Un clima de tensión se vivía el sábado en Juliaca, Puno, sudeste de Perú, cuya plaza principal era ocupada por cientos de manifestantes antimineros que protagonizaron actos de vandalismo tras desistir de tomar el aeropuerto, con incidentes que el viernes dejaron cinco muertos.
Las protestas se mantienen pese a la decisión del gobierno de acceder a las demandas de los manifestantes de suspender la actividad minera informal en el norte de Puno y de revocar el permiso otorgado a la compañía minera canadiense Bear Creek para explotar un yacimiento de plata en la frontera con Bolivia.
Los manifestantes, que se oponen a la contaminación minera, se concentraron pacíficamente al atardecer en la Plaza de Armas, en tanto que al mismo tiempo los comercios cerraban sus puertas en previsión de posibles saqueos y ataques a la propiedad privada.
En el aeropuerto de Juliaca, el principal de Puno y punto de acceso al turismo para el lago Titicaca, el más alto del mundo al estar a una altura sobre los 4,000 metros, se registró el saqueo de las luces de balizaje que guían el aterrizaje de los aviones en la pista.
Los manifestantes ocuparon durante algunas horas la pista e intentaron tomar por asalto la torre de control, resguardada por más de un centenar de fuerzas de seguridad, entre policías y militares
El viernes algunos manifestantes destrozaron instrumentos técnicos de navegación del aeropuerto, que según el gobierno costará unos $2 millones reemplazar.
El sitio de internet del diario Los Andes de Puno informó que ejército fue convocado para reforzar la protección de la torre de control del aeropuerto y que la policía amenazó a los manifestantes con usar bombas lacrimógenas si no se retiraban.
Mientras tanto, el presidente peruano Alan García se comprometió el sábado a garantizar una transición democrática pacífica al izquierdista Ollanta Humala en medio de las violentas protestas antimineras en Puno, fronterizo con Bolivia, que el viernes dejaron cinco muertos y más de 30 heridos.
“Hay objetivos más importantes, el primero de los cuales es garantizar una transición pacífica y el inicio sin problemas del gobierno (de Humala)”, dijo García a la prensa, al defender la revocación de la concesión a la minera canadiense Bear Creek, aprobada por el gobierno junto a otras normas con las que se busca poner fin a las protestas en Puno.
García denunció asimismo que hay “oscuros intereses políticos” detrás de las violentas protestas antimineras en la localidad de Puno, que buscan ganar una cuota de poder para presionar al gobierno entrante de Humala.
