En Honduras, al tiempo que sepultaba su nefasto pasado intervencionista, Estados Unidos dio cátedra de su incomparable habilidad como mediador al sentar las bases para que sean los propios hondureños quienes restauren la democracia y el orden constitucional en ese país.

En Colombia, se firmó un nuevo Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa (DCA), que reafirma el compromiso contraído por Bill Clinton y refrendado por George W. Bush, de brindar su apoyo incondicional a ese país en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional.

Lo más trascendente del acuerdo hondureño, estructurado por Tom Shannon, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, es que considera las complicadas realidades políticas que condujeron al golpe de ese país, y propone mecanismos políticos internos que permiten que los hondureños sean quienes resuelvan el conflicto que ellos mismos crearon, y que Hugo Chávez y sus prolongaciones mecánicas en La Habana, Quito y Managua tanto se esforzaron en magnificar.

La propuesta de Shannon reivindica el sensato trabajo mediador del presidente costarricense Oscar Arias, evidencia la lastimosa incapacidad de la OEA y le ofrece una salida más o menos decorosa a la pifia de la diplomacia brasileña que irresponsablemente empañó su reputación al consentir que desde su embajada en Tegucigalpa Manuel Zelaya rompiera con todas las reglas del asilo político.

En Colombia, contrario a las estridencias propagadas por Chávez y sus secuaces, el acuerdo militar con Estados Unidos no contempla la construcción de ninguna base norteamericana en territorio colombiano, ``ni indica, anticipa o autoriza un aumento de la presencia de personal militar o civil de Estados Unidos en Colombia más allá de los límites establecidos en el Plan Colombia''. En octubre de 2004, el Congreso de EEUU autorizó el despliegue permanente o transitorio de hasta 800 efectivos militares y hasta 600 contratistas civiles estadounidenses. Según el nuevo acuerdo, ese máximo no se rebasará. Curiosamente, en los últimos años la presencia estadounidense ha sido, en promedio, la mitad o menos del número autorizado.

El acuerdo facilita el acceso de EEUU a bases de la fuerza aérea colombiana, que continuarán bajo control colombiano, y servirá, en parte, para no interrumpir el trabajo de rastreo aéreo del narcotráfico continental que se hacía desde la base de Manta en Ecuador que Rafael Correa ordenara cerrar en septiembre.

En más de un sentido, los triunfos de la política norteamericana en Honduras y Colombia le dan dos duros golpes al averiado prestigio de Chávez y desmienten algunas de sus patrañas. No todas. Si como dijo el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, refiriéndose al tema de las bases militares norteamericanas en la región, lo importante es transparentar los acuerdos, la misma regla debería aplicarse a los acuerdos militares de Venezuela, Brasil y otros países latinoamericanos con Francia, Rusia y otros países que comercian con armas.

Que se transparenten también, como pidió el presidente Alvaro Uribe en la reunión de UNASUR en Bariloche, en agosto, ``las denuncias nuestras sobre tráfico de armas y, también, las denuncias nuestras sobre ubicación de campamentos de grupos terroristas de Colombia en otros países y sobre la permanencia de estos terroristas condenados en Colombia por asesinatos --con todos los agravantes-- en otros países''.

l propósito último de la política estadounidense hacia América Latina es reforzar la seguridad y mantener la estabilidad de la región, pero está consciente de los vínculos de Chávez con las FARC y otros grupos terroristas como Hezbolá y Hamas y de la amenaza que estos podrían representar para la seguridad de Colombia e inclusive del propio Estados Unidos. Y esto implica no perder de vista al trasnochado caudillo de Venezuela y a sus peligrosas amistades.