Agobiados por las actividades criminales de los Zetas, la gente solicitó la ayuda de la organización criminal local llamada La Familia Michoacana para combatirles. La tarjeta de presentación de la Familia fue arrojar a una pista de baile seis cabezas decapitadas de miembros del Cartel de los Zetas. La Familia fue haciéndose popular entre la gente al tiempo que reservaba amenazas, golpizas, secuestros y torturas a aquellos que se atrevían a poner en duda su autoridad. De ella surgió la Orden de los Templarios que construyó una red de empresas que controlaban casi todas las actividades productivas del estado lícitas e ilícitas apoderándose del puerto de Lázaro Cárdenas para traficar precursores químicos de China, cocaína de Colombia y Perú, CD, DVD y ropa de marca manufacturados por organizaciones piratas.

Los Templarios controlaban el sistema político del estado constituyéndose en la única autoridad indiscutible, una autoridad que les facultaba para raptar y violar a cuantas mujeres quisieran.

Que esto sucediera en el estado mexicano donde nació el ex presidente Felipe Calderón y en donde inició la guerra contra el narcotráfico que marcaría su sexenio no solo evidencia su enorme fracaso sino que sienta un precedente peligrosísimo en un país donde el respeto al estado de derecho no es una costumbre profundamente arraigada.

El éxito de las autodefensas en Michoacán ha creado secuelas. Ya hay autodefensas en por lo menos ocho estados de la república porque la ciudadanía es cada día menos complaciente con los atropellos de los criminales y con las autoridades. En Acapulco, las viudas y madres de víctimas de la violencia criminal han formado ya grupos de autodefensas. Lo mismo sucede entre los pueblos indígenas del estado de Guerrero donde hace un año que existen autodefensas.

Así las cosas, a nadie debe sorprender que las encuestas de opinión muestren que la mayoría de los mexicanos considere que las autodefensas defienden mejor a sus comunidades que las autoridades y que un porcentaje mucho mayor apruebe que las comunidades formen su propia policía. Según la Encuesta Nacional de Victimización del 2013, en México se registran 105 mil secuestros al año, al menos uno de cada diez mexicanos es extorsionado por algún grupo criminal y el 96% de los crímenes quedan impunes.

La tentación de comparar los problemas actuales de México con los que vivió Colombia sobre todo en los años 80 es irresistible. En Colombia hubo un proceso en cierto sentido similar cuando cansados de las extorsiones de los guerrilleros de las FARC, del FLN y de los narcotraficantes, los colombianos ricos decidieron contratar ejércitos privados para protegerse. Ejércitos que en muchas instancias vendrían a ocupar el lugar de los sicarios del narcotráfico y la guerrilla. Por otro lado, como explica el investigador y profesor colombiano Carlos Medina Gallego en una entrevista con la BBC, si bien hay algunas similitudes, también hay diferencias. En ambos países hubo “una alianza entre campesinos, hacendados, comerciantes, gentes de bien, funcionarios, promoviendo grupos de autodefensa en connivencia —reconocida o no— con la fuerza pública con una gran diferencia: en Colombia surgieron como fuerza contrainsurgente” mientras que en Michoacán las autodefensas se opusieron a una organización criminal.

Cualquiera que sea el caso, yo creo que legitimar a las autodefensas es un grave error por más que justifiquemos su existencia en la incapacidad del estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Su propio éxito deshaciéndose de los criminales estimula la creación de otros grupos armados que no necesariamente lucharán por el bien público. Peor aún, en vez de que el país muestre un fortalecimiento de sus instituciones las autodefensas evidencian que en México ni se respeta ni se hace respetar el estado de derecho.