El acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) plantea una cuestión grave e inmediata que el Gobierno de Macri no ha respondido todavía: ¿cómo va a conseguir el equipo económico argentino reducir el déficit público en 19.300 millones de dólares durante los próximos tres años sin provocar un malestar social ya latente por las reticencias de los argentinos ante las recetas anteriores del Fondo? 
El ajuste fiscal es la principal contrapartida que ha aceptado el equipo económico de Macri a la inyección de una línea de crédito de 50.000 millones de dólares (42.000 millones de euros) a tipos de interés que van desde el 1,96% al 4,96%, según tramos.
 La primera condición para que el rescate tenga éxito es que Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda, explique con detalle las consecuencias de ese rescate, el más elevado de cuantos ha aprobado el FMI, para el bienestar argentino. No basta con decir que el país saldrá del paso con crecimiento un poco menor y una inflación un poco mayor. 

Y no es que el rescate no sea necesario. Las debilidades estructurales de la economía argentina (quizá la mayor sea un sistema tributario raquítico y exangüe) y una inflación desbocada (la más elevada de Latinoamérica, después de la de Venezuela) condujeron a una depreciación brutal de la moneda una vez que el dólar empezó a apreciarse y a tipos de interés del 40% como remedio desmedido para controlar la inestabilidad. 
Las contrapartidas sociales suenan bien en el papel, pero está por ver cuál será su efectividad en función de la prioridad del Gobierno (pagar el crédito o procurar que no aumente la pobreza).