Dada la naturaleza ultrasecreta del programa solo un reducido círculo cercano al presidente en turno sabe quién elabora y aprueba la lista de los condenados a muerte y quién ordena los ataques. Una circunstancia que contradice los principios de transparencia que deben regir en un sistema democrático

A principios de febrero, durante las audiencias del comité de inteligencia del Senado para confirmar la nominación de John Brennan como director de la Agencia Central de Inteligencia, resucitaron los debates sobre el uso de los controvertidos drones en la guerra contra el terrorismo.

El debate dentro del comité del Senado ha girado en torno a la justificación legal del uso de drones en contra de un ciudadano estadounidense al que se le niega en la práctica su derecho constitucional al debido proceso que determinaría su inocencia o su culpabilidad. En particular se discute la posible participación de un panel de jueces que sancionaría la legalidad de una decisión presidencial cuando el condenado a muerte es un ciudadano estadounidense.

Brennan, quien ha trabajado para la CIA por más de un cuarto de siglo, fue asesor presidencial de Bill Clinton y director de operaciones antiterroristas en la Casa Blanca de George W. Bush y ahora de Obama, forma parte del equipo que dirige el programa de drones y debe de haber participado en la decisión de atacar a Anwar Awlaki, militante de Al Qaida y principal sospechoso de haber dirigido por lo menos cuatro ataques contra Estados Unidos, y quien fue asesinado con un misil montado en un drone en 2011.
Fuera del Congreso hay un segundo debate en el que participan organizaciones defensoras de los derechos humanos, medios de comunicación, iglesias y expertos en temas constitucionales que han venido solicitando información a la Casa Blanca sobre el programa de drones y gestionando un debate más amplio que permita determinar su utilidad como política pública, la posible violación a los derechos humanos que su uso presenta, su sustento constitucional y legal en términos de derecho internacional así como su moralidad.

El asunto se complica todavía más porque la postura de los dirigentes de algunos de los países donde han sido usados los drones es sumamente ambigua. En Pakistán, por ejemplo, los misiles han descabezado a organizaciones terroristas como Al Qaida que pelean contra el gobierno. Lo mismo ha sucedido en Afganistán, donde han sido utilizados para matar a altos mandos talibanes y también en Yemen.

Obama ha admitido que la tentación de poder resolver algunos de los complejos problemas de seguridad nacional sin tener que “ensuciarse las manos” es muy fuerte pero ni Obama ni Bush han admitido haber ordenado asesinatos con drones. Ambos han dicho que el país está en guerra contra Al Qaida y sus aliados y que por tanto el Presidente tiene todo el derecho a defender a la patria atacando a sus enemigos dondequiera que se encuentren. Más aún, los abogados del programa argumentan que los ataques con drones dan justo en el blanco y su impacto colateral es mínimo.

Sin embargo, un estudio preparado por la Universidad de Stanford y la Universidad de Nueva York contradice el optimismo oficial, argumentando que el número de dirigentes de alto nivel asesinados es extremadamente bajo, un 2%, que el daño a la población civil es enorme y que el programa facilita el reclutamiento de civiles a los grupos armados que quieren vengarse de Estados Unidos.

Entiendo la tentación presidencial de encontrar un programa efectivo de ataque al enemigo en esta guerra en la que no hay un campo de batalla definido, ni uniformes y banderas que distingan los bandos, ni gobiernos establecidos con quienes se pueda negociar el fin al combate. Pero comparto muchas de las dudas que deja un programa en el que el Presidente escoge, juzga y ejecuta al “enemigo” en la soledad de un salón de guerra en la Casa Blanca sin tener que probar ante un tribunal que ese individuo, de cualquier nacionalidad, representa un peligro inminente a la seguridad nacional. Sobre todo, repruebo enérgicamente los bombardeos en contra de la población civil.