Estas medidas son: acudir a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas y a la Corte Penal Internacional, donde incorporarán este caso a la larga lista de crímenes ya registrados contra el régimen de Nicolás Maduro.

Miguel Otero explicó en la conferencia cómo el intento de cierre de su periódico no es algo nuevo, sino que comenzó con "el corte en el suministro de papel, compensado durante mucho tiempo con la generosidad de otros periódicos de América Latina con su envío de papel. Pero eso, a la larga, era insostenible, por eso vamos a seguir sólo como página web que el chavismo no va a conseguir silenciar".

El último ariete del chavismo contra El Nacional vino en forma de "caso de difamación". El diario venezolano se hizo eco, igual que otros 80 grandes periódicos, de una noticia publicada en ABC sobre el proceso que la DEA, la agencia antidroga de EEUU, seguía contra Diosdado Cabello, número 2 de la revolución. A pesar de que la noticia era verídica, el régimen denunció al diario de Otero y la justicia chavista condenó a la empresa editora a pagar 13 millones de dólares a Cabello "para restituir su honor". "La respuesta de la dictadura venezolana ha sido tomar militarmente el edificio de El Nacional, cosa que sucedió hace 15 días en lo que supone el último ataque contra el periodismo independiente y una violación del derecho contra la libertad de expresión. Ahora la redacción está tomada por la Guardia Nacional", afirma Otero.

"Van a por nuestros bienes materiales. El edificio vale unos 40 millones de dólares. Es una expropiación ilegal y encubierta", asegura Otero. Javier Cremades, presidente del bufete, afirma que "defender El Nacional es defender la democracia en Venezuela. Por eso tenemos que recurrir a instancias internacionales. Es una lucha del bien sobre el mal".

Para Javier Cremades, "no hay ninguna opción para El Nacional en la justicia venezolana porque ya no respeta ningún derecho. Los límites del Estado ya no existen en Venezuela". Otero apuntó además que sus tres hijos permanecen en el país. "Su algo les sucediera por el hostigamiento del régimen, hago directamente responsable a Diosdado Cabello". Otero reveló que es práctica habitual del chavismo reprimir a los abogados que defienden estos casos, así como el saqueo de sus oficinas. "Mi hija tiene una oficina de alquiler en el mismo edificio que El Nacional, pero su actividad no tiene nada que ver. Les dio igual, la saquearon también", cuenta Otero. Vicente Martín, socio de la firma de abogados, insistió en que el caso de El Nacional, en la larga lista de persecución a medios de comunicación independientes por parte del chavismo, es paradigmático: "Un poder autocrático y militar que somete a las instituciones venezolanas. Me pregunto hasta dónde puede llegar la indignidad de los tribunales venezolanos", dijo Martín. "Es el ejercicio de la justicia en pos de una soberana injusticia".