Como ejemplo de lo segundo yo pondría las declaraciones que el jefe de la policía de la ciudad de Los Angeles, Charlie Beck, hizo la semana pasada, y que reafirman mi esperanza de que algún día, ojalá no muy lejano, el país recuperará la razón y la brújula moral al hablar sobre este tema.

Lo que el jefe Beck dijo en una entrevista publicada en el diario Los Angeles Times fue que a su juicio, los inmigrantes ilegales deberían poder sacar una licencia para conducir automóviles porque, “en realidad, todo lo que el estado de California ha hecho en los últimos 14 o 16 años no ha reducido ni una iota el número de indocumentados que conducen sin licencia”.

En cambio, explicó Beck, si se les permitiera a los indocumentados solicitarla, tendrían que pasar por un riguroso examen de manejo y aprenderse las leyes de tránsito. Así es, dijo Beck, como mejoraría considerablemente la seguridad en las carreteras de California, la policía contaría con una fuente de datos confiable para identificar a los conductores. “¿Por qué oponerse a que la gente tenga que someterse a un proceso riguroso de pruebas? ¿Por qué oponerse a contar con un sistema para identificar mejor a las personas que viven aquí?”, preguntó Beck retóricamente.

De inmediato, las declaraciones de Beck animaron al Procurador de Justicia de la Ciudad, Carmen Trutanich, a solidarizarse con él reafirmando que el asunto debería ser entendido como “una cuestión de seguridad pública.” Y al día siguiente, fue el sheriff del Condado de Los Angeles, Lee Baca, quien se sumó al dúo añadiendo que él apoyaría la idea de que se les permitiera solicitar la licencia a los indocumentados “que llevan años viviendo acá y que nunca han cometido ningún delito”, a más de algunas otras condicionantes.

Vale aclarar que esta no es la primera vez que las autoridades policíacas abogan por inyectarle racionalidad al tema. También William J. Bratton, quien fuera jefe de la policía de Los Angeles y de la de Nueva York, abogó en su momento por revertir la absurda situación en la que se encuentra California desde que Arnold Schwarzenegger asumió la gobernación del estado.

Y mientras esto sucede en California, en Nuevo México, uno de dos estados en los que los indocumentados sí pueden solicitar licencia de conductor, el vocero de la recién electa gobernadora, la republicana Susana Martínez, se atreve a decir que la medida aprobada por el ex gobernador, el demócrata Bill Richardson, “induce al fraude, al tráfico de personas, al crimen organizado y pone en riesgo la seguridad nacional”.

Sé muy bien que en lo que queda del año no hay posibilidad de que se apruebe una reforma migratoria integral realista. También sé que si cualquiera de los candidatos republicanos llegara a ganar la presidencia, aumentaría exponencialmente el calvario de la comunidad latina de piel morena, no solamente el de los indocumentados.

Lo que no sé es qué pasaría si Barack Obama logra reelegirse con el apoyo de los latinos en algunos estados claves como sucedió en 2008, porque ya una vez faltó a su palabra. Sin embargo, en el ámbito federal, la única esperanza que tenemos los latinos es que Obama gane la elección y finalmente cumpla lo prometido invirtiendo parte de su capital político para lograr que el Congreso apruebe, al menos, pequeños proyectos de ley como el Dream Act. También debemos pugnar porque en los estados donde menos peso tienen los republicanos, como en California, se aprueben leyes como la de las licencias para conducir, que por lo menos mitigarían en parte la angustia en la que viven millones de personas que vinieron a trabajar a este país, no a poner bombas ni a estrellar aviones contra edificios.