En el informe hay 5 propuestas de cooperación bilateral en temas como el lavado de dinero, la expeditación de los fondos del Plan Mérida, una mayor oferta de capacitación judicial, incrementos en la inspección de vehículos en tránsito al sur y legislación para incrementar las opciones persecutorias del FBI para combatir la extorsión telefónica a residentes en Estados Unidos cuyos familiares son secuestrados en México.

En términos generales, ninguna de las cinco propuestas es trascendental. En el tema del lavado de dinero, un negocio cuyo valor se calcula entre 18 y 39 mil millones de dólares anuales, lo que el informe propone es determinar la dimensión del negocio que utiliza tecnologías del siglo XXI. Concretamente, saber a cuánto ascienden los envíos con tarjetas prepagadas y sujetarlos a controles como los que rigen en cualquier otra transacción internacional.

Es una lástima que en este informe no se hayan incluido secciones de otro informe que la senadora Diane Feinstein presentó en enero, y en el que exhortaba al presidente Obama a prohibir la importación de armas de asalto de tipo militar a México. “ De las armas de fuego que el gobierno mexicano ha recuperado y ha podido comprobar su origen con la asistencia de la ATF en los últimos 4 años, más de 50 mil fueron manufacturadas o importadas a Estados Unidos antes de ser decomisadas en México”, dice el informe.

También es lamentable que no se incluyeran testimonios de la audiencia que días antes este mismo comité del Senado escuchó sobre el narcotráfico en América Central. Por ejemplo, que “conforme arrecia el combate del gobierno mexicano contra los narcos, estos se han ido desplazando hacia Centroamérica”. Según el testimonio del Comandante en jefe del Comando Sur, “fuera de las zonas de guerra, el triángulo norte de Guatemala, El Salvador y Honduras es hoy el área más mortífera del mundo”.

Destaco, sin embargo, dos rasgos alentadores del último informe de los senadores, su carácter bipartidista y el reconocimiento de que para avanzar en la lucha contra la drogadicción y el narcotráfico es indispensable que todos los países involucrados en el problema acepten abiertamente y con honestidad que la responsabilidad debe ser compartida. Mientras en Estados Unidos no se reduzca la demanda por las drogas y no se controle el tráfico ilegal de armas y dinero hacia el sur, ni México ni los países centro y sudamericanos, con sus débiles instituciones y escasos recursos, podrán resolver ni a corto ni a mediano plazo los problemas que el narcotráfico les causa.

Peor aún, yo no sé si al largo plazo se podrá erradicar la violencia asociada al crimen organizado internacional pero rechazo las soluciones “facilistas” de quienes proclaman que la ruta a la solución empieza con la legalización de las drogas. También creo que proponer que en México se retire al ejército del combate al narco sin contar con una policía especializada y competente como la colombiana sería suicida. “Aparecer tan débiles frente al crimen”, ha dicho el presidente colombiano César Gaviria, “facilita la descalificación del Estado”.

Pero concuerdo con quienes abogan por un debate para analizar y replantear los términos de la estrategia fijada en la década de los 60 para lidiar con un complejo problema que incluye aspectos tan diversos como adicción, prevención, tratamiento, desarrollo alternativo de sustancias, implicaciones sanitarias, costos, estrategias de interdicción y controles de las drogas. Así mismo, estoy convencido de que mientras no haya voluntad de cambio en Estados Unidos nada cambiará en el resto del mundo y que por el momento eso no es viable.

Por lo pronto, creo que encarar el problema desde una posición unificada y asumiendo la responsabilidad compartida como lo ha hecho este grupo de senadores estadounidenses es un paso modesto pero que nos lleva a todos en la dirección correcta y responsable.