En este contexto, el principal escollo al que se enfrenta España es obtener los recursos financieros precisos para cubrir la fase de transición que va desde la implantación del programa de consolidación fiscal y de reformas estructurales hasta la vuelta del crecimiento. Si el acceso a los mercados sigue cerrado y no se reabre la ventanilla de liquidez del Banco Central Europeo (BCE), la situación se volverá crítica y la hipótesis de una intervención tendrá serias posibilidades de materializarse.

La caída de la demanda interna, la austeridad presupuestaria y el dinamismo de las exportaciones reducirán de manera sustancial el déficit de la balanza por cuenta corriente en 2012 y permitirán lograr un moderado superávit en 2013. Ahora bien, la vulnerabilidad de la economía española se refleja en su Posición Inversora Internacional Neta, esto es, la diferencia entre lo debido a España en el exterior y lo que ésta adeuda al resto del mundo. A finales de 2011, el endeudamiento externo ascendió a unos 995.000 millones de euros, algo menos del 100% del PIB. Desde esta perspectiva, la economía nacional no tendría dificultades para cubrir su déficit corriente, pero sí para hacer frente a los vencimientos de la deuda exterior acumulada, si no logra obtener los fondos suficientes para ello.

Ese escenario se agrava si se tiene en cuenta que España se mantendrá en recesión en 2012 y, con grandes probabilidades, en 2013. Esto significa que no generará ingresos para hacer frente a sus obligaciones sin financiación internacional. En la coyuntura actual es impensable que esos fondos procedan del sector privado en el corto plazo y, con la finalización del programa de asistencia (LTRO) del Banco Central Europeo, España se queda sin el único instrumento que le proporcionaba liquidez. En 2011, el BCE nos suministró 140.000 millones de euros y, en 2012, la apelación al instituto emisor europeo habría ascendido a 150.000 millones de euros. Este corte de la liquidez dificulta de manera extraordinaria el éxito del plan de estabilización presupuestaria y de ajuste estructural del gobierno Rajoy.

Las uniones monetarias no pueden funcionar, ni nunca han funcionado, si la banca central no actúa como prestamista de última instancia en casos de riesgo sistémico. El caso en favor de esa actuación es, además, incuestionable cuando uno, varios o todos los integrantes del área monetaria común ponen en marcha las medidas para corregir sus desequilibrios. En este caso no existe peligro de incurrir en una situación de riesgo moral, es decir, de recurrir al banco central para mantener malas políticas económicas. Obviamente, éste no es el caso de España. Sin embargo, la austeridad presupuestaria, el saneamiento y reestructuración del sistema banca-cajas y la reforma laboral son condiciones necesarias para salir de la crisis, pero no suficientes si la economía española se asfixia por falta de liquidez.

Desde esta perspectiva, las dificultades externas de España son una manifestación de la puesta en cuestión por parte de los mercados de la viabilidad de la Eurozona, el convencimiento de que, si el BCE no está dispuesto a operar como cortafuegos en escenarios como el actual, el euro terminará saltando en pedazos. Sin la acción de la Reserva Federal (Fed) y del Banco de Inglaterra, la crisis financiera en EE.UU. y en el Reino Unido habría desembocado en una depresión. El BCE-Alemania está cometiendo los mismos errores de la Fed en la América de los años 30 del siglo pasado, con un elemento añadido: su comportamiento ha sido absolutamente asimétrico. Inyectó liquidez en cantidades masivas en el primer quinquenio del euro para ayudar a que Alemania digiriese los costes de la Reunificación, lo que provocó burbujas insostenibles en la periferia y ahora rechaza hacerlo para los Estados de la Unión Monetaria que están acometiendo programas de ajuste para corregir situaciones creadas, en buena parte, por su estrategia previa.

Sin un cambio en la política del BCE-Alemania, España está abocada a ser intervenida. Con independencia del coste financiero de esta iniciativa para rescatar a una economía del tamaño de la española, las consecuencias serían nefastas. Por un lado, se transmitiría a los mercados la idea de que se trata de igual modo a quienes son rigurosos que a quienes no lo son, alimentando movimientos especulativos contra cualquier Estado miembro. Por otro, la experiencia muestra, léase Portugal, que las intervenciones, tal como han sido practicadas por la troika hasta el momento, hunden a las economías en una espiral depresiva que fuerza a nuevas intervenciones para evitar su bancarrota. En ambos supuestos, la falla estriba en la negativa del BCE a actuar como prestamista de última instancia para los países que hacen los deberes.

Dicho esto, España no es del todo inocente. El gobierno Rajoy ha cometido un error de bulto, la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del Impuesto de Sociedades y de la fiscalidad sobre las rentas del capital, cuya incidencia depresiva sobre el crecimiento económico y, por tanto, sobre la recaudación es indiscutible, sobre todo, en una recesión. Lo adecuado habría sido recortar simultáneamente gastos e impuestos directos. De este modo, se habría facilitado y anticipado la recuperación. En todo caso, la política reformista del gabinete no ha terminado y ha de ser intensificada. Queda pendiente la liberalización del sector servicios, de la distribución comercial, de las profesiones, la privatización o el cierre del voluminoso sector público empresarial, etcétera.

La cuestión es si el gobierno tendrá tiempo para que su programa surta efecto y ello dependerá de si la economía española tiene acceso a la financiación. En este contexto, no hay que esperar nada o poco de los mercados, cuyas incertidumbres, con mucha suerte, sólo comenzarán a despejarse en el medio plazo. Europa tiene la palabra y España ha de jugar fuerte, porque una intervención sería inaceptable políticamente e injusta económicamente.