que no tenían la intención de reducir la demanda— el uso ilícito de estupefacientes en los países ricos ha permanecido bastante constante. Lo único que ha cambiado son las preferencias.

Un informe publicado en junio por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito encontró que "el uso de drogas se ha estabilizado en el mundo desarrollado". El uso de la cocaína en EE.UU. ha caído en décadas recientes, pero hay "un abuso creciente de estimulantes tipo anfetamina y medicamentos recetados alrededor del mundo". El documento también señaló que el "cannabis sigue siendo la droga predilecta del mundo". En otras palabras, los miles de millones de dólares gastados en el combate contra el narcotráfico nos han dejado tal y donde empezamos, excepto que, según un estudio, el cultivo interno de cannabis ahora es una de las principales fuentes de financiamiento para las bandas criminales.

Mientras tanto, Juárez se muere. Desde inicios del año, más de 2.200 personas han sido asesinadas en la ciudad. Desde 2008, la cifra es de casi 6.500. La cifra per cápita sería equivalente a unos 26.000 homicidios en la ciudad de Nueva York. Los defensores de la actual guerra contra las drogas le restan importancia a estos números y aseguran que cerca de 85% de los muertos son personas involucradas en el narcotráfico. Sin embargo, esa afirmación es dudosa ya que en muchas de las muertes, más de 90% de casos este año, no ha habido un arresto. ¿Y qué hay de los cientos de inocentes, el otro 15% de las víctimas, que el gobierno admite no eran criminales?

En vista de que el crimen organizado corrompe las instituciones, la impunidad también está en auge. Esto ha causado una epidemia de secuestros y extorsiones que ha obligado a empresarios e inversionistas a correr por sus vidas. Es por eso que la economía de la ciudad ha colapsado y el gobierno municipal está en la quiebra. Visité Juárez la semana pasada y observé los edificios vacantes y los puestos de tacos vacíos.

Beto O'Rourke, miembro del consejo municipal de El Paso, de 37 años y padre de tres hijos, me contó que antes de presenciar la matanza de sus vecinos y el declive económico de su ciudad, nunca le había dado mucha importancia a la guerra contra el narcotráfico. Pero en 2008, después de más de 1.660 homicidios, el consejo municipal sometió a votación una resolución condenando la violencia con una enmienda que él propuso "convocando a un diálogo abierto y honesto para poner fin a la prohibición en el país". La resolución fue aprobada por ocho votos contra cero, pero el alcalde la vetó. ¿Cuál era su razón? Le daría una mala imagen a la ciudad frente a Austin, la capital del estado, y Washington.

Cuando el consejo trató de invalidar el veto, O'Rourke dice que miembros del consejo recibieron llamadas del legislador demócrata Sylvester Reyes que "básicamente amenazaban (a la ciudad) con perder fondos federales si continuábamos con la resolución". La oficina de Reyes dice que sólo envió un mensaje en el que indicaba que en un momento en que el congresista intentaba obtener fondos para El Paso, la resolución "no ayudaba". La invalidación fue rechazada por dos votos.

En 2010, el consejo propuso otra resolución. O'Rourke me dijo que había sido "redactada de una manera más precisa e incluía un llamado a la regulación, control y gravamen de marihuana en EE.UU., dado que entre 50% y 60% de los ingresos de los carteles provienen de ventas de marihuana a consumidores estadounidenses. Estamos hablando de US$8.600 millones solamente en 2006 según la Oficina de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca".

El voto fue de 4-4 y el alcalde rompió el empate al votar en contra. O'Rourke dice que confía en que un número creciente de personas aquí puede darse cuenta de que la prohibición no está funcionando. Me cuenta que después de pronunciar discursos en Rotary Clubs y organizaciones civiles, muchas personas de distintos sectores se le acercan para decirle que están de acuerdo con él aunque no quieren admitirlo en público.

Tal vez sea hora de dejar de usar las calumnias personales y la fuerza del erario público para acallar está conversación.

Este artículo fue publicado originalmente en The Wall Street Journal (EE.UU.) el 12 de septiembre de 2010.