Kirchner mencionó que “los miembros del Consejo de la Magistratura, con todos los asesores que tienen, que eso es lo que también están peleando, nos cuesta por mes a los argentinos 70 mil pesos” .

En buena hora el presidente muestra su preocupación por uno de los tantos costos superfluos que debemos pagar los argentinos.

Los “asesores” son una suerte de casta social que trasciende todo cambio político desde hace décadas. Es inexplicable que un estado tan “asesorado” haya tenido el pobre desempeño que muestran los gobiernos argentinos desde que se inventó el cargo de asesor.

En eso Kirchner tiene razón.

Las declaraciones de Kirchner en su encendida defensa del proyecto por el cual la facultad de nombrar y destituir jueces estará (de hecho) bajo la órbita política oficial, son sin quererlo, un punto de partida al tema mas importante de política económica. El respeto por el dinero de los contribuyentes.

Asumir que en un sector del estado se malgastan 70.000 pesos mensuales es un gran avance para un gobierno que tras dos años de gestión y ríos de tinta gastados en discursos jamás mencionó una palabra sobre como se despilfarran los impuestos que paga la gente.

Además de los 70.000 pesos que identificó Kirchner hay otros rubros donde podría pasarse la tijera de la honestidad y la justicia, por citar solo unos ejemplos mas que elocuentes:

• Felipe Solá (ahijado político de esta administración) gobierna una provincia con 438.000 empleados. Desde 1995 la dotación de personal crece a un ritmo de 11.800 empleados por año, lo que equivale a casi 1000 por mes. Aún así, todas las dependencias públicas de Buenos Aires justifican su ineficiencia con la misma frase: “acá falta gente”.

• Aníbal Ibarra (otro cobijado político) conduce una ciudad que tiene 120.000 empleados públicos en sus 13.000 manzanas. Es decir que hay nueve empleados públicos por manzana lo que equivale a dos por cuadra!!. (Cuatro si consideramos los de la vereda de enfrente!!!) ¿Puede justificar sus errores en falta de personal?

• Cabe mencionar también provincias como Santa Cruz que tiene 83 empleados públicos cada 1000 habitantes, Catamarca (81), La Rioja (77), Tierra del Fuego (75). Es decir que en estas provincias hay un  empleado público cada doce personas contando ancianos, jubilados y niños. O lo que es lo mismo, una de cada cinco personas que trabajan o buscan empleo es un empleado público.¿Podemos afirmar con honestidad que no se están dilapidando los recursos de la gente?

• El Congreso Nacional cuenta con una dotación de 10.035 personas que son mas que las 8000 empleados que tiene el Parlamento Europeo donde se traduce todos los documentos, leyes e informes a los 23 idiomas oficiales y además se sesiona a diario.

• El poco explicado manejo de los 4.168 millones de pesos anuales que administran los dieciséis fondos fiduciarios que son una suerte de nuevo intervensionismo estatal, tan costoso como el anterior, pero con menos exposición pública.

Los 93.700 millones de pesos que presupuestó la Administración Nacional para 2006, sin duda merecen una revisión. Además de los asesores que cuestan “70 mil pesos” (que sabiamente identificó el presidente) habría que preguntarse ¿cuantos ñoquis hay en los 252.000 cargos que tiene la Administración?

El hecho que haya superávit y un auténtico festival fiscal no justifica el derroche. Este gobierno está en inmejorable posición para poner un manto de justicia y corregir el enorme gasto público que cae sobre las espaldas de la gente.

Jamás la Argentina tuvo ni posiblemente tendrá este viento de cola que le permitiría hacer un estado en serio, con menos  sobreempleo público, sin funciones superpuestas,  cargos superfluos, burocracia inútil y asfixiante. Para solucionar los problemas de seguridad, salud y educación es necesario reducir la carga tributaria y la atrofia del estado.