Al igual que sucedió cuando George W. Bush estuvo en el poder, Barack Obama lleva años anunciando su intención de reformar integralmente el desastroso sistema migratorio nacional sin obtener resultados positivos.
Otra coincidencia entre ambos presidentes es que tanto Bush como Obama se han
topado con los mismos obstáculos en su frustrado empeño por lograr la aprobación
de la reforma migratoria integral: los republicanos en el Congreso y sus cajas
de resonancia en los medios de comunicación ultraderechistas.
Como Bush, Obama ha gastado millonarios recursos reforzando la frontera sur
siguiendo una estrategia que equivocadamente liga el concepto de seguridad
nacional al fenómeno migratorio y que en una de sus vertientes más siniestras ha
propiciado la deportación masiva e injustificada de miles de personas.
En su intento por paliar la situación, varias organizaciones defensoras de
los migrantes le han pedido al presidente Obama que ordene la suspensión del
programa llamado “Comunidades Seguras”, que aunque ha servido para deportar a
miles de criminales, su aplicación indiscriminada ha propiciado la deportación
masiva de personas indocumentadas que no eran malhechores. Tan sólo en el
Condado de Los Ángeles, la mitad de las 11 mil personas deportadas en casi dos
años no había cometido delitos. También le han solicitado que valiéndose de sus
atribuciones presidenciales proteja de una posible deportación a los jóvenes que
lejos de ser criminales cursan o han cursado una carrera universitaria en
Estados Unidos y podrían beneficiarse de la Ley Sueño o Dream Act que recién ha
sido reintroducida en el Congreso.
Hasta ahora, Obama se ha negado a imponer la opción del alivio masivo,
“seguramente porque sus asesores le han hecho notar que esta opción está llena
de riesgos. Si lo hiciera, sus detractores podrían acusarle de intentar pasar
por alto al Congreso declarando una amnistía parcial”, me dice Doris Meissner,
quien fuera comisionada de Inmigración durante la presidencia de Bill Clinton.
Sin embargo, según el abogado Thomas Sáenz, presidente de MALDEF, una
organización defensora de los inmigrantes, “además de la opción del alivio
administrativo masivo a los jóvenes que serían beneficiados por el Dream Act, el
Presidente tiene otra opción, ordenar la elaboración y distribución de nuevas
guías en el proceso de acción diferida caso a caso asegurándose de que los
jóvenes que podrían beneficiarse con el Dream Act queden protegidos”.
Desde mi perspectiva, y tomando en consideración que cualquiera de las dos
opciones conlleva riesgos políticos, a Obama no le queda otra alternativa que
tomar el toro por los cuernos y actuar con firmeza en favor de los inmigrantes.
Primero, porque es lo justo y luego porque Obama pertenece a ese grupo de
estadounidenses que creen que la tolerancia, la compasión y la generosidad son
valores definitorios de la identidad nacional.
Pero hay además otra razón de peso para que el Presidente proceda con
audacia. Si a final de cuentas toda decisión presidencial se mide en función de
sus riesgos políticos habría que recordarle el riesgo que asumió al liderar la
batalla por la reforma sanitaria. También, que fue arriesgado sugerir que la paz
en el Medio Oriente requiere de una negociación territorial entre Israel y el
pueblo palestino en la víspera de su reunión con el Primer Ministro israelí.
En la elección de 2008, el 67% de los hispanos y el 78% de los judíos votaron
por Obama. Más aún, Obama sabe que con vistas a la elección de 2012 es
imprescindible contar con el apoyo financiero de la comunidad judía, y a pesar
de esto no le tembló la voz para decirle a Benjamín Netanyahu lo que ni este ni
muchos otros judíos conservadores querían oír durante su reciente visita a la
Casa Blanca.
Exigirle al Presidente que arriesgue un poco de su capital político para
beneficiar a los jóvenes hispanos no es mucho pedir, sería apenas un anticipo de
la enorme deuda que Obama tiene con los hispanos, y serviría también para
recordarle que en 2012 los hispanos conformarán el 10% del voto
nacional.
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